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Tribunal de Justicia de la Unión Europea: derecho a la reagrupación familiar

reagrupación familiarRefugiados en Eritrea, Pixabay
Sofía Martin / Javiera Bianchi

El caso es así: una persona menor de edad, de nacionalidad eritrea, que llegó no acompañada a Holanda (Países Bajos), presentó una solicitud de asilo en febrero de 2014. El 2 de junio de ese mismo año, alcanzó la mayoría de edad. El 21 de octubre, el Secretario de Estado holandés le concedió un permiso de residencia en virtud del derecho de asilo, válido durante 5 años, con efectos desde la fecha de presentación de la solicitud de asilo, explica un artículo publicado en el sitio web de la Abogacía Española.

El 23 de diciembre de 2014, 6 meses después de que el joven cumpliera 18 años, una organización holandesa presentó una solicitud para que autorizaran a los papás y los hermanos menores al amparo del derecho a la reagrupación familiar con un menor no acompañado.

En 2015 el Secretario de Estado denegó la solicitud, debido a que la fecha en que se presentó la postulación a la reagrupación, el refugiado ya era mayor de edad. Sus padres impugnaron la decisión, cuestionando si la fecha es realmente decisiva para determinar si una persona es “menor no acompañado” o no.

La Directiva 2003/86/CE de la Unión Europa, dice que la edad determinante es la correspondiente a la fecha de entrada del menor al Estado de que se trate. En el bando contrario se encontraba el Secretario de Estado, quien consideraba que la fecha determinante era aquella en la que se presentó la solicitud.

reagrupación familiarGoogle M

El Tribunal de primera instancia de La Haya planteó que era una cuestión prejudicial a resolver por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este último calificó de menores a los ciudadanos de países que no son de la UE y a los apátridas que, al momento de su entrada en el territorio de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en ese Estado, tenga menos de 18 años. También hizo aplicable esta calificación a aquellos que durante el procedimiento de asilo alcanzan la mayoría de edad y a los que posteriormente se les reconoce el estatuto de refugiado.

El TJUE recordó además que para los refugiados que quieran ejercer el derecho a la reagrupación familiar, la citada Directiva prevé condiciones más favorables, debido a las delicadas razones que les obligaron a huir de su país, impidiéndoles llevar una vida normal en su lugar de origen.

A su vez, el tribunal declaró que la determinación de dicho momento no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro. “Hacer depender el derecho a la reagrupación familiar del momento en que la autoridad nacional competente adopte formalmente la resolución en la que se reconozca la condición de refugiado a la persona interesada y, por consiguiente, de la mayor o menor celeridad con la que dicha autoridad tramite la solicitud de protección internacional, pondría en cuestión la eficacia del derecho a la reagrupación familiar”, expresa el TJUE en la sentencia.

Agrega también que ello iría en contra, no sólo del objetivo de la Directiva, que es favorecer la reagrupación familiar y conceder una especial protección a los refugiados (en particular a los menores no acompañados), sino también de los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica en la Unión Europea.

Por otro lado, considera que tomar en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional, permite garantizar un trato igualitario a todos los solicitantes que se encuentren en la misma situación del joven de Eritrea. Así se garantizaría que el éxito de la solicitud dependerá principalmente de circunstancias atribuibles al solicitante y no a la Administración.

No obstante, el TJUE puntualizó que en una situación de este tipo la solicitud de reagrupación familiar debe producirse dentro de un plazo razonable, en principio, tres meses a partir del día en el que se reconoció al menor la condición de refugiado.

Reunificación o reagrupación familiar en Chile

El lunes 16 de abril, el diario Las Últimas Noticias (LUN) publicó la historia de Roosvelt Elinor y Marie Janvier, pareja haitiana que llegó a Chile en 2016. Sus tres hijos, que tienen entre 17 y 10 años, viven aún en Haití y están al cuidado de la abuela materna.

Los menores tenían pasajes de Puerto Príncipe a Santiago el 17 de abril, para así poder juntarse con sus padres en Chile. El día anterior al vuelo comenzó a regir la nueva normativa de migración, impulsada en marzo por el presidente Sebastián Piñera.

Antes de esta norma, los ciudadanos de Haití no necesitaban una visa de turista y su permiso para estar en el país duraba 90 días, plazo que era igual para extranjeros de otros orígenes. El Instructivo Presidencial, que mediante Decretos guiará la los pasos a seguir en la materia mientras no se apruebe el proyecto de ley de migraciones que está en tramitación en el Parlamento, hizo que la situación para los haitianos cambiara. A partir del 16 de abril se les exige la obtención de un Visado Consular de Turismo Simple con derecho a ingreso y permanencia en el país por un período máximo de 30 días. Esta se tiene que tramitar antes del ingreso al territorio, en el consulado de Chile en Haití.

Pero otra de las opciones previstas en el Instructivo es la solicitad de Visado Humanitario de Reunificación Familiar. En la minuta de la Reforma Migratoria y Política Nacional de Migraciones y Extranjería, dice: “Para efectos de regular los flujos de personas y resguardar las condiciones de su movilidad hacia Chile, se establece un Visado Humanitario de Reunificación Familiar para cónyuges, convivientes civiles, hijos menores de edad y mayores que estudien hasta los 24 años de nacionales haitianos, que no posean antecedentes penales, de 12 meses de duración, prorrogable por una vez, que se regirá por las reglas generales de la visación de residencia temporaria, y con entrada en vigencia el 02 de julio de 2018. Para estos efectos, se autorizará un máximo anual de 10 mil visados humanitarios, los que sólo se podrá solicitar en el consulado chileno en Haití”.

El gran problema: la fecha. Recién podrían postular a la reagrupación familiar en dos meses y medio más. Y eso si es que consiguen quedar entre los 10.000 cupos.

Roosvelt y Marie, presos del tiempo y los cambios de ley, al igual que la familia eritrea, se encontraron en una situación crítica. La opción que les quedaba era cambiar los pasajes para alcanzar a regularizar su situación, pero no pudieron. Si lo hicieran perderían los más de 2.000 dólares que gastaron comprando los asientos del vuelo que traería a sus hijos.

 
Revisa la sentencia del TJUE para el menor de Eritrea.

 
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Tendencias internacionales en colusión y libre competencia

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Sofía Martin Leyton

La colusión es de aquellas conductas que merece mayor reproche contra la libre competencia, dijo Claudio Moraga, vicedecano de Derecho de la Universidad de Chile.

¿Por qué? Porque sus resultados son subida de los precios, concentración de mercado y la reducción de los incentivos al desarrollo. Finalmente, el PIB se ve afectado a la baja, entre otros fenómenos.

Además, la falta de competencia afecta a los sectores vulnerables, dijo, porque su mayor cantidad de ingresos se destina a mercados en los cuales existen indicios de atentados a la libre competencia. Y mencionó el “caso pollos”, la colusión de las farmacias, del mercado del papel tissue (papel higiénico), y el de las cadenas de supermercados para fijar precios de las carnes.

A mediados de 2016 se aprobó la Ley 20.945. La modificación contempla entre 3 años y 1 día y 10 años de privación de libertad, con inhabilitación para ejercer varios cargos, y que quedarán liberados de ello quienes primero hayan entregado información, así como contarán con penas rebajadas quienes lo hayan hecho en segundo lugar, consolidándose así la delación compensada.

Carteles y prácticas concertadas

Enrique Vergara, presidente del Tribunal de Libre Competencia, dijo que la confidencialidad de quienes aportan información es imprescindible y lo complejo que es determinar los perjuicios y los afectados por la conducta anticompetitiva.

También dijo que si bien se había incorporado en la ley de manera explícita los acuerdos concertados, la figura exigía hubiera un acuerdo y que se abusara del poder, lo que era muy difícil de acreditar: “Dichas imprecisiones fueron corregidas en la reforma de 2009, se dijo que debían ser entre competidores y se eliminó el abuso. Nuevamente la jurisprudencia de adelanta. Por último, la modificación de 2016 permitió que no sea necesario acreditar los perjuicios, porque basta que dos o más competidores se ponga de acuerdo”.

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“Hoy contamos con un ente con facultades intrusivas que permiten investigar y llegar a información a la que no se llegaría de otra manera. Ello es disuasivo, al igual que el aumento de las multas, que han subido, fijándose criterios que siguen los estándares internacionales”, añadió Vergara.

También abordó el estándar de prueba y el estándar de convicción, los cuales al no estar definidos en la ley, han debido ser desarrollados por la jurisprudencia. La evolución es un continuo, dijo: “Las penas privativas de libertad van a plantear una serie de preguntas que se despejarán con el tiempo. No es lo mismo pagar una multa que ir a la cárcel, pero el número de casos que va a tribunales es bajo y más bajo aún es la privación efectiva de libertad”.

Por último, acotó: ¿Qué pasa con los precios, la mejoría en calidad o la entrada de nuevos actores competidores, tras haber aplicado medidas de anticompetencia?

Criminalización de los carteles duros

Felipe Irarrázaval, Fiscal Nacional Económico, dijo que desde un convenio firmado el año pasado, comprometió recursos con el RegCom, porque creen que deben tranajar con las universidades para la investigación sobre los temas de libre competencia.

Con el apoyo de 3 informes expertos, esta guía entrega criterios orientadores para identificar caso a caso cuándo deben ser llevados al mundo penal, de modo que sea proporcional

El borrador de guía de querella fue publicado en febrero y hubo plazo para hacer observaciones hasta mediados de abril.

“Hay que dar garantías a las empresas que de buena fe quieren deciden entrar al mecanismo de delación compensada, donde están sometidas a una serie de obligaciones, incluida la colaboración en sede penal, cuando hayan entregado información precisa y veraz”.

La otra cara de la moneda es que frente a las dificultades que impone la norma, “ello incentiva que las partes sofistiquen sus conductas elusivas de la ley y anticompetitivas”.

La cooperación entre autoridades en estos procesos no se materializaría de manera automática, aun cuando la colaboración entre agencias es necesaria y posible: Ministerio Público, policías y tribunales. Ello incrementaría la necesidad de la especialización de las labores de cada uno, “sin perjuicio de desconocer la seriedad de las labores de la Fiscalía Nacional Económica”.

Se han facilitado las piezas de los expedientes que no sean confidenciales, contó. Y añadió: “Es deber de la Fiscalía responder la confianza pública para desbaratar los carteles de manera eficiente y lograr sentencias condenatorias, pero se procurará que esta nueva herramienta resguarde las protección de la libre competencia, con razonabilidad y proporcionalidad en la sanción. La evidencia internacional muestra la dificultad de la vía penal. El caso inglés lo demuestra”.

“El éxito de la política de criminalización no se mide por el número de artículos de prensa ni la cantidad de tuits”, enfatizó.

“No hay otro disuasorio mejor que el riesgo de ser encarcelado”

El profesor de la Universidad de Leeds (Reino Unido), Peter Whelan, irlandés, dijo que diferentes jurisdicciones tienen sus propias particularidades y no podríamos pretender que ciertas soluciones apliquen perfectamente en otros países.

No todos están a favor de la criminalización de actividades de los carteles, añadió. La justificación primaria para aplicar sanciones criminales a un cartel, según Whelan, son que son las más “deferentes” a las políticas antitrust y mandan un mensaje a ejecutivos de otras industrias: “Y no hay otro disuasorio mejor que el riesgo de ser encarcelado”.

La literatura, prosiguió, requiere que la multa esté relacionada con los ingresos futuros. Pero el cálculo no es fácil; la gente pierde sus trabajos y los accionistas, el valor de sus acciones: “El costo social es muy grande”.

Algunas personas individuales puede que no quieran caer en la figura. Debe haber algo en que la empresa paga que el individuo quiera correr el riesgo dándole bonos u otros beneficios.

La idea detrás de toda política y normativa sería que los ejecutivos estén tan preocupados de no caer en sanciones penales, que no entren en prácticas anticompetitivas.

No obstante, como se trata de delitos contra la economía, y no de crímenes como la violación o el homicidio, recomendó ser cuidadosos al tratar la criminalización.

Estados Unidos vs la Unión Europea

La sanción en Estados Unidos es de un máximo 10 años de cárcel, dijo la académica Franziska Weber, de la Universidad de Hamburgo: “La realidad es e que 1969 fue la última vez en que se condenó a alguien por abuso de posición dominante”.

La responsabilidad individual es la piedra angular de la exigencia de cumplimiento, añadió, y contó que se han dictado condenas de hasta 5 años de prisión.

En cuanto a la extradition, las autoridades la persiguen, cuando las legislación se los permite.

“En la Unión Europea, por el contrario, tenemos que gran número de países no tiene sanciones penales: BE, BG, LV, LT, ES, NL, FIN, SWE; tenemos que ser cuidadosos en cuanto hay países que no lo tienen y otros sí”, agregó.

En otros, el máximo es de 10 años, pero porque ha habido presiones, dijo. Lo atribuyó a una señal que se ha querido mandar al mercado. “Las condenas suelen tener una sanción alternativa que no lleva a prisión efectiva”, aclaró.

 

TerraLex: networking, conocimientos y más

¿Sabías que existe una organización llamada TerraLex?

Se trata de una entidad de 25 años de antigüedad, que ofrece acceso a firmas confiables, que estén ubicadas en otros países y que aseguren apoyo legal en diversos lugares del mundo.

El objeto es ayudar a las firmas que son miembros a que puedan atender las necesidades de sus clientes a través de una red internacional de despachos de probada calidad y que manejen ciertos estándares.

Como se trata de una asociación voluntaria, advierten en su sitio web, cada participante tiene el derecho de trabajar con la firma que quiera para los clientes que libremente decida: “Las firmas miembro operan como empresas separadas, responsables cada una por sus propios equipos de trabajo y el resultado de sus servicios”.

Del 18 al 21 de abril se llevará a cabo el TerraLex Global Meeting 2018, en Barcelona, donde habrá workshops, coloquios y sesiones de networking para tratar temas de actualidad que preocupan al sector, incluyendo nuevas tendencias e innovaciones que están cambiando la profesión jurídica.

Como no podría ser distinto, se abordarán iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, desarrollo de negocios, relacionamiento con los clientes, expansión internacional y la gestión de planes estratégicos en distintos ámbitos.

Miembros

La organización se presenta destacando que agrupa a más de 100 países, más de 600 oficinas de todo el mundo, que incluyen a 19.000 abogados.

Al hacer una búsqueda en sitio web de la organización, por países, se puede encontrar una ficha con algunos de los socios y áreas de práctica de los siguientes estudios latinoamericanos:
Brons & Salas (Argentina)
Carey (Chile)
Estudio Jurídico APT (Bolivia)
Fiorio, Cardozo & Alvarado (Paraguay)
Lloreda Camacho & Co. (Colombia)
Olivera Abogados (Uruguay)
Rubio Leguía Normand (Perú)
Tobar ZVS Spingarin (Ecuador)

Son General Officers de Sudamérica Victor Ferro Delgado, del estudio Rubio de Perú, y el argentino Guillermo Malm Green, de Brons & Salas.

Compliance: el desafío de transformar reglas en comportamientos

comportamientosPatricio Véliz
Patricio Véliz Möller

Recientemente Transparencia Internacional ha entregado su reporte correspondiente al año 2017, sobre percepción de la corrupción en instituciones públicas, confirmando el aumento de la misma en valores agregados, pese a los esfuerzos que se vienen desplegando para su prevención.

Muy probablemente esta percepción tiene mucho que ver con la “hiperconectividad” de nuestra sociedad, que otorga menos espacios al secretismo y la corrupción. En tal sentido, no es extraño que Transparencia Internacional plantee la existencia de una correlación entre la corrupción y la falta de libertades de expresión, acceso a la información y participación ciudadana en varias naciones.

En la medición de 2017, Chile bajó tres posiciones relativas en este ranking (del lugar 23 al 26), sin embargo, lo cierto es que mejoró el score del año anterior (66 a 67 puntos), aspecto que resulta ser el más relevante de la medición, más allá de que lo primero confirma que otros países nos han ido superando por sus mayores esfuerzos en estas materias.

El panorama de la región merece un comentario especial: Argentina, Perú, Colombia y Brasil han promulgado leyes recientemente para establecer la eventual responsabilidad penal o administrativa de las entidades legales en algunas acciones criminales y promover la creación de modelos de prevención de delitos (también llamados modelos de integridad).

El enfoque principal de estas leyes apunta a la persecución del soborno en transacciones comerciales internacionales, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el enriquecimiento ilícito, falsedades en balances, entre otros.

Al igual que Chile lo hizo ya en 2009, con la dictación de la ley 20.393, estos países buscan cumplir, entre otras, con las regulaciones de la Convención de la OECD de 1997, contra el soborno a funcionarios públicos en transacciones internacionales.

La experiencia demuestra, sin embargo, que el desafío mayor consiste en que estas reglas se transformen efectivamente en los comportamientos esperados.

El foco de la gestión moderna debe estar en construir una cultura basada en valores y la emisión de reglas es solo el primer paso para lograrlo.

La experiencia de Chile es muy valiosa para el resto de la región, particularmente por lo difícil que ha resultado internalizar esta mirada. Dictar una normativa que promueve conductas de prevención y transparencia, evidentemente no se agota en el acto de promulgarlas. Lo verdaderamente relevante es lograr que esta se cumpla y no solo formalmente.

Para esto es necesario que las empresas visualicen los beneficios que la ética y las buenas prácticas pueden reportar al negocio y que un buen programa de compliance, más allá de evitar potenciales sanciones constituye una oportunidad de crear una cultura basada en valores, lo que tiene relevancia económica en el mercado de hoy, fuertemente influido por el impacto reputacional de las malas prácticas.

Es deseable en esto un rol muy claro del regulador, tanto en lo que atañe a la definición de los estándares de un buen programa de compliance, como en la definición de los criterios para la evaluación de su efectividad.

Igualmente fundamental resulta el rol de quienes son los llamados a perseguir la responsabilidad penal o administrativa de las empresas frente a la falta de ejercicio del rol de dirección y supervisión que les ha transferido el Estado para la prevención de delitos. Sin una actuación decidida de estos órganos, no se logrará el denominado “enforcement” o efectiva aplicación de la ley, transformándose esta en letra muerta.

Entonces, no debiera inquietarnos demasiado el que las recientes legislaciones regionales pongan énfasis en distintos elementos para la creación de una cultura de ética y cumplimiento al interior de las organizaciones. Lo cierto es que, en mayor o menor grado, todas ellas se visualizan funcionales para crear un modelo o programa de integridad.

Lo que sí debiera preocuparnos es que no exista un regulador claro que entregue lineamientos a las empresas, mediante su reglamentación y comportamiento, en torno a la estándares y medición de la efectividad de estos programas preventivos de delitos, aspecto clave que se juega con posterioridad a la dictación de la normativa legal.

En fin, está por verse si todas estas iniciativas legislativas y el entorno llamado a su mejor y efectiva aplicación, logran su objetivo, transformar las reglas contenidas en la norma en las conductas o comportamientos esperados.

 
* Patricio Véliz Möller es abogado UC, Máster en Derecho de Empresa de la U. de los Andes y es Compliance Officer Metro de Santiago.

 

(*) Pasajes de esta columna corresponden a una exposición del autor realizada en Buenos Aires, Argentina, en febrero de 2018, ante el “Anticorruption Working Group (ACWG)”, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 o “G20” y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico “OECD”.

En Turquía: 103 abogados condenados, 580 arrestados y 1.539 procesados

TurquíaThe Arrested Lawyers Initiative

El organismo Arrested Lawyers Initiative (Iniciativa Abogados Detenidos) publicó el reporte “Encarcelación de abogados turcos | Arrestos y condenas masivos (2016-2018).”

De acuerdo al informe, 1.539 abogados turcos han sido procesados y 580 han sido detenidos desde julio de 2016. Pero no sólo eso: tribunales de primera instancia han dictado largas condenas para 103 profesionales, basados en el artículo 314 del Código Penal de ese país.

El reporte revela que todos los abogados perseguidos han sido imputados por delitos asociados a terrorismo. Las principales 2 acusaciones son “pertenecer a una organización terrorista armada” y “crear y liderar una organización terrorista armada”.

De acuerdo a la ley, estos delitos son sancionados con condenas que van desde los 7,5 a los 22,5 años de prisión.

Según el informe, el Código Penal turco no tiene una definición de organización o grupo armado. La falta de definiciones legales y de criterios sobre la organización del terrorismo armado y del crimen de pertenecer a estos grupos, los hace propensos a la aplicación arbitraria de la ley.

Después del intento de golpe de Estado en Turquía en 2016, esta área borrosa del código penal ha sido utilizada activamente por el gobierno turco en contra de los opositores. 402.000 personas han sido investigadas, enjuiciadas y/o condenadas por delitos de terrorismo.

Los abogados han sido especialmente atacados además, debido a las tendencias políticas de sus clientes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que se observa un patrón de persecución a profesionales que representan a personas acusadas de delitos de terrorismo. Incluso han sido procesados ​​por los mismos u otros delitos que sus propios clientes.

Por último el informe recomienda la cooperación de organizaciones internacionales y de las Bar Associations, para ejercer presión en el cumplimiento de los los derechos humanos universales y para que Turquía alinee su legislación penal con los estándares de la Unión Europea.

“Los abogados y defensores de los derechos humanos arrestados han sido sometidos a un tratamiento inhumano por parte de los funcionarios turcos. Necesitan desesperadamente que la acción provenga de organizaciones europeas. Cualquier esfuerzo en apoyo de los abogados detenidos, los defensores de los derechos humanos y otras víctimas de las acciones ilegales del gobierno turco, es muy apreciado”, finalizan los miembros de Arrested Lawyers Initiative.

 
Si quieres leer el reporte completo, haz clic aquí.

Noviembre, el mes en que Michelle Taruffo y Jordi Nieva estarán en Chile

Michelle TaruffoDerecho UC
Sofía Martin L.

Esto no pasa a menudo en la región y la recomendación es que no te lo pierdas; todavía tienes tiempo para considerarlo en tu agenda, comprar los pasajes y reservar hotel.

Dos grandes procesalistas están confirmados para exponer en las VII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, entre el 7 y el 9 de noviembre.

En un encuentro que ya se ha convertido en un clásico en Chile y que este año tendrá el tono optimista de una reforma procesal civil que debería haberse reactivado a esas alturas, los asistentes podrán disfrutar de 2 conferencias magistrales de primerísimo nivel: el jueves 8 de noviembre, el catedrático de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva abordará el tema “Valoración de la Prueba Pericial y Prueba Científica”, mientras que el viernes 9 de noviembre, el reconocido académico italiano Michelle Taruffo expondrá sobre “Prueba Indiciaria”.

Las jornadas se organizan por un consorcio compuesto por las universidades de Chile, Católica de Chile, de Concepción, de Talca, Católica de Valparaíso y de los Andes, junto al Instituto Chileno de Derecho Procesal. En esta versión, el plantel anfitrión será la UC y el eje temático estará puesto en la prueba.

Concurso de ponencias

En esta oportunidad, el evento se estructurará en 7 paneles, con 4 expositores cada uno: 2 invitados y los otros 2, seleccionados por concurso.

Pueden participar profesores y alumnos, presentando ponencias sobre cualquier aspecto relativo a la Prueba, tanto con su Parte General —noción de prueba, objeto, tema, carga, valoración y procedimientos probatorios— como con la Parte Especial —fuentes y medios—, siempre que digan relación con los procedimientos jurisdiccionales vigentes en los diversos ámbitos del ordenamiento jurídico nacional.

Así, podrán postularse ponencias sobre proceso civil, penal, constitucional, laboral, de familia, contencioso administrativo y procedimientos especiales.

Habrá un concurso de académicos y otro de estudiantes, pero todos tienen como plazo máximo de envío del abstract o resumen de la ponencia propuesta, el sábado 30 de junio de 2018, al correo electrónico jornadasprocesales@uc.cl.

La decisión de las ponencias seleccionadas será comunicada directamente a los candidatos el 31 de julio y el texto completo de cada ponencia seleccionada deberá ser enviado a más tardar el 30 de septiembre.

Los ponentes cuyos trabajos sean seleccionados como los dos mejores podrán exponer su trabajo en el panel respectivo; los alumnos lo harán en la sección del miércoles 7 de noviembre, especialmente destinada a ellos.

Si quieres mayor información, haz clic aquí.

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Garrigues y sus 357 millones de euros

Ayer apareció publicado en distintos medios españoles, como Expansión y Confilegal, que el despacho Garrigues facturó € 357 millones en 2017.

La firma, que se estaría consolidando no sólo como la más grande de España, sino también de Europa continental, desde 2013 ha tenido un agresivo crecimiento en Latinoamérica, donde decidió aterrizar en Colombia, Perú, México, Chile y Brasil, trayendo su marca, más allá de las típicas alianzas con estudios locales.

Las cifras que se hicieron públicas son que creció un 2,2% más que en 2016.

Si se miran sus horas facturadas, habrían crecido un 4,9%, al situarse en 1,78 millones; su área mercantil habría crecido un 7,4% y sería el 33% del total de sus operaciones; y en América Latina, su expansión habría sido tal, que la hizo crecer en un 30%.

La oficina de Bogotá, Colombia, sería la más rentable en el Cono Sur.

El presidente de Garrigues, Fernando Vives, dijo que en los últimos 8 años lograron un aumento sostenido en la facturación, pero que además, han mejorado la productividad y la tasa de ingresos por profesional. Esta ratio mostró que en promedio general, por cada profesional hubo ingresos de € 249.200; que en España fueron de € 265.000; y que específicamente en Madrid llegaron a los € 383.300.

Y es de toda esta información —que también libera Cuatrecasas, así como múltiples estudios jurídicos anglosajones— de donde surgen varias preguntas.

Podemos hacer gala de nuestra famosa desconfianza, cuestionarnos la presentación de la información y si tomamos conocimiento de ella por políticas internas de cada firma, por requerimientos legales o por estrategia comunicacional: “Soy el más grande, gano mucha plata y soy mejor que tú; soy el experto, el que todos buscan, la reina de la fiesta y de aquí nadie me saca”.

Puede ser.

Pero al menos existe información. ¿Qué podemos decir de las más prestigiosas oficinas de Chile, Perú, Argentina o Colombia? ¿Tenemos, como miembros del mundo jurídico o simplemente como ciudadanos, conocimiento acerca de la industria? ¿Niveles de facturación, tasas de crecimiento, desarrollo o cierre de áreas de práctica, rentabilidad, escalas salariales? No o es casi inexistente. Y resulta que es una sana práctica de transparencia de mercado, que impulsa la libre competencia, tiende a corregir vicios de gestión e incentiva la adopción de mejores prácticas.

 
Sofía Martin Leyton
Directora
Idealex.press
@Idealex_press

La batalla de la banca contra los traders de criptomonedas

criptomonedasBuda.com

El viernes 6 de abril, en el programa de podcasts que puedes encontrar en Youtube, de nombre “Entreprendidos“, se abordó lo que los participantes llamaron “la crisis de las criptomonedas en Chile”.

Agustín Feuerhake (@AgustinF) co-fundador de Buda.com, fue entrevistado por @entreprendidos sobre la situación que está viviendo Chile: “Hoy si quiero comprar criptomonedas con pesos chilenos, no puedo”, dijo Marcelo Díaz Bowen, el entrevistador.

“Todavía se puede”, aclaró Feuerhake, quien dirige esta empresa que compra y vende criptomonedas, donde se procesaron cerca de 100 millones de dólares en 2017, pero que para ello necesita de una plataforma bancaria para que las personas puedan hacer o recibir sus transferencias electrónicas. “Estamos procesando cerca de 600 retiros diarios y una cantidad similar de abonos”, añadió.

Pero hace 2 semanas la banca chilena dio un vuelco en su relación y comenzó a cerrar cuentas corrientes para estos efectos.

“Dependemos de este servicio bancario; teníamos 2 proveedores, Itaú y Banco Estado, con quienes teníamos una muy buena relación y varios procesos automatizados”, dijo el ejecutivo. La primera carta que les comunicaba el cierre de la cuenta fue del banco Itaú y fundamentaba la acción en “los motivos que conversamos”, dijo Fuerehake. “Pero nunca lo conversamos”, reclamó en la entrevista.

El mismo día, Scotiabank llamó a CryptoMarket, competencia de Buda.com, y a Orionx le ocurrió lo mismo. Banco Estado, por su parte, también avisó el cierre de las cuentas.

criptomonedasOrionx.com

¿Existe una regulación hoy en Chile?— preguntó el entrevistador.
— Por supuesto, respondió. “No existe una regulación que prohíba la compra de estas monedas”.

“La banca decidió acabar con este mercado”, fue una de las declaraciones hechas en el podcast. La reacción fue interponer recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con las correspondientes órdenes de no innovar. Hoy, en el diario “El Mercurio” se publica que el abogado Mario Bravo, experto en libre competencia y derecho del consumidor, ya fue contratado por Buda.com y CryptoMarket para iniciar acciones en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

En el artículo de la periodista Claudia Ramírez, se lee que el principal argumento de la banca “es la libertad que tienen para cerrar las cuentas de sus clientes en caso de que no cumplan con algunos estándares”. El “número altísimo de transacciones” y respuestas de las empresas que la banca no habría considerado “satisfactorias”, los habría facultado para proceder al cierre, es la explicación que dio Scotiabank.

Desde el polo opuesto, el abogado Mario Bravo argumenta que los bancos “no tienen ninguna autoridad para hacer justicia en Chile”. “Para eso están los tribunales de justicia, los órganos fiscalizadores, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central”, dijo a “El Mercurio”.

Mensajes de texto y WhatsApp

Agustín Feuerhake quiso hacer una analogía y recordó cómo las compañías de teléfonos, en particular telefonía móvil, cobraban por los mensajes de texto. En la época eran unos CLP 50 por mensaje (cerca de 10 centavos de dólar) y significaban ingresos, que cuando apareció WhatsApp bien podría haber traído como respuesta de las compañías “por mis redes de telefonía e internet, no va a pasar WhatsApp; vamos a bloquearlo”. ¿Por qué? “Porque es peligroso, nadie lo controla, los mensajes van encriptados, así que se prestaría para terrorismo o pornografía…”, continuó.

“Pero las ‘teleco’ compiten entre ellas y si una decidiera bloquear WhatsApp, nos cambiamos todos a la otra…Los clientes saben que ninguna de estas empresas les permite operar de manera anónima; eso también es absolutamente falso”, remató.

“Aquí se está abriendo la puerta a una tecnología mundial que va a ‘baipasear’ un modelo de negocios que es muy importante”…

Nota de la redacción: Con fecha 10 de abril se publicó en Diario Financiero que las empresas Orionx y CryptoMKT anunciaron que dejarán de operar en Chile, al menos temporalmente, y devolverán los dineros a sus mandantes. Buda.com, en tanto, ha logrado mantener abierta una de sus cuentas bancarias y dijo que mantendrá sus operaciones por el momento.

 
Si quieres ver el video completo, haz clic aquí.

¿Quieres mejorar la configuración de tu privacidad en Facebook?

Ha sido de los tópicos más comentados en el mundo y ha tenido múltiples repercusiones en todos los ámbitos, desde el político hasta el financiero: las investigaciones periodísticas que revelaron que la consultora de marketing Cambridge Analytica había obtenido y procesado información de cerca de 87 millones de usuarios de Facebook, con el objetivo de usarla en campañas de propaganda electoral, hizo que la red social más conocida del mundo perdiera más de US$ 58.000 millones en capital bursátil.

Facebook afirmó que su política de privacidad es “relativamente clara y concisa” y que protege toda la información que recopila de sus usuarios. Y como generalmente viene dada “por defecto”, la crítica se habría dirigido a los usuarios, quienes por lo general no se toman el tiempo de buscar las opciones correspondientes y decidir qué compartirán y qué no.

En un comunicado de prensa enviado hoy, la empresa Arkavia Networks quiso colaborar, entregando recomendaciones de control de privacidad a aquellos usuarios de Facebook que tras el escándalo han decidido mantener sus cuentas y perfiles.

facebookDavid Alfaro

Así, David Alfaro, gerente general de esta compañía dedicada a seguridad de la información, comentó que existe una opción que le permite a los usuarios ver qué datos posee de cada cual. Para ello debes ingresar a “Configuración” ey buscar “Descarga una copia de tu información en Facebook”. Si haces clic allí, recibirás un correo con un link para descargar un archivo ZIP que contendría todo lo que la red social tiene sobre ti.

Además de ello, Alfaro sugiere:

1.- Oculta tu perfil en Google: 
Ello limita el acceso a los buscadores.
Desde tu organizador puedes acceder a “Configuración” y buscar la opción “Privacidad”. En dispositivos móviles busca “Accesos directos de privacidad”, “Más opciones” y “Privacidad”.
Una vez ahí, encontrarás un “Sí” junto a “¿Quieres que otros motores de búsqueda muestren el enlace de tu biografía?”. Dale clic a “Editar” y desactiva la opción “¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil?”.

2.- Verifica tus etiquetas:
 Si no quieres que te etiqueten, existe la opción de deshabilitar esa función.
En Configuración busca “Biografía y Etiquetado”. Luego Activa la opción “¿Quieres revisar las etiquetas que otros añaden a tus publicaciones antes de que aparezcan en Facebook?” y así tú decidirás que etiqueta permitir o no.


3.- Oculta la lista de tus amigos: 
Desde tu dispositivo haz clic en tu nombre, y en la entrada “Amigos” presiona “Editar privacidad”. Esto te permitirá elegir quién puede ver tu lista de amistades de Facebook.

4.- Controla a quién quieres mostrarle tu información:
 Busca “Información de contacto”, dale “Editar” y elige.
Allí podrás revisar a quién le muestras la información de tu perfil. Ésta puede ser visible para Público (todos), Amigos (contactos de Facebook), Sólo yo (usuario) e incluso es posible elegir un segmento personalizado.

5.- Decide quién puede ver tus publicaciones:
 Puedes seleccionar el “Público” al que quieres dirigirla.
Las opciones son similares a las del punto anterior: Público, Amigos, Amigos excepto… (excluir los nombrados), Sólo yo y Amigos concretos (seleccionar). Facebook te permite crear tus propias listas. Haz click sobre tu nombre, anda a a la opción “Amigos” y allí podrás dejar a tus amigos en listas personalizadas. Además, es posible marcar a cada contacto como “mejor amigo” o sólo como “conocido”.


6.- Marca todas tus publicaciones como privadas por siempre:
 Busca “Configuración” y haz clic en “Privacidad” desde computadores de escritorio o “Accesos directos de privacidad” en dispositivos móviles.
Fíjate en “¿Quieres limitar el público de las publicaciones que has compartido con los amigos de tus amigos o que has hecho públicas?”, pues este control limita las publicaciones antiguas. De esta manera, sólo tus amigos podrán leer las entradas antiguas. Ten presente que si así lo quieres, siempre tendrás la opción de liberar alguna de las entradas de forma manual e individual.

7.- Impide que Facebook acceda a tus aplicaciones: 
Cuando instalas apps, muchas te pedirán acceso a tu cuenta de Facebook, pero no todas lo necesitan para operar. Por lo mismo, es recomendable que vayas a la opción “Aplicaciones”, vía “Configuración” y elimines las aplicaciones que no utilices o que no necesiten ese permiso.

Presupuesto español: 131 millones de euros a transformación digital de la Justicia

transformación digital de la justiciaPixabay
Catalina Wallace

El sitio especializado Law & Trends informa que el Estado destinó a Justicia € 1.926 millones para 2018, lo que constituye un 3,1% más que el año pasado.

Este presupuesto contempla una inversión de € 131,3 millones para la transformación digital de la Justicia, “que permitirán, entre otras actuaciones, consolidar y completar los proyectos de Justicia y Fiscalía digital”, dice la nota.

Entre los objetivos de este ítem se encuentra también diseñar un nuevo sistema de gestión procesal para el Ministerio de Justicia, ofrecer nuevos servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos, reforzar la formación a los usuarios de servicios digitales de las sedes judiciales y renovar el equipamiento audiovisual de las salas de vista.

La publicación informa que también se aumentará la seguridad de los sistemas de la Administración de Justicia a través del fortalecimiento de las infraestructuras del Centro de Proceso de Datos y se pondrá en marcha un nuevo Centro de Control Tecnológico. Ello permitiría mejorar el monitoreo en tiempo real de los servicios.

Asimismo, en esta partida se incluyen € 2,8 millones que Justicia invertirá en la transformación y modernización tecnológica del nuevo Registro Civil digital.

Más funcionarios

De acuerdo a Law & Trends, este presupuesto prevé lograr una “Justicia con más y mejores medios personales y materiales”, mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita, fortalecer el modelo de lucha contra la violencia de género y la asistencia a las víctimas de delitos.

En el capítulo de gastos de personal, este año se destinarán € 1.382,8 millones, el 78,7% del presupuesto total del Ministerio, lo que supone un incremento del 2,5% respecto de 2017.

“Esta dotación se traducirá en un aumento retributivo del 1,75 para el personal de la Administración de Justicia y en la mejora de la calidad y profesionalización del empleo mediante una Oferta de Empleo Público que incluirá 3.759 plazas. La Ley de Presupuestos Generales del Estado califica como prioritaria la Administración de Justicia por lo que habilita una tasa de reposición del 100% para los distintos Cuerpos, lo que permitirá este año la creación de 1.087 nuevas plazas. Además, y con objeto de reducir la temporalidad se ofertarán otras 2.672 plazas hasta ahora ocupadas por personal interino. Asimismo, la Oferta de Empleo Público de 2018 permitirá la incorporación de 300 nuevos jueces y fiscales”, se lee.

 
Si quieres leer el artículo original completo publicado en Law and Trends, haz clic aquí.