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La cara jurídica de la educación

La incorporación del aseguramiento de la calidad en la enseñanza ha complejizado el escenario de los sostenedores de los distintos establecimientos pedagógicos. Para no desviarse de su deber como docentes, comenzaron a acudir a abogados expertos en el área educacional, institucionalizando toda una nueva especialización.

30 Enero, 2019 Comparte en:
Javier González

La Ley General de Educación ha sufrido 34 modificaciones en los últimos 18 años. Si miramos este solo ejemplo, constatamos que el panorama educativo se ha vuelto más complejo, sobre todo para los docentes y sostenedores. A partir de este fenómeno, una nueva área del Derecho ha venido gestándose en el último tiempo: el derecho educacional.

La versatilidad del abogado experto en educación

Alejandro Cáriz

Estudiar las distintas normas jurídicas que regulan el fenómeno educativo y el efecto que tienen en las actividades de las instituciones y actores de este sistema hacen que Alejandro Cáriz, abogado experto en ésta área, mire esta especialización como una fusión de varias disciplinas jurídicas, como derecho corporativo, tributario y litigios. “Tienes que ser versátil como abogado para trabajar en derecho educacional, pues pones en práctica muchas áreas del Derecho”, dice.

Cáriz hace hincapié en la complejidad del derecho educacional y da como ejemplo la contratación y los despidos propios del derecho laboral. “Hay distintas categorías de contrato dentro de los establecimientos docentes los que se rigen por distintas regulaciones, incluyendo las fechas de términos de contrato”, explica.

En enero del año 2018 un sostenedor terminó el contrato de la subsecretaria académica de su institución, pues él no la consideraba trabajadora docente. La funcionaria acudió a Cáriz y su equipo. Después de 11 meses, el equipo de abogados logró que la Corte Suprema reconozca que los profesionales de educación que no realizan docencia de aula también se les aplica aplica el Estatuto Docente en el despido.

“En este caso, el sostenedor tuvo una equivocada interpretación de la ley. Despidió a la subsecretaria en un mes que no corresponde, pues el término de contrato debió realizarse a más tardar el 28 de diciembre del año 2017, según la ley aplicable”, explica Cáriz.

Los cimientos del derecho en el área de la enseñanza

Laura Doffing

¿Qué hito podría marcar como el nacimiento de esta especialidad? Los abogados consultados estiman que comenzó a surgir en la década de los 90 con la incorporación del “aseguramiento de la calidad de la enseñanza”. Con el paso de los años se siguió institucionalizando con la creación de la División de Educación Superior. La última incorporación fue la ley 21.091, que crea la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior.

Poco a poco se produjo una constante complejización de la legislación y regulación de la educación. “Distintos especialistas empezaron a sentir que ha surgido un nuevo tipo derecho, necesario para regular las relaciones y la compleja legislación en esta área”,  dice Laura Doffing, abogada especialista en la materia.

El interés de estos especialistas estaba dirigido a la relevancia política y social que la educación estaba tomando, según da cuenta en una publicación de Pablo Sandoval, abogado cofundador del Instituto Chileno de Derecho Educacional. Además, se lee en su texto que “el calor de las movilizaciones estudiantiles tiene una relevancia que por sí misma justificaría una sistematización y teorización sobre la normativa educacional vigente, en un contexto de dispersión y falta de coherencia interna”.

Contingencias jurídicas de las instituciones docentes

Instituciones educacionales, profesores, sindicatos y apoderados son algunos de los clientes de los abogados educacionales. Según la experiencia de Doffing, un actor del mundo educativo debe acudir a un abogado experto en el área cada vez que siente que sus derechos son vulnerados. Cáriz es más enfático: “Las instituciones deben tener un asesoramiento permanente. No debiesen esperar una contingencia jurídica”.

las emergencias legales de establecimientos particulares subvencionados, que son colegios que no son públicos, pero el Estado les entrega un porte mensual por alumno, abarcan situaciones como accidentes del trabajo, enfermedad de los trabajadores, reclamos de apoderados vía Servicio Nacional del Consumidor, recursos de protección por vulneración de garantías constitucionales y fiscalización de la Superintendencia de Educación.

“Por ejemplo, la inspección del organismo fiscalizador cubre aspectos pedagógicos, infraestructurales, laborales y el manejo de las subvenciones educacionales. Esto deriva en un proceso de rendición de cuentas donde el orden de la institución es clave. Los establecimientos tienen la exigencia más alta”, explica Cáriz, agregando que el incumplimiento de la normativa podría derivar en procesos administrativos sancionatorios que pueden llegar a poner en riesgo el reconocimiento oficial del mismo colegio.

Institucionalización del derecho educacional

Los establecimientos educacionales tienen que estar alineados con una gran cantidad de normativas. Conociendo esta realidad por su experiencia previa, Laura Doffing creó Edulex, un estudio jurídico-educacional que, en palabras de su fundadora, ayuda a que la legislación no entorpezca la enseñanza: “Tenemos que buscar alguna manera efectiva para que el derecho regule la educación en función del aprendizaje de los niños y jóvenes”.

Cáriz es positivo con el futuro de este nuevo tipo de derecho: “Yo creo que el derecho educacional va a tener una buena evolución, pero es urgente una exigencia de calidad, pues con la cantidad de aspectos jurídicos, los sostenedores ya no se están haciendo cargo de sus funciones y nosotros tenemos que respaldarlos”.

Por su parte, Doffing arriesga otra mirada: “continuamente se van parchando los problemas en materia de educación en vez de regularlos de manera orgánica, por eso yo creo que esto va a terminar siendo como un derecho tributario”.

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