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Internacional

Abogados de Bolivia, Cuba y España: qué significa trabajar para el Estado

La publicación brasileña Mighalas Latinoamérica analizó la situación de los letrados contratados por la Administración Pública en estos países y algunas de las regulaciones a las que se someten, desde sistemas informáticos de registro hasta el control y seguimiento de juicios.

9 Mayo, 2016 Comparte en:
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A fines de abril, Migalhas Latinoamérica hizo un breve bosquejo de qué implica trabajar como abogado para los Estados de Bolivia, Cuba y España, desde distintos ángulos.
 
En el país ibérico, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Edmundo Bal Francés, ha dicho que éstos “tienen un perfil técnicamente muy preparado, poder de decisión, independencia profesional y resuelven muy bien los problemas”.
 
Lo anterior se vería confirmado cuando al dejar de prestar servicios para el Estado —y tras varios años en la respectiva firma, acotan otros—, son contratados como cabezas de importantes y prestigiosos despachos, como Baker & McKenzie, Linklaters, Ashurst o Latham & Watkins. En una de las ediciones de la revista Forbes se destacó a los 13 letrados más influyentes de España y 5 de ellos habían sido abogados del Estado.
 
Se ha determinado que la mayoría de los abogados del Estado además de ejercer su rol en despachos, se desempeñan como directores jurídicos, consejeros o secretarios generales. Además de los abogados que se desempeñan en ambas áreas, muchos otros desarrollan servicios especiales que es básicamente servicios jurídicos de empresas relacionadas con el sector público.
 
Un dato ilustrador de la importancia de los letrados en tareas del Ejecutivo, es que cuando Mariano Rajoy configuró su gobierno al ganar las elecciones de 2012, nombró a 15 abogados del Estado en cargos de poder en los nuevos ministerios, incluida su vicepresidenta.

Abogados de Bolivia y Cuba

En el caso de Bolivia, explica la publicación, desde diciembre de 2015 operan dos sistemas informáticos en plataforma web, cuyo objeto es tener un estricto control de los abogados que ejercen para el Estado, así como los procesos judiciales que se presentan en defensa del país. El objetivo de ambos sistemas, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, es luchar contra la corrupción, la burocracia y la falta de ética, problemas que se han detectado en el manejo de casos en los que el Estado se ve involucrado.
 
Por ejemplo, se creó un “Registro de Abogados del Estado” (RAE), donde debería poder encontrarse a todos los profesionales que prestan asesoría técnico jurídica a instituciones, entidades y empresas de la administración pública, aun cuando no pertenezcan a la planta de la respectiva unidad jurídica.
 
Este listado es distinto del “Registro Público de Abogados” (RPA), donde ya se habrían inscrito más de 51.000 profesionales, en un proceso que se inición a fines de 2013, tras la promulgación de la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, y que no obsta a la afiliación en los respectivos Colegios de Abogados.
 
El otro sistema es el “Registro Obligatorio de Procesos del Estado” (ROPE), en el cual se puede hacer seguimiento a todos los casos judiciales en los que el Estado boiliviano es parte, sea como demandante o demandado, aunque sólo se actualizaría cada 6 meses, según la información publicada en Mighalas.
 
Los días 3 y 4 de junio se realizará la Cumbre Nacional de Justicia Plural en la que se promoverá la inclusión de sanciones concretas y duras para los abogados involucrados en casos de corrupción en Bolivia. En el encuentro se trabajará en distintos problemas que aquejan a la justicia, como su difícil acceso, la corrupción y la lentitud, pero también se abordarán la formación de los abogados en el país y la elección de las altas autoridades judiciales.
 
Además, se ha planteado que los abogados deberían tener un año de provincia o trabajo en regiones antes de ejercer la profesión, para mejorar el sistema judicial boliviano, además de conocer la realidad rural del país.
 
En Cuba y por razones históricas, la situación es un tanto diferente a la de otros países latinoamericanos. Si bien no existen todavía oficinas privadas de abogados, el gobierno cubano dio su autorización para que existan despachos que puedan dar asistencia legal a ciudadanos extranjeros.
 
La legislación cubana prohíbe la apertura de oficinas de abogados extranjeras en el país, así como el establecimiento de alianzas con firmas locales.
 

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