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Construcción, un área de especialización con escasez de abogados

Sofía Martin / Javiera Bianchi

Mucho se ha hablado del auge de especialidades como tributario, laboral o ambiental, sobre todo debido a las últimas reformas en el país. Compliance, energía y litigación arbitral han sido otras de las áreas que han tenido un crecimiento sostenido. Pero abogados en construcción son cada vez más solicitados, aun cuando en el mercado la tendencia no se visibilice.

Matías Ortúzar, gerente de procesos de Idealis Legal Recruitment, califica de verdadera “escasez” a esta rama del Derecho: “No son más de 10 los especialistas duros en contratos de construcción EPC”, dice, refiriéndose a profesionales senior, a “eminencias”. Se trataría de abogados capaces de prever contingencias que pueden suceder en los próximos 20 años, que deben tener pensamiento abstracto y trabajar con otras disciplinas.

La poca cantidad de abogados sería una característica extensiva a las firmas: no habría más de 10 estudios en Chile dedicados a construcción, contando tanto los que generan estos complejos contratos como los que se dedican a la litigación en la materia.

Felipe Hermosilla, director del diplomado en derecho de la construcción, que imparte la Universidad Católica de Chile desde el 6 de agosto, estima que la falta de especialistas dice relación con cómo se formaron los pocos que hay: “Hasta hace no mucho lo hacían en la práctica y algunos, en el extranjero, pero ahora existen muy buenos programas en Reino Unido y Australia. Hoy tenemos jóvenes promesas que están muy bien preparadas”.

Los modelos

Y explica que el diplomado fue una respuesta a esta especialización que va creciendo en el mundo y que considera un mercado donde se puede distinguir a distintos intervinientes. Por un lado están los mandantes o titulares de un proyecto, que son los dueños de la infraestructura: los que encomiendan la ejecución de las obras. Pero si hay concesiones públicas, entonces el que licita es el Ministerio de Obras Públicas.

Ahora bien, si se mira desde otro ángulo, tenemos que en Chile el Estado contrata la construcción de grandes obras por 2 vías: en una es el el Fisco mismo el que paga la construcción a la empresa que ganó el contrato, a medida que se va certificando el cumplimiento de los hitos de avance, mientras que en la otra, el adjudicatario es un concesionario que no sólo construye, sino que también financia el proyecto, quedándose con la facultad de hacer cobros a los usuarios por una cierta cantidad de años para recuperar la inversión y obtener la rentabilidad.

Las normativas son distintas pues la estructura es diferente. “Un abogado que presta asesorías puede saber mucho de derecho contractual, de obligaciones, pero la infraestructura pública requiere de conocimientos que van más allá de derecho civil y que incluyen derecho administrativo y multiplicidad de regulaciones, porque en esta materia hay gran dispersión normativa”, afirma este profesor, que hoy trabaja como asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas chileno.

La conflictividad

En el diplomado habrá módulos que analizarán reclamaciones, jurisprudencia administrativa, casos y el derecho de la construcción en el Common Law.

Se trata de una industria sumamente conflictiva, explica Hermosilla: “Siempre hay riesgos cuando se construye”. Y ejemplifica con varios de ellos, como el viento, la composición y mecánica de suelos, la existencia de acueductos, servicios públicos, hallazgos arqueológicos y osamentas humanas, elementos que pueden incidir en aumentos de costos, desplazamientos de plazos y, en definitiva, en responsabilidades. “Por lo mismo es que se requiere un abogado acompañando ese proceso; no uno que busca trabas o requisitos, sino opciones”, añade.

Como se trata de una característica a nivel global, Australia es uno de los países que ha liderado figuras contractuales colaborativas, en las cuales no es que cada parte esté “en una trinchera”; en que una parte gane y la otra pierda, sino que se usan mecanismos de riesgo compartido.

El programa del diplomado

Entre el 6 de agosto y el 22 de diciembre se dará el Diplomado en Derecho de la Construcción que impartirá la Universidad Católica de Chile.

Entre el nutrido grupo de profesores están Juan Pablo Halpern, Magíster en Políticas Públicas y Administración de la London School of Economics y socio de Alessandri.

Algunas de las materias que se enseñarán serán el régimen jurídico aplicable a la infraestructura privada y el correspondiente a la infraestructura pública; administración de contratos de construcción y financiamiento de proyectos.

En lo relativo a los conflictos, se explicarán cuáles son los principales, así como los mecanismos de prevención y de resolución de controversias en esta materia.

Además, se abordarán las “condiciones latentes”, calidad de los trabajos y variaciones en las obras; ligado a ello, los seguros y garantías en los proyectos de infraestructura, y estudios y peritajes.

Si quieres conocer el programa completo, haz clic aquí.

Contratos de construcción

¿Epecistas? ¿Qué es eso? Te lo explicaremos en unos días más, junto a una descripción de los diversos contratos que aborda esta rama del Derecho.

Amanda Hamilton-Stanley será la nueva gerente legal de Pernod Ricard

La empresa de bebidas alcohólicas Pernod Ricard nombró a su nuevo gerente legal, Amanda Hamilton-Stanley, quien volverá a la compañía en septiembre de 2018, cuando el abogado Ian FitzSimons deje el cargo tras 16 años.

Hamilton-Stanley se unió a Allied Domecq en 2001, como senior legal counsel. Luego, en 2007, asumió el mismo cargo para el grupo Pernod Ricard. Desde 2011 trabajó en la filial Chivas Brothers, productora de whisky escocés.

Pernod RicardAmanda Hamilton-Stanley, LinkedIn

En Chivas Brothers, según publicó la ejecutiva en su Linkedin, tenía bajo su responsabilidad entregar soporte legal a todas las áreas de negocio, incluidas transacciones corporativas, acuerdos comerciales, propiedad intelectual, adquisiciones, marketing, finanzas y compliance.

Chivas produce marcas premium de whisky y gin, como Chivas Regal, Ballantine’s, Royal Salute, The Glenlivet, Aberlour, Scapa, Beefeater y Plymouth.

En un comunicado, tal como se estila en los países anglosajones y últimamente en los nuestros, Pernod Ricard agradeció a su consejero legal saliente por su notable contribución y haber sido un actor relevante en la transformación del holding.

Ya en febrero es este año, de acuerdo a la publicación The Spirit Business, el grupo había anunciado una serie de cambios en las cabezas de diversos equipos de trabajo.

El lado oscuro del Derecho. Y el nuestro

Esteban VilchezEsteban Vilchez
Esteban Vilchez Celis

El discurso habitual en nuestras universidades, tribunales o seminarios académicos, es que el derecho ha sido uno de los principales elementos civilizatorios, una herramienta eficaz en contra de la barbarie, la opresión o la violencia.

Pero tengo muchas dudas al respecto.

El magnífico libro de Antonio Madrid, La política y la justicia del sufrimiento (Editorial Trotta, Madrid, 2010), contiene una reflexión interesantísima acerca de la profunda relación entre el Derecho y el sufrimiento de las personas. Sobre esta relación es que se construye todo el andamiaje indemnizatorio de aquello que llamamos “daño moral”, en el que el concepto dominante hasta hace poco era el del pretium doloris o precio del dolor. Es el sufrimiento humano, en sus manifestaciones más terribles, el que se enseñorea en un derecho penal que apenas disimula el pesar infinito de quienes pierden a seres queridos a manos de delincuentes o a manos de un Estado que se cree con el derecho de asesinar gracias a veredictos pomposamente leídos, manifestación extrema, esta última, de que la pena no es sino el sufrimiento estatalmente legitimado.

O se trata, si se quiere un último ejemplo, de las enormes dosis de sufrimiento que se respiran en los tribunales de familia, en donde parejas destrozadas en sus sueños deben añadir a ese dolor la amargura de disputarse el cuidado de los niños o los ingresos de cada quien para mantenerlos.

Lo que Madrid nos dice es que, en definitiva, quienes estamos insertos en el mundo del derecho no podemos olvidar, en medio de los tecnicismos y el afán por el hablar críptico que, finalmente, el Derecho tiene que ver con el sufrimiento humano. Y que el buen jurista, el auténtico amante del Derecho, debería ver cómo emplear sus conocimientos para disminuirlo.

Si usted puede leer, por nombrar al azar, a Norberto Bobbio o a Eugenio Raúl Zaffaroni, también puede leer, al otro lado del pensamiento jurídico, a Carl Schmitt, quizás el más importante ideólogo jurídico del nazismo, para quien causar sufrimiento a través del derecho es algo que, como para otros, puede ser perfectamente natural y justificado.

La legislación de grandes imperios que promovían y regulaban la esclavitud de los vencidos; las leyes promulgadas por las potencias colonialistas para mantener el yugo y la explotación; la abundante legislación que permitía condenar a brujas y herejes; las normas procesales que ponderaban el valor probatorio de confesiones obtenidas en medio de los espasmos del horrendo dolor del imputado sometido a tortura; las leyes de Nüremberg de 1935, redactadas por el jurista nazi Wilhem Frick, en el séptimo congreso anual de NSDAP, celebrado en esa ciudad; las especiales regulaciones para el maltrato de los detenidos en Guantánamo o Abu Ghraib; las legislaciones de las dictaduras latinoamericanas basadas en la doctrina de la seguridad nacional… ¿es necesario insistir con más ejemplos acerca de cómo el derecho puede ser instrumento de la barbarie y el sufrimiento?

En Chile, nuestro ordenamiento jurídico es cruel con los deudores, culpables o no de su insolvencia; es indolente con los ancianos a través de una legislación de seguridad social que los condena a la pobreza; es dañina con un medio ambiente que es asolado y que arroja a las comunidades a la contaminación y la falta de agua; y, cómo no, es despiadado con los que van a la cárcel, casi todos pobres y sometidos a una humillación muy por sobre la pérdida de libertad.

Esta forma despiadada de ver el derecho se cuela en todos los rincones de la sociedad: según una reciente encuesta, un 57% de los niños chilenos estarían de acuerdo con una dictadura aunque se violen los derechos humanos, si es que significara orden y seguridad, y un 52% lo estaría si trajese beneficios económicos; un 76% de los chilenos cree que un Carabinero está jurídicamente amparado por alguna norma para disparar a un joven de 20 años que comete el desatino de no obedecer a un control vehicular; una conductora de televisión, como Tonka Tomicic, y una panelista, como Macarena Tondreau, le dicen a todos los que las escuchen que les parece “merecido” (o sea, “justo”, “debido”, “correcto”) que a sujetos acusados de matar horriblemente a una mujer se les torture en la cárcel, con aplicación de electricidad de por medio. Esas no son solo afirmaciones tontas, sino sobreabundantes de crueldad.

Es hora, quizás, de preguntarnos por el lado oscuro del derecho. Y por el nuestro.

 
* Esteban Vilchez Celis es socio del estudio chileno AD Abogados. Se ha especializado en derecho penal, derecho eléctrico, derecho de la construcción y derecho administrativo sancionatorio.

Debate del uso medicinal del cannabis en el Perú

uso medicinal del cannabisMaritza Reátegui, Estudio Muñiz
Maritza Reátegui

Se encuentra en debate en el Perú el proyecto de reglamento de la Ley 30681 que permite el uso medicinal del cannabis y la posibilidad de regular su consumo y beneficiar a los pacientes que han sido diagnosticados para este tratamiento.

Sin embargo, será letra muerta si no se mejora en los siguientes puntos críticos:
Acceso a los pacientes: es un hecho que existe un consumo informal del cannabis con fines medicinales para los pacientes que lo requieren y esta situación está regulada y aceptada en muchos lugares. Países cercanos como Chile y Colombia ya han dado los primeros avances sobre estos temas.

Temas regulatorios: es un punto a favor del país que se esté regulando el uso medicinal del cannabis para formalizar el consumo. Sin embargo, hay varios temas por mejorar e incluir para que la regulación no sea una barrera de acceso al mercado.

Registro sanitario: el proyecto propone el registro sanitario como medicamento herbario y cuyos requisitos tienen exigencias tan altas como las de un producto farmacéutico, por ejemplo, los estudios clínicos de seguridad y eficacia. Si este es el camino que se va a seguir para registrar el cannabis no se va a tener un solo registro sanitario en el país.

En Canadá no existe la figura del registro sanitario y el control se lleva en los procesos de producción asegurando la trazabilidad de todos los insumos. En otros países, se trata como un producto natural, figura que sería viable de acuerdo a nuestra regulación.

Licencias: la norma establece licencias para la investigación, importación o comercialización y producción.

En este sentido, hay dos temas que falta aclarar o incluir:
Licencia de exportación: en todas las regulaciones de cannabis se permite la exportación. Qué mejor manera de fomentar la producción a escala que teniendo un mercado nacional e internacional: a mayor producción precios más accesibles. Pero no está claro si está incluida dentro de la licencia de comercialización. En la regulación de Colombia está expresamente incluida la licencia de exportación.

Licencia de producción: la licencia se otorga a los laboratorios farmacéuticos, lo que incluye desde la obtención de la semilla hasta la elaboración del producto terminado. Estas actividades requieren un mayor análisis del Ministerio de Agricultura de Perú. Puede ser una barrera de acceso al mercado si el agricultor a su vez tiene que ser un laboratorio farmacéutico y viceversa.

Concentración de principios activos: el cannabis tiene dos principales principios activos, el THC y el CBD, los cuales tienen actividad sicoactiva y para el tratamiento del dolor, y pueden estar en distintas concentraciones dependiendo de la forma farmacéutica y de las indicaciones terapéuticas.

La norma limita la concentración del THC a 0.5% en fórmulas magistrales y según la bibliografía para el tratamiento del dolor es desde el inicio un 5%. Si es así no se va a cumplir el objetivo del uso medicinal del cannabis. Se debe revisar este tema.

Es una norma nueva y la Comisión Multisectorial debe acceder a más información y coordinación con los pares regulatorios en otros países que tienen más experiencia en estos temas. La regulación no debe ser una traba para el acceso y se debe permitir el acceso a los pacientes para su uso medicinal.

 
* Maritza Reátegui es socia senior de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Perú) y jefa del área de Life Sciences & Health Care.

Términos de uso común y marcas farmacéuticas

Marietta Flores. OMC Abogados & Consultores
Marietta Flores / Kelly Sánchez

Es usual que las marcas farmacéuticas contengan términos de uso común, es decir, que suelan formarse de la conjunción de elementos como prefijos, sufijos o palabras de uso común que evocan de alguna forma una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su función terapéutica, asimismo, pueden aludir a un componente del medicamento o al órgano para el cual se prescriben.

Los términos de uso común, son así considerados por dos motivos: o por ser parte de la conformación de varias marcas o por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Por ser de uso común, cualquier persona tiene la libertad de incluirlos en una marca, siempre que ésta no resulte ser confundible con otras marcas de otros titulares.

Por ejemplo, un prefijo de uso común en la clase 5 es el prefijo CORTI que puede hacer alusión al principio activo Corticosteroide o al término Cortisona y el cual se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas a favor de distintos titulares, tales como CORTIFLEX, CORTIDERM 10, CORTIMED, CORTICREM o CORTIFENOL, por ejemplo.

Por ejemplo, en la Resolución N° 0107-2010/TPI-INDECOPI, se indica que un prefijo de uso común en la clase 5, a la que pertenecen los productos farmaceúticos, es el prefijo CORTI que puede hacer alusión al principio activo Corticosteroide o al término Cortisona y
el cual se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas a favor de distintos titulares, tales como: CORTIFLEX, CORTIDERM 10, CORTIMED, CORTICREM o CORTIFENOL.

Igualmente, en la Resolución N° 0826-2009/TPI-INDECOPI, otro prefijo usado comúnmente en la clase 5 es la partícula NEUMO o su variación PNEUMO que alude a productos destinados al tratamiento de pulmones y que se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas a favor de distintos titulares, tales como NEUMOX, PNEUMOSTAR, NEUMOCORT, NEUMONID, NEUMOQUIN, NEUMOTIL, PNEUMOTREX, entre otras.

marcas farmacéuticasKelly Sánchez. OMC Abogados & Consultores

O el caso del término OSTEO, utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en clase 5, como por ejemplo OSTEOFAST, OSTEOCAPS, OSTEOFLEX, OSTEOPLUS y OSTEOCARE. Y así, podríamos citar innumerables marcas farmacéuticas que comparten prefijos de uso común.

Compartimos la idea del Tribunal Andino al señalar que los términos de uso común al estar combinados con otros pueden generar signos completamente distintivos, por lo que en estos casos si procede su registro. Pero para ello, es de suma importancia que los términos adicionales, de preferencia los denominativos, no solo logren otorgarle distintividad al signo, sino que también lo diferencien de las marcas que incluyen los términos comunes, para que así al momento del cotejo se pueda determinar que es posible la coexistencia pacífica entre ellos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en reiterada jurisprudencia que los prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común que se usen en las marcas no pueden ser objeto de monopolio o de uso exclusivo de un solo titular pues al tratarse de vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los use.

Se suele argumentar que al estar ante signos que identifican productos que inciden directamente en la salud y que tienen consecuencias en el cuerpo humano, el consumidor prestará un nivel de atención alto y especial cuidado al momento de adquirirlos. Esto ha sido reconocido en diversa jurisprudencia del INDECOPI donde se ha señalado que “tratándose de productos farmacéuticos a que se refieren los signos en cuestión, es razonable asumir que el consumidor, al adquirir tales productos, hará un detenido examen en función de sus necesidades”.

Sin embargo, no es suficiente, ya que al estar ante marcas que distinguen productos farmacéuticos y que comparten partículas de uso común, cuya denominación podría resultar ser muy similar, el consumidor sí podría ser inducido a confusión, es decir, éste podría adquirir un
producto en la creencia que está adquiriendo otro, lo que se conoce como confusión directa o podría pensar que el producto tiene un origen empresarial distinto del que en realidad tiene, lo que se denomina confusión indirecta.

Por eso es de la mayor relevancia que en este tipo de signos los elementos adicionales que acompañan al término común, ya sean figurativos o denominativos, logren darle una distintividad suficiente que permita identificar y diferenciar el origen empresarial del producto y evitar así el riesgo de confusión, como también evitar que el signo se convierta en descriptivo ya que eso lo llevaría a incurrir en la
prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, lo que haría imposible su protección.

Comienza curso de marketing legal, en Lima

Así como acaba de terminar el diplomado en Legal Management en Santiago, organizado entre la Universidad Católica de Valparaíso y Thomson Reuters, en Lima este último dictará un curso sobre marketing jurídico, a cargo de la abogada Lorena Borgo y el publicista Walter Benavente.

Lorena Borgo estudió Derecho en la Universidad Católica de Perú y tiene un Master en Derecho Internacional Público en la Universidad de Münster, Alemania. Ha trabajado tanto en entidades del Estado peruano como en el sector privado, en áreas de telecomunicaciones, comercio exterior y educación superior. Hoy está dedicada casi en exclusiva a prestar asesorías de marketing, estrategia y comunicación para la industria legal.

Por su parte, Walter Benavente es licenciado en Publicidad de la misma casa de estudios e hizo su maestría en Dirección de Comunicación Empresarial con doble titulación otorgada por la Escuela de Administración de Empresas (EAE) y la Universidad Politécnica de Barcelona. Es consultor en desarrollo de negocios y proyectos digitales, con experiencia internacional en servicios de agencias de publicidad, nuevas tecnologías y educación.

Serán 5 las jornadas de 3 horas cada una, que comenzarán el 9 de julio y se entregarán los días lunes y miércoles, entre las 19.00 y las 22.00 horas, en un programa que está enfocado principalmente a socios decisores de firmas, abogados independientes y directores de comunicaciones de estudios jurídicos.

El programa

El temario del curso contempla desde tendencias internacionales hasta técnicas concretas para confeccionar planes de acción y definir indicadores de rendimiento.

Módulo I: Sector jurídico y sus retos – rol del marketing
– Mercado legal peruano y sus retos
– Directorios legales y rankings
– Tendencias globales
– Big Law – New Law: El cliente como eje del servicio
– Marketing de servicios

Módulo II: Herramientas de marketing
– Marca: valor comercial
– Consumer journey y la conversión de clientes
– Design thinking (IDEO)
– Storytelling y content marketing
– Pauta digital

Módulo III: ¿Cómo hacerlo?
– Liderazgo, cultura y visión corporativa
– Plan de marketing jurídico
– Estudio de contexto
– Definición de objetivos y KPIs
– Marketing mix
– Plan de acción

Si quieres inscribirte o necesitas más información, haz clic aquí.

Desenfocados

Adrián SimonsAdrián Simons
Adrián Simons

En diciembre del año pasado se otorgó indulto humanitario a Alberto Fujimori, quien cumplía prisión luego de haber sido condenado a 25 años de cárcel como responsable de graves violaciones a los derechos humanos, por los casos Barrios Altos y La Cantuta. De manera casi inmediata las ONGs representantes de las víctimas presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una petición en la que cuestionaban el mencionado indulto.

¿Qué solicitaron? Básicamente, que se declare la nulidad del indulto humanitario concedido, por ser contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sostenían que con el otorgamiento del indulto, el Estado peruano estaría incumpliendo con las obligaciones asumidas en las Sentencias de los Casos Barrios Altos y La Cantuta (denunciar, procesar y condenar a todos los responsables).

La Corte IDH reaccionó rápidamente y citó a las partes (víctimas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado peruano) a una audiencia de supervisión de cumplimiento, el 2 de febrero de este año.

Hacia la quincena del mes de enero fui acreditado como Agente del Estado peruano para ejercer la defensa jurídica ante la Corte IDH. Compartí este encargo con el prestigioso abogado penalista Jorge Villegas Ratti. Al no contar con mucho tiempo, nos dedicamos por completo a preparar adecuadamente la defensa del Estado. Parte de la estrategia acordada fue no adelantar ningún elemento frente a los medios.

Inicié mi presentación ante la Corte IDH señalando que “la Corte no puede ser usada como un atajo”. Desarrollé mi argumento subrayando que debía respetarse el rol subsidiario de la Corte IDH. Es decir, solo se puede recurrir a ella cuando se han agotado los recursos internos o cuando éstos son ineficaces. A eso, usando técnica procesal, llamé: “falta de interés para obrar” (cuando no se cumple con los requisitos o reglas previas).

En lugar de dar una respuesta jurídica a nuestra defensa procesal, se dijo que “no sabíamos dónde estábamos parados”, “que desconocíamos el sistema interamericano” o, que nuestra defensa fue “notoriamente desmayada y deficiente” y, además, “muy mal enfocada”. En resumen, los críticos señalaron que nuestra defensa estaba desenfocada, alegando que no podía ser invocada en la fase de supervisión de sentencias ante la Corte IDH.

Las semanas previas a la notificación de la Decisión de la Corte IDH, los abogados de las víctimas se pasearon por todos los medios vaticinando que se iba a declarar la nulidad del indulto. Y se nos volvió a cuestionar diciendo que “los representantes del Estado se equivocaron en sus planteamientos de defensa, por lo que se avizora un fallo favorable a los familiares de las víctimas”.

Como era de esperarse, el tiempo ha puesto las cosas en su correcta perspectiva: el pasado viernes 15 de junio la Corte IDH notificó su decisión, dando la razón principal a la defensa del Estado, disponiendo que la justicia constitucional peruana sea la encargada de revisar la validez o invalidez del indulto humanitario concedido. Es decir, ordenó que se agoten los recursos internos, que es exactamente el centro de lo que planteamos desde un inicio.

Valió la pena esperar en silencio hasta que la Corte IDH notificara su decisión.

Mi labor como Agente del Estado ante la Corte IDH concluyó. Ahora, puedo decir que ser prudente y paciente fue una decisión acertada.
Nuestra defensa procesal no fue “desmayada” ni “desenfocada”. Estuvimos bien parados con la fuerza de la razón de nuestro lado. Finalmente, la Corte IDH respetó su rol subsidiario, determinando que los denunciantes agoten los recursos internos. Alguna vez debía darse la razón al Estado peruano.

 
* Adrián Simons Pino es abogado litigante y árbitro. Ha sido profesor de derecho procesal y es especialista en derecho constitucional y derecho regulatorio en telecomunicaciones, pesquería e hidrocarburos.

Reacciones en Latinoamérica al Special 301 Report, del Departamento de Comercio de Estados Unidos

César Contreras Manzor

El Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publica todos los años el informe “Special 301 Report”, en el que evalúa y clasifica a todos los países del mundo acorde al grado de protección de los derechos de propiedad intelectual.

La USTR estima que las industrias con uso de propiedad intelectual representan el 30% del total del trabajo en Estados Unidos, afectando directa e indirectamente 45,5 millones de empleos.

De acuerdo a información oficial, el informe busca llamar la atención sobre las barreras comerciales y las relaciones con otros países que abren sus mercados a productos de EE.UU. relativos a propiedad intelectual, lo que les permite “proteger los empleos, crear oportunidades de crecimiento laboral y promover el comercio libre”, según indican en su sitio web.

El reporte cuenta con 2 categorías principales, establecidas en función de la gravedad de la situación de cada país respecto de la materia, conforme a la Sección 182 de la Ley de Comercio de 1974.

La categoría más grave se denomina Priority Watch List. En ella se enumeran los países que tienen serias deficiencias en materia de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial. La segunda categoría, se denomina “Watch list”, donde se mencionan los países en los que las garantías de protección son consideradas insuficientes.

Listado de países en el Special 301- año 2018

Opinión Latinoamericana

Para Valeria Taborga Bruzzone, socia del estudio jurídico chileno Cáceres & Nash Abogados, el informe es interno de Estados Unidos y desde el punto de vista legal no tiene incidencia internacional, “en materia de PI Chile cumple con el estándar pues sólo se obliga con EE. UU. a través del Tratado de Libre Comercio del 2000”.

Valeria Taborga Bruzzone

Socia del estudio jurídico Cáceres & Nash Abogados

Para la abogada, el “special 301” busca tratar de subir el nivel de protección, pero cree que Chile tiene un nivel alto de cumplimiento y sanciones duras. La finalidad del informe es investigar políticas y prácticas que ellos consideran como insuficientes; Chile siempre la ha considerado como interna de EE.UU. por eso el gobierno no ha salido a descargarse ante el USTR”. No obstante, reconoce la vitrina como importante.

La especialista señala 4 puntos por los cuales Chile aparece en el listado: primero, tener una norma específica al delito sobre las señales satelitales y decodificadores; segundo, endurecer controles y obras protegidas de derechos de autor; tercero, normas eficientes y sanciones duras a las patentes farmacéuticas; y, por último, cumplir el convenio UPOV 91, acuerdo internacional en variedades de vegetales que el Congreso aún no ratifica.

Juanita Pérez Botero, asociada senior del estudio jurídico colombiano Gómez-Pinzón Abogados, cree que el reporte Special 301 no ha tenido en cuenta los avances y gestiones que Colombia ha venido adelantando en materia de propiedad intelectual, más específicamente en derechos de autor.

Asociada Senior del estudio jurídico Gómez-Pinzón AbogadosJuanita Pérez Botero

asociada senior del estudio jurídico Gómez-Pinzón Abogados

Argumenta que “el proyecto de Ley No. 206 de 2018, mediante el cual se reforma la Ley 23 de 1982, modificó entre otras cosas, el plazo de protección de las obras literarias y artísticas cuando el titular es una persona jurídica. Antes del proyecto de Ley, el término de protección era de 50 años y ahora, con el cambio se aumentó a 70 años, ajustándose a los estándares internacionales”.

Adicionalmente, comenta que “se introdujo varias disposiciones relativas al derecho de autor en internet, dentro de las cuales se puede encontrar un artículo que reguló lo concerniente a la responsabilidad por violar medidas tecnológicas creadas para proteger los derechos de autor en internet. Este cambio, resulta de gran importancia, toda vez que le otorga herramientas a los autores y/o titulares de derechos patrimoniales para ejercer sus derechos en el ámbito digital, algo que antes resultaba bastante difícil”.

Por último, dice la abogada, “otro cambio importante introducido por el proyecto de Ley No. 206 de 2018, es que le dio la facultad al juez en casos de infracciones al derecho de autor, de ordenar la destrucción de las mercancías ilegales y de los mecanismos utilizados en su creación”.

Concluye que, con esta nueva Ley, próxima a ser promulgada, junto a las funciones jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, “vamos a estar en la capacidad de proteger los derechos de los autores en Internet y, además, estaríamos cumplimiento con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos”.

Para Piero Calderón Oliva, socio del estudio jurídico peruano Muñiz, “el informe de este año respecto de Perú, es el que nos tiene acostumbrado; siempre hemos estado en la watch list que es donde nos corresponde estar porque no obstante los niveles son buenos hay muchas cosas que mejorar en piratería principalmente”.

Piero Calderón Oliva

Socio del estudio jurídico Muñiz

“El informe de 2018 pide a Perú que mejore sus problemas de piratería en todos los sectores, pues tiene estándares bajo a los niveles internacionales; por ejemplo, que tipifique el registro de películas que se viralizan en idioma español grabadas en cine”, dice el abogado.

En opinión de Calderón, la solución no debe ser sólo represiva, sino que debe ir acompañada de campañas educativas —de envergadura, para generar cambios de conducta de ciudadanos— y de una modificación de las medidas de protección de las fronteras país, que permita registrar marcas y derechos de autor en las aduanas.

“Para que no haya demanda de estos productos, los ciudadanos deben respetar y valorar la propiedad intelectual, y para eso debemos incentivarla” dice el especialista, quien relaciona la no información de los efectos negativos con la falta de sanción y evasión de impuestos, e incluso la vincula al contrabando y a la trata de personas.

Para él, la propiedad intelectual “permite que los creadores se sientan protegidos y genera un círculo virtuoso”. A su entender, más eficiente que hacer operativos en mercados negros —como “Polvos Azules”, “El Hueco” y otros— es fortalecer el trabajo de frontera, labor que se estaría llevando a cabo, pero con conflictos de competencia entre las autoridades de Indecopi y Aduanas.

“Los piratas encontraron una zona gris, trayendo productos genéricos en bruto. Los fabrican igual al original, pero sin marca. El producto lo importan bien, Aduana no puede incautarlo, porque no tiene marca y paga impuestos e Indecopi no lo puede prohibir”, explica. De este modo, traen productos en crudo y le van poniendo las marcas dependiendo la demanda, haciendo muy difícil que los detecten. “El mercado peruano está inundado de estos productos, que perjudican el producto nacional y ahí la autoridad aún no responde”.

No obstante, Perú estaría adelantado en términos normativos, pues fue de los primeros países en tener un fiscal en propiedad intelectual, policía y juzgados especializados. Salvo “detalles” por completar, Calderón estima que la legislación peruana está acorde a los tratados internacionales y que el Indecopi es una autoridad administrativa fuerte. “Siempre habrá piratería; el tema es cómo los países la enfrentan y bajan a un marco saludable”, concluye.

Perú: mercado legal en permanente evolución

Desde primera hora del lunes hasta última hora del día viernes —la segunda semana de junio— estuvimos en Lima. El objetivo era tomarle el pulso al mercado legal peruano.

Reunirse, conversar, conversar y conversar, fue el ejercicio constante: socios y asociados de los estudios Acerta, Barrios & Fuentes, Bullard, CMS Grau, DS Avocats, Miranda & Amado, Muñiz, Rodrigo, Rubio, Simons, fueron entregando su mirada sobre los movimientos en las firmas, las distintas áreas de práctica, la litigiosidad, el arbitraje y mucho más.

Aportaron también con su visión las encargadas del ranking francés Leaders League, Mila Galdo y Jandira Salgado —cuya base está en Perú y desde ahí abordan distintos países de Latam—, así como también la vicedecana de Derecho de la U. del Pacífico Cecilia O’Neill, y los consultores Lorena Borgo y Wilfredo Murillo.

Reorganizaciones, fusiones, mejoramiento en la gestión, lateral hirings y un trabajo sostenido con herramientas de marketing jurídico se mezclan con una práctica muy intensiva en arbitraje y con el fuerte desarrollo de ciertas áreas de especialización (que no se observan en otros países de la región): Oil & Gas, APPS y Transfer Princing.

¿Algo más? Las abogadas están empoderadas y haciendo un trabajo muy serio por lograr igualdad en el trato con sus pares masculinos. También están organizando desayunos y coloquios para que sus clientes entiendan la importancia del tema y se pongan a tono desde ya.

En los próximos días estaremos publicando toda la información recopilada, subiremos columnas, notas y entrevistas. Esperen nuestro “Especial Perú”.

 
Sofía Martin Leyton
Directora
Idealex.press
@Idealex_press

Juan Cristóbal Cibie: Qué le aporta a un abogado trabajar en una BigFour

Diversidad, pensamiento out of the box y conocimientos financieros y contables son algunas de las ventajas de trabajar en una consultora BigFour, de acuerdo al abogado Juan Cristóbal Cibie, quien se encuentra contratado en EY Estados Unidos como Tax Attorney.