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Mercado Legal

Regulación de la abogacía debería equipararse a cualquier otra industria

Al mezclar la práctica profesional con la entrega de los servicios, se produciría un impacto negativo que perjudica a consumidores de servicios legales y a la sociedad toda, con acceso y atención que nunca se llega a recibir.

3 Abril, 2018 Comparte en:
regulación de la abogacíaGerd Altmann

Mark A. Cohen, columnista de Forbes.com, escribe usualmente sobre los cambios en el mercado legal a nivel global. Para él, Derecho es una profesión, pero también es una industria. Y esta dicotomía debe reflejarse en normativas especiales dirigidas a cada una.

“Permitan a los abogados regular el ejercicio profesional y a los profesionales independientes dedicados al negocio, déjenles la industria”, dijo en su columna de opinión titulada “Law Is a Profession and an Industry – It Should Be Regulated That Way“. “La mezcla de ambas es un detrimento a la profesión, a la industria y a la sociedad”, añadió.

Y este camino no sería muy distinto del que han recorrido otras ramas del conocimiento, como la medicina, en donde las pequeñas consultas han cedido el paso a los gigantes de la industria de la salud.

Regulación de la abogacía como profesión legal

De acuerdo a Cohen, la profesión legal se refiere a la formación de los abogados, su permiso para ejercer, sus responsabilidades éticas, sus obligaciones para con sus clientes y materias similares.

“Los abogados también son parte del contrato social mediante el cual representan a la sociedad, defendiendo el Estado de Derecho”, dice, y agrega que la “práctica legal” no es lo mismo que el “expertise legal”, entendido como experiencia, criterio y habilidades que no todos los abogados poseen.

De este modo, normativa que regule la profesión debería asegurar el sometimiento a estándares éticos, como garantía de protección a clientes individuales, pero también a la sociedad toda.

La “industria”, en cambio, describiría la entrega de servicios legales que mueven miles de millones de dólares, que se caracterizan por ser interdisciplinarios y que son desarrollados con la ayuda de tecnología.

El negocio del Derecho implica usar procesos y tecnología para identificar y automatizar tareas repetitivas, continúa el autor. La idea sería hacer de funciones rutinarias un “producto” desarrollado a escala de manera eficiente, que promueva la transparencia, con ciclos productivos comprimidos, que sean capaces de proveer al “consumidor legal” más por menos, con parámetros de riesgo razonables.

Los objetivos de la regulación de la industria, prosigue Cohen, deberían ser promover la competencia, incentivar la innovación y permitir la creación de modelos que mejoren tanto el acceso como la entrega de los servicios contratados.

Cambio tras cambio

En su artículo, Mark Cohen da cuenta del importantísimo papel que está jugando la tecnología al modificar la manera en que se prestan los servicios jurídicos: “Las máquinas no están reemplazando a los abogados, pero la tecnología está poniendo un foco de luz sobre aquellas tareas que requieren realmente a abogados habilitados para ejercer, el nivel de experiencia y especialización que necesitan, el proveedor más adecuado, la colaboración de recursos humanos o bien de automatización, y el precio”.

Para él, muchos servicios se han transformado en productos y en su entrega comienzan a valorarse factores como eficiencia y objetivos medibles, en vez de cantidad de trabajo y facturación de horas.

Lo que es o no es un servicio legal sería secundario frente a la especialización que el mercado requiere, y hace plantearse qué significa ser abogado hoy.

La American Bar Association (ABA) describe al abogado como “un profesional con licencia para ejercer, que asesora y representa a otros en materias legales”.

Pero para Cohen, esta “vaga” descripción genera más preguntas que respuestas. Por ejemplo, qué es una materia legal; quién está llamado a definirla; cuándo se requiere la intervención de un abogado; qué diferencia a un abogado de otros profesionales o incluso de una “máquina” en la cadena de provisión de servicios jurídicos.

Otras de las preguntas que surgirían serían por qué la mayoría de los individuos y las pequeñas empresas no son capaces de pagar lo que cobra un abogado; y cuál es el propósito que sirven o persiguen los abogados.

La autorregulación no sería entonces la solución, pues mezcla la práctica profesional con la entrega de los servicios, y ello tendría un efecto negativo en millones de servicios que no se llegan a dar por falta de acceso, en donde los perjudicados son tanto los consumidores de esos servicios como la sociedad en su conjunto.

 
* Éste es un extracto traducido al castellano del artículo original “Law Is a Profession and an Industry – It Should Be Regulated That Way“, al que puedes acceder aquí o directamente en Forbes.com.

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