Suscríbete

Comunicando a la ciudadanía: el abogado y el micrófono

Alejandro ElguetaAlejandro Elgueta
Alejandro Elgueta S.

¿Le ha tocado a alguien someterse a lo que diga un médico, entendiendo poco y nada de lo que le recitan?

Uno sabe que algo le duele, que probablemente está enfermo y que quiere sentirse bien. Curarse. Pero suele pasar que, o te hablan como si tuvieras 4 años, o se comunican contigo como si hubieras estudiado medicina.

Desde septiembre de 2014 trabajo en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en la VIII Región, y si trato de hacer un cálculo rápido, podría decir que he dado cerca de 80 charlas informativas sobre la nueva ley concursal.

Asociaciones de consumidores, universidades, juntas de vecinos, sindicatos, tiendas de retail, empresas privadas y grupos sociales (autoconvocados u organizados por municipios u otras entidades), han tenido que escucharme. O soportarme. A todos ellos he debido explicar el funcionamiento de la normativa que vino a reemplazar la antigua Ley de Quiebras.

Pero ¿me entienden? Espero que sí. No quiero ser ese médico que critico. Pero no lo tengo tan claro.

Ser abogado y comunicar una norma eminentemente técnica, cuando el público está compuesto por ciudadanos “de a pie”, ha sido un proceso que ha tenido mucho de aprendizaje; mucho de ensayo y error.

Así, he tratado de adecuar el contenido y el vocabulario, según la audiencia. En una universidad puedo ser más técnico, pero si hay estudiantes de carreras que no son Derecho, las explicaciones deben ser más generales. Sobre todo, intento que la charla no se transforme en una “clase magistral”; pero claro, depende también de la audiencia el que la charla sea un poco más dinámica.

¿Errores que ya no cometo? No averiguar bien la composición de mi público. No es lo mismo pararse frente a los trabajadores de un sindicato, que frente a estudiantes de una ciudad grande, o a las pobladoras de un pueblito pesquero. Tampoco es igual dirigirse a 20 personas que a 50. Cuando se trata de grupos grandes, la comunicación es menos directa, menos personal.

En un instituto profesional debí dar 2 charlas: una para los estudiantes diurnos y otra para los alumnos vespertinos. Y hubo diferencias. De partida, los alumnos vespertinos tenían mayor edad y mayor conocimiento de los instrumentos financieros. Si bien los que estudian durante el día y que son más jóvenes, ya tienen acceso masivo a cuentas vista, la mayoría no ha abusado del acceso al crédito ni se ha visto con problemas serios de deudas que no puedan pagar. Lamentablemente el endeudamiento juvenil crece en Chile, pero ese es tema para otra columna.

Volviendo a la experiencia, una buena dosis de ejemplos asegura la atención de la audiencia. Y dar un espacio amplio para preguntas y respuestas, también. A la vez, contar con soporte audiovisual es una de las mejores herramientas para generar interés, sobre todo cuando se trata de videos bien hechos, ágiles y explicativos.

Pero todo ello lo aprendí en el primer año. Cuando comencé, no sólo no tenía la experiencia que tengo ahora, sino que me topaba con una brecha de expectativas que no era fácil de salvar: cuando comenzó a regir la ley, la gente tenía la ilusión de que sus deudas se eliminarían por arte de magia. No es así. Hay procedimientos, requisitos, antecedentes y plazos que cumplir. Ello generaba una decepción en la audiencia que era tangible y que exigía sacar fuerzas de flaqueza para reencantar al público, para lograr mantener su atención y alcanzar a comunicar la operatoria de la norma.

Después de 3 años, la gente sabe más. Ya han hecho algún tipo de búsqueda en Google o tienen algún conocido que ha seguido el proceso. Ya tienen una idea más o menos acertada de en qué consisten los distintos procedimientos; ya saben que tienen que presentar antecedentes y documentos.

No quiero ser ese médico al que no se le entiende nada; quiero ser un buen comunicador. Es mi trabajo hacerlo bien. Pero a los abogados no nos enseñan a comunicar, a traducir a lenguaje cotidiano normas técnicas complejas, y debemos ir aprendiendo por el camino.

¿Mi última inquietud? El vestuario. Siempre doy mis charlas vestido formal —de traje, camisa y corbata— porque siento que es lo correcto. Represento a un servicio público, al Estado de Chile.

Pero no puedo dejar de decirles que tengo la enorme duda de si andar vestido con “el overol de abogado” (como decía Jorge Caro, uno de mis profesores), no impone una cierta distancia con mi auditor, justo ese al que quiero explicarle algo difícil y que debería convertirse en un canal para difundir la ley entre su familia, amigos y compañeros.

¿Qué pasa si me saco la corbata?

 
* Alejandro Elgueta Sanhueza es abogado de la Universidad Católica de Chile, sede Talcahuano. Fue defensor licitado, ahora es Coordinador Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para el Biobío, y además ejerce libremente la profesión en temas laborales.

Teoría de Public Choice y la naturaleza humana en los procesos eleccionarios

public choiceSofía Martin
Tatiana Arriagada

En Chile estamos en época de elecciones. El próximo 19 de noviembre, la comunidad debe elegir Presidente de la República, de entre 8 candidatos. Si ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta, el 17 de diciembre siguiente, se elegirá, en segunda vuelta, al candidato que la logre. Asimismo, en los próximos veintiséis meses, 14 países de América Latina elegirán Presidente. En 2018: Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y, eventualmente, Venezuela; y, en 2019: Bolivia, Argentina, Uruguay, El Salvador, Panamá y Guatemala. En ese contexto, es interesante revisar uno de los aspectos de la teoría de “Public Choice” que, de la mano de conceptos y presupuestos de la Economía, efectúa un análisis racional del proceso de elección política.

La teoría del Public Choice (Teoría de la Elección Pública), desarrollada inicialmente por James M. Buchanan, y por la cual en 1986 recibió el Premio Nobel de Economía, propugna que el Estado es el nexo entre la economía y la política, porque la primera, inexorablemente requiere de algún tipo de organización política para su implementación y control. A su vez, la política necesita de la economía, para obtener los recursos económicos para sostener al Estado y llevar adelante sus políticas públicas.

A partir de ese postulado, la teoría de Public Choice analiza distintos aspectos, tales como: la motivación o drive del votante, del representante electo y del burócrata designado; la ignorancia racional del votante; la Constitución y las leyes, como niveles de elección pública; la irracionalidad en la política, entre otros. En esta primera columna, esbozaremos el primer aspecto.

En los procesos eleccionarios políticos, las personas eligen alternativas para la comunidad en la cual viven y para sí, y no exclusivamente para su consumo o beneficio propio. No obstante, el individuo, al efectuar su selección de alternativa política, se comporta guiado por la misma racionalidad que lo impulsa cuando escoge sólo para sí mismo, esto es, busca maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. En consecuencia, el motor que lo impulsa a efectuar su elección política es su interés económico personal.

Igualmente, partiendo del mismo supuesto, los representantes elegidos por votación popular y los burócratas designados por nombramiento político, también toman sus decisiones buscando maximizar sus beneficios y minimizar sus costos, por lo que sus acciones están encaminadas, principalmente, a la maximización de su cuota de poder y del presupuesto público, en aras de satisfacer sus intereses personales y, sólo en un segundo plano, propenden a la optimización del bienestar social, sacrificando así en el proceso, posiblemente, la eficiencia económica.

Según la teoría de Public Choice, el Estado no es un ente neutral y eficiente, sino todo lo contrario, porque de algún modo, en lugar de reflejar los intereses de la comunidad a la que debe servir, refleja los intereses de sus integrantes, ya sean representantes electos o burócratas designados por nombramiento político.

Éstos intentarán primeramente maximizar sus objetivos personales, y sólo luego, satisfacer los requerimientos o las necesidades de los votantes.

Por cierto, el representante electo buscará maximizar la utilidad de su cargo, es decir, obtener el máximo provecho del mismo, elevando su cuota de poder y creando las condiciones adecuadas para ser electo o reelecto.

Esto explica las propuestas dirigidas a grupos específicos de interés, que pueden no ser necesariamente racionales ni eficientes desde el punto de vista económico, pero que, no obstante, son perfectamente racionales para el candidato político, que busca ser electo o reelecto.

Por ejemplo, las políticas de protección de la industria nacional como una expresión del nacionalismo, podrían ser para un candidato una buena bandera política para obtener votos, en la medida que los votantes estén totalmente ignorantes de los costos instrumentales que deberán pagar con sus impuestos para implementar la restricción al comercio internacional, de la eventual reducción que experimentarán ellos personalmente en la oferta de productos y del probable aumento en los precios, que afectará también sus propios bolsillos.

Ahora bien, este fenómeno de privilegiar el interés personal por sobre el de la comunidad ocurre en política y también en la empresa. Sin embargo, en las empresas existen premios y castigos, que tienen por finalidad alinear los intereses de ésta con los de sus integrantes, haciéndolos compatibles y promoviendo que se logren los objetivos personales, sin perjudicar a aquélla.

En cambio, en el Estado, el sistema de premios y castigos o no existe o es muy deficiente, a tal punto que las metas fijadas para sus integrantes en la práctica parecen cumplirse siempre. En ese entendido, el sistema de premios estatal no satisface la función de encauzar el interés personal de sus integrantes para prevenir que se perjudique el interés general de la comunidad.

Los razonamientos precedentes han sido ignorados sistemáticamente por la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados, para los cuales el representante electo y el burócrata designado deberían ser personas económicamente neutras, que obrarían siempre impulsados primeramente por el interés común. Esta no es la naturaleza humana, y nadie en su sano juicio, actuaría contra natura, por muy irracional que sea en su postura política.

Por esta razón, según la teoría de Public Choice, la Constitución y las leyes deben contener normas que permitan conciliar, en términos eficientes y eficaces, el interés del representante electo y el burócrata designado con el interés de la comunidad, que los sostiene política y económicamente. En definitiva, así como el mercado requiere ser regulado para no caer en conductas que puedan dañar a la comunidad, el Estado también debe serlo, exactamente con el mismo fin.

Por lo tanto, cuando vivan tiempos de elecciones, la invitación está abierta a analizar las preferencias que se expresan por los candidatos y las propuestas que éstos presentan a la comunidad. Quizás, pueden corroborar alguno de los postulados de la teoría de Public Choice.

 
* Tatiana Arriagada Bustos es abogado de la Universidad Católica; LL.M. International Law, Georgetown University, D.C., EE.UU.; y directora del Área Judicial del estudio chileno Vergara Fernández Costa & Claro.

Los corruptores

Los corruptoresDestino
Arturo Ferrari

Jorge Zepeda Patterson es director del diario digital mexicano SinEmbargo y también forma parte de su Consejo de Administración. Zepeda no se anda con medias tintas cada vez que le toca ocuparse de los políticos de su país. Recientemente, unas declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de México, le sirvieron de materia prima para una de sus columnas (“Historia de un héroe efímero y desechable”).

Osorio, al referirse a las razones por la cuales había sido despedido Santiago Nieto, fiscal de delitos electorales, señaló que “el gobierno no podía ser omiso ante las faltas de Nieto”. ¿Qué había hecho este funcionario? Declarar al diario Reforma que había recibido una carta de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para que lo declarare inocente de la acusación de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El exfiscal ya aclaró que no le interesa ser repuesto en su cargo. Lo que en realidad quiere es no terminar en la cárcel después de recibir una andanada de denuncias en su contra.

Zepeda recibió el Premio Planeta 2014 por su segunda novela, Milena o el fémur más bello del mundo. Milena es una joven croata que fue secuestrada cuando tenía 16 años para convertirse en prostituta de lujo para la mafia ruso-ucraniana que opera en el balneario de Marbella, en España. Cuando muere su protector, el propietario del diario El Mundo de México, cree que la organización criminal de la que escapó intentará encontrarla para vengar su huida. Milena tiene una libreta en la que ha recopilado no sólo información ligada a la mafia. Esta libreta también contiene, “una serie de retratos de prohombres, adictos a la prostitución, que justifican la patología que los lleva a abusar de una mujer”, afirma Francisco Solano, periodista de El País de España. En una entrevista para el portal Top Cultural, Zepeda menciona que Milena escribe como terapia, relatando lo que está viviendo, y también como un desquite, porque cree que esa libreta la ayudará a escapar.

Los corruptores (2013) fue el debut literario de Zepeda y significó el inicio de una trilogía que prosiguió con Milena y Los Usurpadores (2016). En los tres libros incorpora, tal como él mismo reconoce, el estilo del sueco Henning Mankell, conocido por publicar una serie de 12 novelas negras sobre el inspector Kurt Wallander.

Los Azules, protagonistas de esta trilogía, es un grupo de amigos de la infancia, que rondan los 44 años, ocupados en desenmarañar la red de intrigas que Zepeda ha tejido alrededor de la corrupción de políticos y empresarios. Tomás es periodista; Jaime, profesor universitario; Amelia, líder de un importante partido de izquierda; y Jaime, experto en seguridad con contactos en el servicio de inteligencia.

Tomás escribe en el periódico donde trabaja una nota que involucraría al poderoso ministro de Gobernación en el descuartizamiento de la actriz Pamela Dosantos (su amante). Teme por su vida —es víctima de un intento de secuestro— y recurre a sus amigos.

Cualquiera que se atreva a fisgonear por su cuenta recibirá un durísimo castigo. Casi todos los integrantes de una familia son masacrados por sujetos armados cuando uno de los hijos, un hábil hacker, es descubierto introduciéndose en la base de datos de una agencia estatal. ¿Los asesinos son sicarios del narcotráfico o agentes de la policía que trabajan para una organización criminal? En realidad, da lo mismo.

Los Azules, como cualquier otra cofradía, han creado sus propios códigos. Tienen puntos de coincidencia y también discrepancias. Zepeda entrelaza su historia con la trama del libro, a través de flashbacks que nos llevan, por ejemplo, hasta la etapa de la adolescencia despreocupada de sus miembros. Situaciones que el tiempo parecía había contribuido a borrar reaparecen como si hubieran ocurrido hace poco. Los Azules mantienen entre ellos algunas deudas que no han terminado de saldar.

Zepeda logra construir una atmósfera en la que pareciera que en cualquier momento fueran a irrumpir violentamente en nuestra habitación individuos con el rostro cubierto dispuestos a hacernos callar para siempre. Es más, nuestro cadáver, convenientemente cercenado, seguramente desaparecería sin dejar rastro alguno dando pie a más de una inverosímil conjetura.

“El éxito justifica hoy cualquier degradación moral”, afirmó Zepeda en una entrevista poco después de recibir el Premio Planeta. A la luz de los hechos —el fiscal Santiago Nieto resulta un buen ejemplo— todo parece indicar que los Azules tendrán más trabajo.

 
* Arturo Ferrari es gerente de comunicaciones del estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados (Perú).

U. Católica de Valparaíso y Thomson Reuters crean diploma de Legal Management

Sofía Martin

Suele ocurrir que exista una inquietud en el ambiente, compartida por muchos, pero donde son pocos los que toman acciones al respecto. Suelen ser los visionarios y atrevidos los que llevan la delantera, a veces tanto, que el público no está maduro para aceptar esas ideas, bienes o servicios.

Pero por suerte parece no ser éste el caso. Adolfo Silva, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso persiguió la idea de un diplomado internacional, accesible a abogados de toda la región, presencialmente y vía streaming, que abordara los temas que una gran parte de los abogados de mayor edad, académicos o que ejercen la profesión, considera innecesario: el tan famoso Legal Management (o Legal Project Management) y todos los conocimientos anexos que lo complementan y que hacen al abogado un profesional más completo.

Thomson Reuters, la editorial y prestadora de servicios de tecnologías de la información para abogados canadiense, era otro de los actores del mercado que tenía la misma inquietud.

Probablemente motivados por distintos objetivos, estas dos instituciones analizaron nuestra realidad y constataron que el entorno en que se desenvuelven los abogados hoy dista bastante del ejercicio tradicional “y podría decirse, estático”.

Tanto abogados experimentados como aquellos que recién comienzan en su vida profesional, ven muchas veces con asombro, que las habilidades y capacidades que les enseñaron en sus respectivas escuelas de Derecho no siempre corresponden con lo que el destinatario -hoy consumidor de servicios jurídicos- espera poder encontrar, dicen desde la organización del diplomado.

Se trata de un “escenario a veces incierto, en donde la práctica del ejercicio profesional termina chocando tanto con la fuerza de las ideas puramente académicas como con la resistencia férrea de aquella línea más conservadora de la abogacía que se niega a reconocer o aceptar que definitivamente nos encontramos frente a una nueva realidad, distinta de aquella que nos enseñaron nuestros maestros herederos de una codificación centenaria”.

La organización y estructuras en que aún nos movemos estuvieron pensadas más bien para un mercado legal exclusivamente presencial de un grupo pequeño de abogados, y no para una realidad masiva y cada vez más virtual como la conocemos hoy, explican.

El diploma busca entregar conocimientos de otras disciplinas, que complementen lo jurídico. Surge así un programa que aborda:
– la administración y gestión de proyectos legales (legal project management)
– el manejo adecuado de los recursos humanos para el ámbito legal
– el uso eficiente de tecnología, big data y robótica aplicada al ejercicio de la abogacía
– la entrega de herramientas prácticas para mejorar la venta y, en general, la forma en que los servicios legales deben ser ofrecidos y prestados
– la adquisición de habilidades blandas o sociales (soft skills) para el mercado legal
– la gestión de riesgos y la resolución alternativa de conflictos bajo un contexto marcado por los distintos grupos de interés
– los alcances de la innovación aplicada en el ámbito jurídico
– el manejo de los medios de comunicación social
– una adecuada administración de la gestión del conocimiento

A quiénes se recomienda tomarlo

Si bien cualquier abogado puede estudiar estos tópicos, los organizadores dicen que es especialmente recomendable para gerentes legales de Latinoamérica y sus equipos de trabajo, sin importar si son in house o contratados externamente a firmas.

Eso sí, los alumnos deberían tener cierto espíritu crítico y abierto a la innovación.

¿Un bonus track adicional a los conocimientos y habilidades prometidas? El fortalecimiento de las redes de contacto regionales. Nada despreciable.

Este 30 de noviembre es el lanzamiento oficial del curso –certificado ya por el International Institute of Legal Project Management– y su inicio está previsto para el mes de marzo de 2018. La invitación es entre las 8.30 y las 11.30, en el CEA de la universidad, en Santiago.

Legal Management: el cuerpo académico

Serán los encargados de las distintas materias que se abordarán Anna Marra, Rafael Mery, Adolfo Silva, Ángela Toso, Andrés Jara, Heidi Brokordt, Marcelo Montero, entre otros profesionales de alta especialización.

¿Llegó el momento de negociar tu sueldo?

Si llegó la hora de negociar tu remuneración, no es prudente que te sientes y mires a tu jefe con las manos vacías. Información es poder y saber cuál es el sueldo de tus pares, de gente con experiencia similar o incluso de otra área que quieras explorar, te dará un muy buen soporte.

Deberías armarte con un análisis de sueldos de abogados. Un reporte de sueldos de mercado.

Idealis Legal Recruitment e Idealis Reports te permiten conocer estadísticas de los sueldos que se pagan tanto en estudios jurídicos como en empresas, dependiendo del tamaño y los filtros que tú elijas, en Chile.

El reporte se confecciona con información que Idealis Legal Recruitment ha levantado directamente, más aquella que proporcionan quienes quieren entregar sus liquidaciones de sueldo.

Si bien se dispone de abundantes datos desde el año 2009, salvo que solicites un informe histórico, sólo se consideran datos de los últimos 24 a 36 meses.

En este análisis de sueldos de mercado se entrega: el sueldo promedio del perfil que hayas elegido, la mediana y los percentiles 90, 75, 25 y 10. También contendrá el tamaño de la muestra y, por último, al enviar tu currículum, Idealis Reports te indicará qué tan fuerte es, asignándole un puntaje que va de 0 a 5.

El informe más básico tiene un valor de $90.000 y, dependiendo de items como tramo de experiencia elegido o tamaño del estudio jurídico, puede llegar a tener un valor final de $300.000. Si quieres agregar comparaciones con filtros especiales de tu interés, cada filtro tendrá un costo extra desde $20.000 hasta $80.000 cada uno.

Para ello revisa este formulario.

DESCUENTO: Si envías tus 3 últimas liquidaciones de sueldo o tus 3 últimas boletas de honorarios, según sea el caso, al precio final se le aplicará un descuento del 30%.

* Este servicio es para personas naturales. Si representas a una empresa o a un estudio jurídico, escribe a contacto@idealisreports.cl o llama al 222206263.

 
** ACLARACIÓN: El contenido que te entregamos en el formato de Promoted Post implica que podemos llegar a recibir algún tipo de retribución económica si un lector adquiere el producto o servicio mencionado en el texto. Sólo destacaremos por esta vía aquello que consideremos novedoso, interesante o que pueda ser un aporte.

Faltas de ortografía provocan la desestimación de una apelación

Pamela Rillón Oportus

Un escrito con faltas de ortografía garrafales, tales como “espresa”, “desarroyo”, “quizo”, “estubiera”, “extructura” y “digimos”, sacaron de quicio al Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Uruguay, de acuerdo a un artículo del medio digital Subrayado, titulado “ASSE pierde apelación por faltas de ortografía del abogado”, que hacía eco de una nota publicada en el diario El Observador, de ese país.

El insólito caso ocurrió a fines de septiembre, cuando una apelación presentada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a la justicia uruguaya fue desestimada por el tribunal, por contener “más de cien faltas garrafales de ortografía”.

El escrito de apelación presentado en autos exasperó a los cuatro jueces, quienes consideraron que el documento no se condecía con “la dignidad y respeto que merece la justicia”.

El texto, además, fue descrito por los magistrados como “absolutamente inentendible, plagado de errores de sintaxis, de tecleo, excesivo uso de abreviaciones con incoherencias absolutas”. En consecuencia, el tribunal ratificó una condena que obligó a ASSE a pagarle UYU$342.074 (unos USD $11.500) a una funcionaria del mencionado organismo público de salud.

El caso trascendió a los medios por tratarse de una situación inusitada que da para un buen debate. ¿Es posible desestimar un escrito por las formas? ¿Se ajusta a Derecho?

El magistrado del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Gonzalo Figueroa, considera que aunque las faltas de ortografía son sumamente molestas, no es posible desestimar un recurso basado en esa circunstancia y siempre será necesario conocer y dirimir el fondo del asunto planteado.

“En el Derecho chileno no existe norma que autorice a desechar un escrito por contener faltas de ortografía. Si así fuese, se desestimarían una buena parte de las presentaciones”. Lo único que contempla la ley –continúa– es la facultad de desechar una presentación cuando ella sea ininteligible o poco clara.

“Cuando ello no ocurre, se permite eliminar el escrito e incluso el juez puede mandar a tachar los pasajes poco claros y abusivos, pero siempre que sea considerado una falta o abuso por parte del abogado”, explica.

Macarena Vargas, profesora de derecho procesal de la Universidad Diego Portales, plantea que en el sistema chileno se entiende que una redacción sin errores ortográficos es una exigencia mínima de todo escrito judicial, pero no es una causal para rechazar un recurso o cualquier otra actuación procesal, aunque sí se sanciona el uso de un lenguaje ofensivo o faltas de respeto entre abogados que se encuentren contenidos en documentos judiciales.

“Ello no solo habilita al juez para, por ejemplo, devolver un escrito o hacer tarjar palabras o pasajes abusivos, según dispone el Código Orgánico de Tribunales, sino que además constituye una falta sancionada por el Código de Ética del Colegio de Abogados”, complementa la académica.

Solemnidades

En relación a las formas en el Derecho, el juez Figueroa sostiene que si bien son muy importantes en el ejercicio judicial, han ido perdiendo vigencia. En la actualidad se admite toda forma de presentación de escritos, incluso por correo electrónico, y hasta se permite en algunos casos litigar sin abogado; esto debido que hoy se busca facilitar el acceso a la justicia y evitar arbitrariedades hacia los ciudadanos, recalca.

Sobre este tema, la profesora Vargas afirma que en el desarrollo de las diversas actuaciones procesales las partes y el tribunal deben cumplir una serie de requisitos con el fin que la voluntad expresada a través de ellos se realice de manera válida. En opinión de la docente, no se trata de “las formas por las formas”: su rol se vincula con la garantía constitucional de la igualdad en el ejercicio de los derechos.

“Se persigue asegurar que el derecho a la tutela judicial y el derecho a un debido proceso se apliquen adecuadamente y una manera de hacerlo es velando por el cumplimiento de ciertos ritos y solemnidades”, añade.

De tú a tú

Frente a la polémica que en Chile ha causado el caso del vestuario de algunos jueces, la perrita que llevó a trabajar una jueza y otros actos que irían contra las exigencias que requiere “la dignidad de la magistratura en el vestuario y trato a los abogados”, según un Auto Acordado del Pleno de la Corte Suprema (de 2009), la pregunta que surge es si es posible que los abogados tuteen a los jueces y viceversa.

José Ramón Chaves García, juez español de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, opinó en una columna publicada en el medio español Confilegal que “dentro de la Sala no sobra el estilo o tono formal, cuando por razón de su profesión, abogados y jueces traban relación con la toga puesta y en torno a solventar una cuestión jurídica”.

Según Chaves, si una parte se dirige a la otra tratándola de usted, resulta una grosería replicar con el tuteo. No obstante, escribió, si se utiliza el tuteo en una primera ocasión y se recibe la respuesta con un “usted”, o si a alguien en el uso de la palabra se le desliza un tuteo inconsciente, nadie debería sentirse incómodo ni ofendido.

El mismo magistrado Chavés García revela dos pintorescas sentencias en España que, a su juicio, ilustran a lo que pueden llevar las formalidades en el Derecho.

Una de ellas se dio en la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Lleida, en marzo de 2005, que confirmó una condena por falta de falta de respeto y consideración a la autoridad “por haber tuteado y actuado con chulería ante un juez en pleno litigio”.

El otro llamativo fallo, de junio del 2006, fue dictado en una audiencia penal y anuló una condena por falta de consideración y respeto a la autoridad, consistente en haberse dirigido tuteando por dos ocasiones a la magistrada actuante.

En Chile este asunto no se encuentra regulado –señala la profesora Macarena Vargas- pero no se estila que jueces y abogados se tuteen entre ellos, ya sea en una audiencia o a través de los escritos.

Sobre este punto, el juez de garantía Gonzalo Figueroa sostiene que legalmente los jueces tendrán el tratamiento de “señoría”, por lo que no se podría tutear. Si bien hay jueces que exigen este trato formal para dirigirse a ellos, Figueroa opina que esta formalidad estaría obsoleta, “lo que no significa que no se deba hacer valer un necesario respeto por un represente del Estado, dirimiendo conflictos entre particulares”.

Y, en la práctica, fue exactamente lo que en el estrado tuvo que exigir a una señora mayor y a un ciudadano extranjero.

“En una ocasión, una señora de avanzada edad, al prestar declaración, se dirigía a mí como ‘Mijito, lo que pasó es que….’; a la tercera vez que me trató de mijito tuve que pararla”, cuenta. Lo mismo hizo cuando un imputado de nacionalidad colombiana, a quien dejó en libertad, mostraba su alegría con la frase “Gracias papito, que Dios lo bendiga, papi”.

El mercado legal en Latam exige firmas más competitivas

firmás más competitivasWilfredo Murillo T.
Wilfredo Murillo T.

En los últimos años —y con mayor notoriedad en estos 12 últimos meses— han llegado a Perú, y en general en Latam, muchas firmas de abogados internacionales, ya sea bajo esquemas de alianzas, asociaciones, fusiones o absorciones.

Si hacemos una revisión histórica de los movimientos en el sector legal peruano, que han tenido mayor visibilidad, llegamos al siguiente listado:

– enero 2014: Ontier llega a Perú de la mano Vicente Ugarte Del Pino
– abril 2014: Garrigues abre despacho propio en Perú
– enero 2016: Ferrero y Delmar Ugarte se fusionan con Phillipi, Prietocarrizosa & Uría
– diciembre 2016: Torres Carpio Portocarrero & Richter se asocia DAC Beachcroft
– enero 2017: Grau Abogados se integra a CMS
– marzo 2017: Pizarro Botto & Escobar se suma a DLA Piper
– mayo 2017: Gallo Barrios Pickman se integra a Dentons
– mayo 2017: DS Avocats ingresa a Perú

Pero no debemos dejar de lado aquellas integraciones o fusiones que se han venido realizando a nivel de firmas locales desde hace 1 año:

– octubre 2016: Lazo De Romaña se fusiona con CMB Abogados
– octubre 2017: Miranda & Amado absorbe Priori & Carillo

Si bien aún hay arribos del viejo continente que están próximos a concretarse y también hemos podido observar exploraciones del mercado anglosajon, ya las firmas originarias de la región están viendo reducir su cuota de mercado por la llegada de firmas internacionales.

En sentido, hoy más que nunca los despachos han de trabajar en ser más competitivos, entendiendo competitividad como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio, fijada una cierta calidad.

Concebida de esta manera, se asume que las empresas más competitivas podrán asumir una mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de mercado que lo impidan.

Si trasladamos este concepto al sector legal, una firma de abogados es más competitiva en la medida que el cliente está satisfecho por la relación que existe entre la calidad del servicio y el precio (se aplica tanto para firmas boutiques como para las full services, con abogados altamente especializados), pues dicho en las palabras de Alfonso Everlet, socio y director de comunicaciones de Gericó Associates, en nuestro sector o compites por diferenciación o compites por precio, y la menos recomendable es la segunda forma, porque siempre habrá alguien más barato.

En palabras de Ferraz Martínez: “Una empresa es competitiva si es capaz de formular y aplicar estrategias que la lleven a una posición de mercado sostenida o ampliada en el segmento de la industria donde opera.”

Es a nuestro entender, que las estrategias —donde entran el marketing, la comunicación y el desarrollo de negocio—, las capacidades —el back office o gestión— y el desempeño de una firma de abogados deben ser coherentes también con los estándares de competencia prevalecidos en el sector legal.

firmas más competitivasW. Murillo

 

En principio, la gráfica nos indica que en la medida que aumentemos el OUTPUT y hagamos reducción en el INPUT tendremos un indicador de competitividad siempre alto. Creo que no es novedad que muchas firmas de abogados se han enfocado en incrementar la parte operativa del servicio (el trabajo de los abogados), no necesariamente buscando una reducción de costo, dejando de invetir en otros aspectos de la operatividad que pudieran generar mayores eficiencias.

Algunas acciones concretas que debemos hacer para incrementar el OUTPUT en el sector legal:
– Tener un planeamiento estrategico integral: parte por definir la visión macro del negocio, integrando la elaboración y control de un presupuesto, desarrollando un posicionamiento de marca y los elementos diferenciales de la firma, y trabajando en un plan de comunicación que refuerce los objetivos que se han trazado.
– Los objetivos deben ser progresivos, medibles y periódicos: producción, facturación, rentabilidad, rendimiento, eficiencia, crecimiento, calidad, otros.
– Elaborando planes de desarrollo de negocio por área de práctica.
– Buscando posiciónarse y trabajando sobre nuevos nichos de mercados.
– Encontrando, desarrollando y exponiendo tus elementos diferenciadores.

Por otro lado, trabajamos en el INPUT de la siguiente manera:
– Profesionalizando la gestión, por ejemplo, contratando un administrador o gerente o un outsorcing.
– Invirtiendo en tecnología y automatizando procesos: siempre busca soluciones ad hoc y personalizables a la firma.
– Digitalizando la documentación y trabajando en la nube.
– Siendo estratégico con el gasto corriente: ten un buen gestor financiero.
– Externalizando procesos o actividades que no sean parte del core business de la firma.

Pues bien, luego de una revisión sobre la competitividad de tu oficina, mira si tu indicador OUTPUT/INPUT es mayor o igual a 1. Posterior a ello, desarrolla un plan que permita a tu firma estar preparada para los nuevos niveles de exigencia de un mercado que viene evolucionando vertiginosamente.

Son nuevos tiempos, debemos ser nuevas firmas, debemos ser firmas más competitivas.

 
* Wilfredo M. Murillo Tapia es consultor en management & marketing en el sector legal, socio | Perú Gericó Associates y director | Xtrategia Group.

Observatorio Judicial: nace un nuevo centro de estudios

observatorio judicialObservatorio Judicial

Este jueves 9 de noviembre, a las 19.30 horas se hará el lanzamiento de un nuevo centro de estudios, dedicado exclusivamente a un ángulo del Derecho. Se trata del Observatorio Judicial, proyecto que nació en el think tank Libertad y Desarrollo, en Chile.

“Estamos en permanente coordinación, pero tenemos nuestro propio Consejo Directivo, imagen corporativa y página web”, explica José Miguel Aldunate, desde la entidad. “Nuestro objetivo es que en el mediano plazo el Observatorio Judicial pueda actuar independientemente, del todo”, agrega.

¿Cuál es su misión? El Observatorio Judicial está dedicado al análisis y crítica de las decisiones de los tribunales de justicia.

“Nuestro propósito es promover la ecuanimidad y el respeto a la ley en la toma de las decisiones judiciales; fortalecer el control de la judicatura sobre las decisiones de los otros poderes del Estado; y promover la transparencia, el diálogo y la crítica sobre el actuar de los miembros del Poder Judicial”, añade.

En tal sentido, aspiran a convertirse en un punto de referencia en la discusión pública y política, que involucre el quehacer de los jueces. Para ello se han hecho visibles desde hace varios meses, en una marcha blanca que ha involucrado cartas al director de medios escritos, menciones y opiniones en diversos artículos.

Este jueves 9 de noviembre será el lanzamiento oficial, que tiene como invitado especial al abogado y economista José Luis Sardón, miembro del Tribunal Constitucional de Perú, quien expondrá sobre el rol del juez en una sociedad de libertades. También estará presente el Presidente de la Corte Suprema chilena, Hugo Dolmestch.

Quienes deseen asistir, deben confirmar su asistencia al correo info@observatoriojudicial.org o al teléfono (+56) 223774897.

Para más información contactar a Nancy Tapia (ntapia@lyd.org) o revisar el sitio web www.observatoriojudicial.org

observatorio judicialObservatorio Judicial

Encuesta sobre el mercado legal en Latam

Están pasando cosas en el mercado legal latinoamericano y quedan muchísimas aún por pasar.

Basta ver cómo se han desarrollado en España los servicios de management de firmas y de los casos y causas que éstas atienden. Y si miramos la realidad en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá veremos que llevan mucho camino recorrido.

Aventurándonos un poco, en América latina quizás estamos más cercanos al continuo movimiento que se observa en Francia desde hace un par de años.

En este contexto, Xtrategia Group, Gericó Associates, TimeManager e Idealex.press decidimos generar una serie de breves encuestas mensuales, que nos permitirán ir conociendo la realidad del sector legal de primera mano.

Desde Perú, el propulsor de esta iniciativa regional es Wilfredo Murillo —socio en Perú de Gericó Associates y Director en Xtrategia Group—, dedicado full time a los servicios de management y marketing especializado, factores que inciden fuertemente en un mejor desempeño en este mercado, día a día más competitivo. Ya no basta con hacer las cosas como siempre se hicieron.

Alfonso Everlet es socio y director de comunicaciones de Gericó Associates, consultora española de marketing jurídico y comunicación legal que apoya a firmas de Europa y Latinoamérica. Observamos que el sector legal en la región evoluciona a una velocidad vertiginosa y que es cada vez más sofisticado y complejo, explica, mientras pone de relieve lo que tantas veces hemos dicho en este medio: la ausencia de información sistematizada y actual sobre nuestro mercado legal.

Desde otra perspectiva, Sergio León, socio del TimeManager, con experiencia implantando software y haciendo consultoría en firmas legales en Latam, desde México hasta Argentina. Para él, existe una gran oportunidad de mejora en adopción de buenas prácticas y un excelente paso para optimizar la operación de los estudios de abogados es conociendo nuestra realidad desde la misma fuente.

“Colaborar con esta encuesta es apostar por el futuro del sector legal en la región”, dice Everlet. Yo estoy de acuerdo.

IR A RESPONDER LA ENCUESTA

 
Sofía Martin Leyton
Directora
Idealex.press
@Idealex_press

Calamandrei, siempre esencial y aún vigente

Piero CalamandreiSofía Martin
Simón Zañartu

Hace un mes se conmemoró el aniversario de la muerte de Piero Calamandrei (27 de septiembre), y con o sin querer lo hemos tenido muy presente al analizar de manera recurrente las reformas a las normas de procedimiento y a la modernización de las instituciones que las controlan.

Fue en las VI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal —que este año se hicieron en la Universidad de Chile— donde su presencia se hizo patente, no sólo por su trabajo como catedrático y propulsor de la nueva escuela del Derecho Procesal Civil, sino también por su rol de humanista y político en aquella convulsionada Italia de principios del siglo XX.

Como humanista y parte de la escuela procesal a la que adhirió, Piero Calamandrei supo comprender que el Derecho no es algo meramente normativo, técnico y abstracto, sino más bien un fenómeno cultural, que por un lado forma parte de la esencia del hombre y de la sociedad, profunda e indisolublemente radicado en su historia y tradiciones, pero por el otro es también vulnerable a sus necesidades —económicas o morales— y a su natural evolución y transformación, siendo éste su legado, que puede verse hoy en cada una de nuestras ansiadas reformas.

La vigencia de Piero Calamandrei en nuestros tiempos es notoria, más aún cuando se lo analiza desde el rol que cumplen las sentencias judiciales desde la perspectiva de lo justo, o qué es, o de cómo se obtiene tal justicia a través de la vía jurisdiccional.

Para Calamandrei “el proceso debe servir para conseguir que la sentencia sea justa, o al menos para conseguir que una sentencia sea menos injusta, o que la sentencia injusta sea cada vez más rara” (Processo e Gustizia. Riv. Dir. Proc., año V, 1950, 1a Parte, pp. 273 y ss.).

Esta idea se repitió más de alguna vez en las VI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, pues es un hecho que las aspiraciones que este gran procesalista tuvo a la vista —seguramente consciente de la influencia de los nacientes totalitarismos ideológicos de aquella época— no se cumplen en la actual legislación procesal civil chilena, carente de aquellos principios que hoy se reconocen como fundamentales para un debido proceso, o proceso justo, como el de oralidad, impulso de oficio, concentración de las diversas etapas procesales, obligatoriedad de la presencia del juez en las audiencias y libertad probatoria, entre otros.

Piero Calamandrei entendió que “el proceso es, en primer lugar y bajo un prisma teológico, un método de cognición, esto es, de conocimiento de la verdad, y de que los medios probatorios que nosotros estudiamos están verdaderamente dirigidos y pueden verdaderamente servir para alcanzar y para fijar la verdad” (Vérita e verosimiglianza nel processo civil. Studi in oneore di Giuseppe Valeri, vol. I, Milano, 1955, pp. 461-492). Esta verdad a la que se refiere, bien puede ser aquella que llamamos verdad material.

Es un hecho evidente que la actual legislación procesal civil chilena no ha evolucionado sustancialmente en más de un siglo —a diferencia de otros sistemas reformados como el procesal penal, de familia o laboral—, manteniendo inalterables los anacrónicos principios procesales del siglo XIX, época en que el liberalismo estaba en boga, y por ello se abandonaba el proceso civil a la esfera de lo privado casi de manera absoluta. Calamandrei no tardó mucho en reparar en la inconveniencia de aquello, cuestión que en Chile, casi un siglo después, los legisladores aún no han entendido.

Es una realidad que, en el caso chileno, no haber reformado el sistema procesal civil por más de un siglo, ante una evidente evolución social, ha hecho injusto al sistema, y no sólo porque se obligue al justiciable a litigar bajo distintas condiciones según el tribunal en el que comparezca —hoy un ciudadano no tiene las mismas garantías procesales si litiga ante un tribunal civil o reformado—, sino porque hoy el sistema procesal civil chileno simplemente le impide al juez acceder a la verdad material, debiendo conformarse con la verdad formal al momento de dictar sentencia.

Este problema, no nos engañemos, no lo soluciona la reforma legal que estableció la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales civiles, pues ésta no hace otra cosa que cambiar el soporte de los actos jurídicos procesales de materiales a digitales, manteniendo inalterable los obsoletos principios decimonónicos que hoy impiden que el juez pueda acceder a la verdad material.

Así, las denuncias que hiciera Piero Calamandrei en la Italia de principios del siglo XX están plenamente vigentes en el Chile de principios del siglo XXI, tal como fuera debidamente denunciado en varias de las ponencias que formaron parte de las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, en las que se concluyó sin reparos que la calidad de nuestras normas procesales, sea por anacronismo o desfase cultural, da como resultado sentencias judiciales dictadas por jueces que no acceden a la verdad material, y por tanto, a través de ellas no se consigue una sentencia justa, o menos injusta, o que su injusticia sea cada vez más rara, entendiendo aquello como la verdadera finalidad del proceso.

 
* Simón Zañartu es abogado de la de la Universidad Diego Portales (Chile) y es socio del área Litigios de Garnham Abogados. Hizo el Master Avanzado en Ciencias Jurídicas Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España). szanartu@garnham.com.