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Las consecuencias de la restricción a los venezolanos para entrar a Perú

Del estudio Muñiz han tenido la gentileza de enviarme su Alerta Legal Laboral sobre la restricción de ingreso de venezolanos al Perú, que lanzaron hoy jueves 13 de junio.

¿Por qué es importante para nosotros, como Idealex.press? Porque los temas de inmigración siempre han sido parte de nuestra pauta. Porque el acceso al trabajo, a oportunidades laborales y educacionales es un imperativo; y porque ese gap entre las expectativas de una vida mejor para quienes deben abandonar el lugar en que nacieron o eligieron para vivir, y la realidad que les toca enfrentar, la mayoría de las veces, es simplemente atroz.

Porque la gran mayoría de nosotros tiene abuelos y bisabuelos inmigrantes, a quienes nuestras tierras acogieron cuando en su patria había guerra, persecuciones y hambre.

Como explica el boletín preparado por los socios Ricardo Herrera, María del Pilar Flórez, César Puntriano, Ricardo Vílchez y Boris Sebastiani, “mediante el Comunicado de Prensa 005–19, publicado el 6 de junio 2019 en el portal web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha dispuesto limitar ingreso de ciudadanos venezolanos al territorio nacional y sólo se permitirá el ingreso a los titulares de pasaportes vencidos o vigentes que cuenten con una visa consular; visado que debe obtenerse antes de ingresar a partir del día 15 de junio de 2019 a las 00:00 horas”.

Nuevamente ¿qué nos pasa en Idealex.press con este tema? Nos pasa que aparte de interesarnos desde el conocimiento, desde el análisis jurídico, sociológico y de normativas internacionales, hoy nos toca porque nos duele y afecta a uno de los nuestros.

Manuel Trujillo Ruiz, periodista, editor y productor audiovisual, nacido en Venezuela y residente en Chile, es colaborador estable y pieza esencial de la nueva forma de entregar contenidos en Idealex.press y de su matriz, la consultora Gramatical. Ocurre que, antes de conocerse la norma, ya existían pasajes comprados para que Manuel Trujillo me acompañara a Arequipa… para abordar el avión el día domingo 16 de junio y comenzar a conocer a los grandes del mundo jurídico de esa gran ciudad.

Mientras yo escribo este artículo, espero que Manuel ya esté durmiendo para que pueda llegar muy temprano al Consulado Peruano en Chile —donde hace una semana solicitó una visa de prensa internacional, entregando todos los documentos que se le solicitaron— a esperar, preguntar y esperar que ALGUIEN diga desde Perú que ya tiene autorización para viajar a Arequipa este domingo.

Como opinan los socios de Muñiz que confeccionaron el informe, “lo que resulta cuestionable es que hasta la fecha no se haya emitido regulación expresa para aplicar estas nuevas reglas de ingreso al país”.

Como opino yo…

* Bien: aquí venía una petición, que desde las 17.52 horas de Chile, hoy viernes 14 de junio, se ha convertido en agradecimiento. Porque Manuel se fue hoy del Consulado cuando ya no quedaba gente, cuando apagaban las luces y estaban todas las puertas cerradas. Porque una funcionaria dijo “Agradézcale a Maritza, porque otro periodista alegó contra su mala disposición, preguntó su nombre y dijo que lo iba a subir a las redes”.

Maritza (perdón por no saber tu apellido): Idealex.press te agradece desde el fondo de nuestra alma colectiva tu buena voluntad y así lo haremos saber en las redes.

Señor Cónsul Adscrito Esteban Bertarelli Valcarcel: mil gracias. Gracias colectivas también, porque fuimos testigos de su amabilidad con cada persona y con cada familia que entró a su oficina.

 
Sofía Martin Leyton
Directora
Idealex.press

restricción a los venezolanos para entrar a PerúEstudio Muñiz

En Chile lanzan Comisaría Virtual

comisaría virtualCarabineros de Chile
Equipo Idealex.press

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile informó que la ciudadanía ya puede acceder a ComisariaVirtual.cl, donde se podrán realizar diversos trámites, siempre que se disponga de una “clave única”.

Se trata de una iniciativa conjunta de GobiernoDigital y Carabineros de Chile, que tiene por finalidad permitir a las personas no ir físicamente a las dependencias de la policía uniformada y, a la vez, descargar a ésta de labores administrativas, que corresponderían al 50% de las denuncias que reciben.

Así, se podrá liberar a cerca de 3.300 carabineros, que se destinarán a reforzar labores preventivas y rondas de vigilancia, que se sumarán a la instalación de 2.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras y drones.

Desde computador, celular o tablet

En la aplicación, que estará disponible las 24 horas, todos los días, cualquier persona podrá hacer denuncias o dejar constancia de:

– pérdida de documentos: para presentar ante las entidades correspondientes
– pérdida de teléfono móvil
– abandono de hogar: dejar constancia cuando usted o un tercero deja el lugar de residencia
– temas laborales: dejar constancia de la infracción de un contrato de trabajo o acuerdo laboral, por parte del empleador o del trabajador
– visitas: Dejar constancia por incumplimiento o entorpecimiento del régimen de visitas por alguna de las partes

Doc.Digital

Otra de las instancias en que está trabajando la División Gobierno Digital de ese país es Doc.Digital, una nueva plataforma de comunicaciones oficiales del Estado, que, de acuerdo a su tweet promocional busca convertirlo “en un Estado #CeroPapel”.

 
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Singapur: el país que incentiva la exportación de tecnología legal

Equipo Idealex.press

Singapore Business Review publicó el artículo “How Singapore is bringing the legal industry into the digital age”, donde da cuenta de los esfuerzos del país por levantar la creación y el uso de tecnologías en el sector legal.

La autora del texto, Nathanielle Punay, explica que cuando el Ministry of Law, la Law Society of Singapore, Enterprise Singapore y la Autoridad de Infocomm Media Development lanzaron un programa de financiamiento de US$3,68 millones para entregar fondos de hasta US$130.000 anuales para cada firma legal de Singapore, ello significó un movimiento creciente para llevar a la industria del papel a la era digital, y así ayudar a establecer a Singapur como un hub de tecnología legal.

A nivel global, dice la publicación, las inversiones en legaltech se dispararon en un 713,7% desde US$233 en 2017 a US$1,66 (billones, entendidos como miles de millones) en 2018, según información de Forbes.

Otro estudio, esta vez de Crunchbase, mostró que el año pasado hubo US$825 millones en venture capitals, directamente para el financiamiento de empresas de legaltech, lo que representa un salto de 170,5% desde los US$305 millones de 2017.

Más rapidez, pero menos dinero

Meng Weng Wong, cofundador de la startup Legalese, dijo a Singapore Business Review que al apuntar las startups a estudios jurídicos pronto descubrirían que “aumentar la productividad es el enemigo de las horas facturables”, porque pueden hacer el trabajo legal para un cliente en un tiempo menor, aunque debía tenerse presente que la paga también disminuiría.

Uno de los factores más desafiantes del sector, añadió, es que el hecho de que las leyes difieren en cada país, hace difícil ofrecer servicios fuera de Singapur. Wong dijo: “Cada mes vemos como otro de los grandes jugadores de legaltech se expande desde Estados Unidos a Europa, donde se establecen bien, y desde ahí a Singapur, pero ¿cuán a menudo uno ve a una startup de Singapur yéndose a algún otro lugar? De verdad, esos casos exitosos son más raros que los unicornios”.

“Estos factores pueden hacer que Singapur tenga un ecosistema más accesible a las Legaltech que para las FinTech”, añadió. No obstante, este problema podría remediarse armonizando la legislación con los acuerdos de negocios para ayudar a superar las barreras de diferencia multiculturales e idiomáticas y así facilitar la exportación de servicios de legaltech a otros mercados.

Uno de quienes se vería beneficiado con estas nuevas políticas es Rajah & Tann Technologies, que ha hecho diversas adquisiciones estratégicas para impulsar sus servicios, incluyendo la startup de e-discovery con inteligencia artificial, LegalComet, en noviembre de 2018.

Aceleradoras estatales

De acuerdo a la publicación, el entusiasmo por las soluciones legaltech en Singapur cambió radicalmente desde que se lanzó el programa Legal Technology Vision en 2017, una hoja de ruta a 5 años, que consiste en una aceleradora gubernamental —Tech-celerate for Law Programme— que serviría de catalizador. En enero de 2018, The Singapore Academy of Law dio a conocer su Future Law Innovation Programme (FLIP), cuyo fin es servir de aceleradora para startups en legaltech.

“Creo que es el momento para que firmas de todo tamaño hagan esfuerzos conscientes para adoptar soluciones de tecnología legal con una estrategia destinada a elevar sus servicios y competir en el escenario cambiante que enfrenta la industria legal”, dijo Michael Lew, cofundador de LegalComet, founding board member of ASEAN Legaltech al medio Singapore Business Review.

Algunas de las innovaciones

En el artículo se mencionan empresas como Contract Express and HotDocs, que ofrecen a estudios jurídicos plataformas de generación de documentos y que llevan ya cierto tiempo en el mercado, pero que han mostrado como debilidad sus altos costos, esfuerzos de implantación que finalmente se tiran por la borda y suscripciones que luego no son renovadas tras el período de prueba.

También se abordan plataformas de generación de documentos, algunas con inteligencia artificial; versiones automatizadas de los modelos de documentos de VIMA, Singapore Academy of Law’s Venture Capital Investment Model Agreements; y APIs o application programming interface, así como administradores de workflow de inversiones, que sirven perfectamente para rondas de financiamiento de 6 dígitos.

Los motores de documentos de Legalese pueden producir PDFs listos para la firma por precios tan bajos como US$2 por página, que Wong compara con el pago de US$ 5.000 a una firma por un documento de 10 páginas.

Zegal ofrece un software en la nube que automatiza la generación de documentos, tanto para particulares, como para empresas pequeñas y medianas, que sólo pueden pagar cientos de dólares, en contraposición a firmas tradicionales que pueden pagar miles en servicios del mismo rango.

Michael Lew explicó a la publicación que las tecnologías más críticas elevan las capacidades de las legaltech sobre un modelo “ABC”: Artificial intelligence, Blockchain and Cloud.

La pregunta que uno de los entrevistados fue: ¿por qué contratar un abogado carísimo para que sea un project manager, cuando se puede usar software?

 
Si quieres leer el texto original en inglés, haz clic aquí.

Voluntario que entrega ayuda humanitaria arriesga 20 años de cárcel en EE.UU.

Scott WarrenPamela Rillón
Pamela Rillón O.

Gran impacto ha provocado la noticia del juicio contra el geógrafo y profesor universitario Scott Warren, de 36 años, miembro de la ONG No More Deaths (No más muertes), quien enfrenta hasta 20 años de cárcel por entregar “comida, agua, cama y ropa limpia” a migrantes que arriesgan sus vidas cruzando la peligrosa zona fronteriza del desierto de Arizona.

El 5 de junio comenzó el proceso en la Corte Federal de Tucson, donde el voluntario está acusado de “graves cargos de conspiración criminal por transportar y albergar a migrantes indocumentados”.

La historia comienza en enero de 2018, cuando la Organización emitió un informe y publicó un video, denunciando el accionar de los agentes fronterizos contra la entrega de ayuda humanitaria. “En el desierto que rodea la frontera entre Arizona y México, donde miles de personas mueren por deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo litros de agua destinados a los migrantes. Los agentes (…) acuchillan, pisotean, patean, vacían y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de las rutas que utilizan los migrantes en el desierto de Arizona. Estas acciones condenan a quienes cruzan las fronteras al sufrimiento, la muerte y la desaparición”, señalaba el comunicado.

Después de que el video se viralizó, Scott Warren y dos migrantes fueron tomados presos en “El Granero”, refugio que tiene la ONG en la localidad de Ajo, a 65 kilómetros de la frontera. En este lugar se asiste con medicamentos y se brinda un albergue para descansar durante la ruta por la zona que contabiliza más de un tercio, de las más de 7.000 muertes registradas por EE.UU., en los últimos 20 años.

Desde 2004, “No More Death”, no solo presta ayuda a los migrantes, sino que también se preocupa de realizar la triste labor de recuperar y resguardar los restos mortales de quienes intentan cruzar el desierto que conecta al estado de Sonora, en México, con Arizona.

El juicio contra Scott Warren ha generado la reacción de un grupo de Relatores Especiales de las Naciones y de activistas pro migrantes y de Derechos Humanos. La organización mundial Amnistía Internacional exhortó al Gobierno de Estados Unidos a abstenerse de abusar de su autoridad y no seguir criminalizando la ayuda humanitaria, la que “nunca es delito”, dijeron.

Llamó también a retirar todos los cargos contra el activista, agregando que si es declarado culpable y encarcelado, Warren será considerado un preso de conciencia, pues estará privado de su libertad por sus actividades como voluntario, basadas en principios humanitarios y en sus creencias religiosas. La ONG considera que el trabajo de “No Más Muertes” constituye una ayuda humanitaria vital, destinada a preservar el derecho a la vida y a evitar la muerte de personas migrantes y solicitantes de asilo.

En la misma línea, se manifestaron el 6 de junio un grupo de Relatores Especiales de las Naciones Unidas. Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y son mecanismos independientes de investigación y monitoreo, que trabajan de manera voluntaria y gratuita. Los expertos valoraron y legitimaron “el esencial” trabajo de “No More Deaths”, e indicaron que “el juicio de Scott Warren representa una escalada inaceptable de los actuales patrones que penalizan a los defensores de los derechos de los migrantes a lo largo de las rutas de las caravanas de migrantes”.

El caso de Scott Warren no es algo nuevo en el mundo, el hostigamiento a los defensores de los derechos humanos aumenta cada día en forma alarmante. En 2018, según datos recopilados por la Organización “Front Line Defenders”, 321 activistas en 27 países fueron asesinados.

Tal como dice su director Ed O’Donovan, “los estándares de derechos humanos están siendo desafiados en todo el mundo”. Cómo olvidar el trágico caso de la activista estaunidense Rachel Corrie, miembro de un grupo pro palestino llamado Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), quien en 2003 fue aplastada por una excavadora blindada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza, por intentar evitar la demolición de casas palestinas por parte del ejército israelí.

Constantemente las ONGs y los Sistemas de Protección Universal y Regional de los Derechos Humanos reciben críticas de los ciudadanos y de los gobiernos, pero es necesario recordar que el Sistema nació del consenso entre los países para no repetir las atrocidades ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial.

Por tal razón, es más importante que nunca, que la comunidad internacional brinde un explícito apoyo a los activistas que luchan cada día por proteger los derechos fundamentales de las personas más débiles y evidenciar las contradicciones de los Estados, como aquellos que crimimalizan la compasión y a la vez se consideran defensores de la libertad, y otros que violan sistemáticamente los derechos humanos, pero se sienten democráticos por el solo hecho de tener elecciones libres.

El juicio a Scott Warren se encuentra en etapa de deliberación. Es de esperar que en el jurado prime la cordura y no se condene a quienes proveen auxilio y dejan registro de una grave crisis humanitaria. Esto sentaría un grave precedente y pondría en peligro la continuidad de la ayuda humanitaria en Estados Unidos y en el mundo.

 
* Pamela Rillón Oportus es periodista, es Diplomada en Ciencias de la Religión, Cultura Árabe y Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y está cursando (2019) un Diploma de Postítulo Interdisciplinario en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en esa misma casa de estudios. Tiene experiencia en el ámbito de las comunicaciones, tanto en el sector privado como público.

Colegio de Abogados de Chile, conoce a los 9 nuevos consejeros

Idealex.press
Sofía Martin / Fernanda Robles

A las 18.00 hrs. hoy se cerraron las mesas de votaciones del Colegio de Abogados de Chile y se inició el escrutinio que definió a los nueve candidatos electos que integrarán el Consejo por los próximos 4 años.

En total, fueron emitidos 1.245 votos electrónicos mientras que los presenciales se dividieron de la siguiente forma:
– Martes 4 de junio: 153 sufragios.
– Miércoles 5 de junio: 155 sufragios.
– Jueves 6 de junio: 176 sufragios.

Los resultados

Lee a continuación cuáles fueron las listas que obtuvieron más votos y los candidatos que alcanzaron un puesto en el Consejo.

– Total Lista A: 2.564 votos.
Eligen 2 consejeros: Paulina Vodanovic (389 votos) y Alvaro Fuentealba. La segunda mayoría fue Macarena Carvallo, pero por cuota de género tuvo que ceder su cupo.

Colegio de Abgoados 2019Rebeca Zamora y Paulina Vodanovic
 

– Total Lista B: 2.432.
Con 466 votos la consejera electa fue Leonor Etcheberry.
 

Colegio de Abogados de Chile 2019Leonor Etcheberry, Macarena Letelier
 

– Total Lista C: 2.685
Las mayores votaciones las obtuvieron: Elisa Walker (421 votos) y Mónica van der Schraft (365 votos). Les siguieron Matías Insunza (361) y Libertad Triviño (332).

Como tuvieron derecho a elegir 2 consejeros, para respetar la norma sobre cuotas de género, Mónica van der Schraft debió ceder su cupo a Matías Insunza.

Colegio de Abogados 2019Elisa Walker, Alejandra Krauss, Javiera Ascencio, Libertad Triviño
 

– Total Lista D: 6.417
Obtiene 4 consejeros: Macarena Letelier (779 votos), Pedro Pablo Vergara (776), Carmen Domínguez (764) y Nicolás Luco (750).

 

colegio de Abogados de Chile 2019Arturo Alessandri, Magdalena Atria, Pedro Pablo Vergara

 

La cifra repartidora

De acuerdo al art. 24 de los Estatutos del ente gremial, existe una cifra repartidora que consiste en dividir el número de votos emitidos por el número de cargos más 1. En las palabras del articulado:

“El número de preferencias válidamente emitidas se dividirá por el número de cargos por elegir, más uno. Esto es si deben elegirse 6 cargos, el total de preferencias válidas se dividirá por 7. A la cifra, obtenida se le agregará una unidad. Si la cifra resultante no fuese un número entero exacto, se redondeará al entero inmediatamente superior. Esa será la cifra repartidora.
En seguida, se sumarán separadamente las preferencias obtenidas por el total de candidatos de cada lista y esos totales se dividirán por la cifra repartidora. El resultado indicará el número de candidatos elegidos por cada lista. Dentro de cada lista resultarán elegidos los candidatos que hayan obtenido un mayor número de preferencias individuales”.

Cuotas de género

El martes 15 de enero de este año, el Colegio de Abogados realizó una asamblea extraordinaria en la cual se sometió a votación la incorporación de cuotas de género para las elecciones del Consejo de la Orden.

Con 347 votos a favor y 9 rechazos, ganó la moción de acuerdo, que estableció la distribución de cuotas en un 40% de mujeres y 60% de hombres por las próximas dos elecciones: 2019 y 2021. Para la siguiente elección (2023), se convino otra regla: para integrar el Consejo se usará la proporción de abogadas que estén colegiadas en ese entonces.

Desde allí en adelante, no habrá mecanismos de apoyo a las mujeres, pues se entendió que ese plazo será suficiente para incentivar la participación femenina.

Los pasos siguientes

Después de dar a conocerse los resultados, por estatuto, se inicia un plazo para impugnar. Luego el Consejo procede a informar si hubo o no impugnaciones. Posterior a ello, y en caso de no existir ninguna impugnación al proceso, se proclaman a los nuevos consejeros y se convoca al siguiente Consejo. En esta instancia, los nuevos consejeros prestan juramento y luego, en conjunto con los otros miembros, eligen a quien ejercerá la presidencia.

 
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Resultados del 2º día de votación en el Colegio de Abogados de Chile

Equipo Idealex.press

Tras la primera jornada de votación para elegir 9 consejeros para el Colegio de Abogados, en un escenario que, además de la usual cifra repartidora, hoy tiene que respetar un sistema de cuotas de género. A continuación te presentamos los resultados de hoy, miércoles 5 de junio.

Condonación de deuda

Si debes muchos años de membresía, consultado al respecto, desde el Colegio nos informaron que, como es usual, los morosos pueden ir a las oficinas del Colegio y pagar el período 2019, quedando al día y facultados para sufragar.

Son CLP $60.000, que se pueden pagar de distintas maneras. No olvides que mañana es el último día para hacerlo y poder ser parte de la votación.

Lista D

Tradicionalmente de derecha, ésta es la lista que más votación ha obtenido en estos dos primeros días: martes, con 1.288 preferencias y hoy miércoles, con 2.710.

votaciónColegio de Abogados de Chile

Lista C

Libertades Públicas, la lista que quebró la hegemonía derecha-centroizquierda hace algunos años, llevaba sólo 582 votos el miércoles. Sin embargo, sus partidarios votaron en masa, y desde el último lugar pasaron al segundo con 1.059 preferencias.

votaciónColegio de Abogados de Chile

Lista B

De vuelta al Colegio es la lista reconocida comocercana a la DC, mantuvo su tercer lugar en el conteo diario, pero pasó al cuarto puesto, sin que hayan rendido frutos los avisos en el diario La Segunda, a página completa.

votaciónColegio de Abogados de Chile

Lista A

La lista Todos y Todas, que ha intentado cambiar su nombre a “Todas y Todos” y que ha dicho públicamente que existe una especie de alianza con la lista B, pasó de un cómodo segundo lugar al último de hoy, pero quedó en el tercero en el conteo total.

votaciónColegio de Abogados de Chile

Suspensión casuística de la prescripción: ¿la nueva consigna?

Carlos Pizarro Wilson
suspensionCarlos Pizarro

Aplausos, críticas y sorpresa ha causado la sentencia que condenó al Arzobispado de Santiago a pagar $100.000.000 a cada una de las víctimas demandantes, cuyo daño tiene su origen, pero no en forma exclusiva, con los abusos cometidos por el expresbítero Fernando Karadima.

Este fallo, de 27 de marzo de 2019, rol 4028-2017 es abundante en temas de derecho civil. Hay uno, sin embargo, que destaca, pues la sentencia entendió que las causales de suspensión previstas en el artículo 2520 en relación con el artículo 2509 del Código Civil no son taxativas, sino una enumeración casuística que los jueces pueden ampliar en aplicación de la justicia material.

Para comprender el razonamiento del fallo debe considerarse que la acción indemnizatoria se funda en la culpa organizacional de la demandada al haber incurrido en una conducta omisiva que impidió prevenir y evitar los abusos cometidos por el sacerdote Karadima. El escollo más espinudo para los demandantes era esquivar la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria incoada bajo el régimen de responsabilidad extracontractual.

Para la demandante no habría un hecho aislado o preciso sino un conjunto de actos o conductas que culminarían con el envío de los antecedentes al Vaticano a la Congregación para la Doctrina de la Fe en junio de 2010. La sentencia cita los artículos 2314 y 2332 del Código Civil indicando que para el cómputo del plazo debe considerarse el elemento del daño, pues la acción ejercida sería de esa índole. Si bien debe excluirse la calificación de ilícita de la carta enviada en junio de 2010 a la Congregación de la Doctrina de la Fe, la sentencia afirma que ahí cesa el período de suspensión del plazo de la prescripción al acabar la inacción que se le atribuye a la demandada debido a las omisiones imputadas para investigar los abusos denunciados.

La sentencia entiende que operó una suspensión de la prescripción, la que, si bien no estaría prevista en el artículo 2509 del Código Civil, eso no es óbice al tratarse de una regla casuística no taxativa. Se justifica esta suspensión en la “justicia material”, pues no se presentarían las condiciones para el ejercicio de la acción. El daño, indica el fallo, puede manifestarse en diferentes épocas o ser permanente, lo que lleva a concluir que debe contabilizarse el plazo de la prescripción desde su manifestación.

El fallo afirma que “Teniendo la acción indemnizatoria por objetivo esencial, la reparación del daño y que como se viene desarrollando, el término legal del artículo 2332 del Código Civil, ha de computarse desde que concurran todos los elementos del ilícito civil, ha de concluirse lógica y racionalmente que el tiempo al que hace referencia tal disposición, principia en el caso de autos desde el envío de los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, esto es en junio de 2010, época en que cesó la inactividad del Arzobispado,…”.

Bastante confusión se percibe en la sentencia. Acaso no debe distinguirse la suspensión de la prescripción del momento a partir del cual se devenga el plazo de la prescripción o dies a quo, el cual, si bien puede quedar determinado en la acción indemnizatoria por la manifestación del daño, ¡esto no puede confundirse con una pretendida suspensión o con la introducción de categorías de daños que la propia sentencia identifica con las conductas que entiende lícitas! Desenrollemos esta madeja. La suspensión es un beneficio jurídico para determinadas personas respecto de las cuales el plazo de la prescripción no avanza y son solo aquellas previstas en los numerandos 1º y 2º del artículo 2509, conforme indica el artículo 2520, ambos del Código Civil.

Sin embargo, el fallo inventa una nueva suspensión para todos aquellos que se encontrarían en imposibilidad de accionar. Y, además, confunde la suspensión que sólo es por causa legal y taxativa con la determinación del momento a partir del cual se cuenta el plazo. La pregunta es si existían impedimentos para ejercer la acción indemnizatoria o, en cambio, si al verificarse un daño continuo o a tractos por hechos independientes, aunque concatenados, el comienzo del plazo se iba desplazando, cuestión discutible. Eso tampoco es claro en la sentencia al entender que la “causa de la suspensión” cesa con el envío de la información al Vaticano, acto que entiende lícito y por lo mismo imposible de calificar como daño. Es decir, la ilicitud o conducta culpable se agotaría con el cambio en la conducta operada con el envío de la misiva.

Estas confusiones llevan a concluir que lo único que justifica esta sentencia en relación con la prescripción es la justicia material, lo que sabemos es un pésimo argumento que aleja a los jueces de las reglas generando fallos casuísticos sin apego a las normas. En suma, no corresponde establecer causales de suspensión por vía pretoriana. El plazo de la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria debe contarse desde la manifestación del daño, pero éste no debe confundirse con los actos que lo desencadenan, ni tampoco con la imposibilidad de actuar bajo el aforismo contra non valentem non agere non currit praescriptio.

Hoy el debate ha transitado a la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria derivada de abusos sexuales, lo que lejos de concitar la unanimidad, tiene adeptos y detractores, pero este tema lo dejamos suspendido por ahora.

*Carlos Pizarro Wilson, abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Magíster en derecho privado general de la Universidad de París II (Pantheón Assas) y Doctor en Derecho por esa misma universidad.

Suprema de Chile condena a cementerio por incumplimiento y ley del consumidor

S. Martin

La Corte Suprema chilena acogió una demanda por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores y condenó a la empresa dueña de un cementerio de Punta Arenas, del tipo parque, a pagar dos multas de aproximadamente US$3.500 (50 UTM: Unidades Tributarias Mensuales, mecanismo de reajustabilidad que se usa en ese país).

De acuerdo al Portal del Poder Judicial, el Máximo Tribunal también condenó a indemnizar a los propietarios de las sepulturas a contar de 2007.

El fallo (causa rol 47.564-2016), que fue unánime, dio la razón a la acción presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), basándose en que las deficiencias en el sistema de drenaje, que terminaron con las sepulturas inundadas, son de responsabilidad de la demandada.

La norma —dijeron los ministros— no sólo exige el menoscabo al consumidor, sino que es necesario establecer que el actuar del proveedor ha sido negligente, lo que dio por acreditado, dado que los propietarios tenían conocimiento del defecto señalado desde al menos el año 2007, sin que hubieran efectuado acciones tendientes a solucionar el problema.

Así, el servicio se habría se habría prestado “con negligencia, que causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio”, afirmó la sentencia.

Lee aquí un extracto de la transcripción de los considerandos:

“Que constituyen hechos asentados en el proceso los siguientes:
a) Las personas que se encuentran representadas en autos por el procurador común suscribieron en las fechas que en cada caso se señala, en calidad de consumidores, contratos-tipo con la inmobiliaria, adquiriendo derechos perpetuos de sepultación de una determinada fracción ubicada en un jardín, sector y número del cementerio con tres capacidades, esto es, para realizar en ella tres inhumaciones;

b) En el período comprendido entre el 15 de febrero de 2011 y el 27 de agosto de 2012, en el marco de la instrucción de un Sumario Sanitario, se realizaron en el Cementerio Parque Cruz de Froward las exhumaciones que indica, constatándose en todas la presencia de agua en las respectivas criptas, en las circunstancias y a la profundidad que en cada caso se señala;

c) La tercera capacidad de todas las fracciones del cementerio en cuestión —de mayor profundidad y de un metro aproximadamente de alto— no es susceptible de ser utilizada para inhumar cadáveres al encontrarse el recinto emplazado en terrenos impermeables, sin que el sistema de drenaje implementado en su oportunidad como requisito reglamentario para su funcionamiento haya impedido el acceso de agua a las criptas allí ubicadas, circunstancia que no fue informada al público por el proveedor demandado;

d) Antes del sumario sanitario la regla general era que se vendieran las tres capacidades en cada contrato suscrito;

e) Las características del terreno -—e allí, impermeable, de consistencia arcillosa (conocido como mazacote)— hacen que el sistema de drenaje implementado por el cementerio no haya impedido que el agua ingrese a las criptas ubicadas en la tercera y más profunda capacidad, sea que dicha agua provenga de las lluvias imperantes en la región o bien del riego del césped de la superficie del terreno;

f) Las criptas no son herméticas, razón por la que el agua ingresa a éstas por gravedad, escurriendo hacia su espacio interior al no poder hacerlo a través del mazacote circundante;

g) El Reglamento Interno de la demandada, considerado parte integrante del contrato de sepultura, conforme se lee en la estipulación sexta de este último, señala que “El Parque estará destinado exclusivamente a la inhumación de difuntos y restos humanos para quienes se haya adquirido el correspondiente derecho de sepultación, y a la conservación de las cenizas provenientes de las incineraciones”;

h) No existe antecedente que permita concluir que el cliente estaba en mejor condición que el proveedor para conocer sobre la permeabilidad del suelo ni tomar las medidas tendientes a evitar el escurrimiento o ingreso del agua al nivel tres de las sepulturas;

i) La demandada tenía conocimiento previo sobre la impermeabilidad del terreno que la obligó a contar con un sistema adecuado de drenaje para obtener la autorización de funcionamiento del cementerio, considerando que el proveedor al menos desde Sumario 25/06 resuelto en el año 2007 tenía conocimiento de la falencia que afectaba las sepulturas y no procedió a corregirla, sino que adoptó medidas precarias e inidóneas como envolver las urnas en plásticos para depositarlas en las criptas”, enumera el fallo.

La resolución agrega que: “dados los términos planteados en los recursos, no existe discusión de que la demandada infringió lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor, considerando que es obligación del proveedor y propietario del terreno del cementerio mantener dicho terreno en condiciones de ser utilizado para el fin que fue contratado.

Luego, al no poder utilizar los clientes del Cementerio Parque la tercera capacidad de las fracciones que contrataron para su destino natural, se les ha causado un menoscabo, debido a una falla en la calidad -presencia de agua en las criptas y cantidad -dos capacidades utilizables en vez de tres- del bien vendido.

El menoscabo ascendió a la tercera parte del bien vendido, esto es, una de las tres capacidades contratadas para el ejercicio del respectivo derecho perpetuo de sepultación. La tercera facción de las sepulturas no puede ser utilizada. Esta circunstancia, claramente, constituye un defecto o una deficiencia en la calidad y medida del producto, que los demandantes han venido a conocer cuando se hizo público el problema”.

 
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La necesaria introspección en este punto del camino

Wilfredo MurilloWilfredo Murillo
Wilfredo Murillo

Una de las cosas que no te dicen en la facultad, y más aún si estudias Derecho, es que debes prepararte para los cambios. Desde la universidad tuve la suerte de encontrarme en situaciones personales que iban más allá de mi “plan original”, lo que me exigió buscar más opciones. Así, siendo estudiante de 8vo ciclo, ofrecí asesorías a pequeños empresarios, en temas legales que ya había llevado como curso en la universidad. Y sin darme cuenta, es como inicié mi primer proyecto de empresa.

Pero dicen que la vida no es lo que planeas, a 2 meses de iniciar, uno de los clientes que visité, un centro comercial con más de 1.100 stands, me informó que necesitaba un administrador y le ofrecí algunas opciones; al final, me pidió que fuera yo, acepté, y es así como tuve mi primer contacto con la administración y el marketing, siendo estudiante.

De ahí parte una historia que siento larga y gratificante: las experiencias, el crecimiento, los errores y tropiezos, las pruebas, han sido una constante. Pero creo que uno elige qué tomar de cada paso y yo elegí con cada oportunidad crear relaciones con personas transparentes, fortalecer el carácter, pero sobre todo creer; que siempre se puede hacer un cambio.

En el camino descubrí lo que me apasiona y con ello decidí tener un mentor, alguien con experiencia en lo que quieres hacer y a quien respetas mucho: yo encontré el mío terminando el MBA e iniciando mis proyectos enfocados a la administración y el marketing para el sector legal. Desde ahí, cuando he sentido la necesidad de un consejo, siempre he consultado el suyo.

Han pasado algunos años desde que tomé la decisión de creer en mis proyectos e inicié abriendo la sede en Perú de Gericó Associates y creando Xtrategia Group, dos proyectos enfocados en hacer lo que me apasiona, investigar el mercado legal y promover un sector más competitivo e innovador.

Y bueno, en ese entonces, en Latinoamérica había poco espacio para hablar sobre la necesidad de aplicar el marketing jurídico o implementar herramientas de legal management; para qué hablar de iniciar un proceso de incorporación de tecnológica o abrir foros sobre innovación en la industria legal.

Había mucho trabajo por hacer y me propuse la meta de tener el máximo de reuniones que podía —para conocer firmas, gerencias legales, abogados independientes y distintos actores del mercado— y así ir creando espacios y redes para promover estos temas.

Hoy, tras varios años desde que inicié este camino, son muchos los grandes profesionales que he conocido y amigos que me han acompañado. He recibido grandes consejos y me he puesto metas, cuyos logros he alcanzado. Hoy, al mirar mis inicios, tengo la fuerte convicción de que —hoy más que nunca— se puede contribuir a un cambio desde la industria de los servicios de gestión y marketing hacia un sector legal en Latinoamérica que es cada día más competitivo y que no puede darse el lujo de dejar de lado la innovación.

Este breve texto, como lo indica el título, es una necesaria reflexión que, aunque la he ido madurando en estas últimas semanas como un ejercicio personal, espero pueda servir a quienes tengan ideas innovadoras o proyectos, sin importar si son personales, dentro de firmas, gerencias legales, la judicatura o el sector público. A ustedes, les digo: son nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas oportunidades. Éste es el mejor momento para hacerlo.

 
* Wilfredo Murillo estudió Derecho y tiene un MBA en la U. San Martín de Porres, Perú; es consultor en management y marketing en el sector legal, socio | Perú Gericó Associates y director | Xtrategia Group.

Estándares y metas que deben cumplir defensores locales, licitados o contratados

Equipo Idealex.press
Defensoría Penal PúblicaDefensoría Penal Pública

Los estándares de defensa penal pública son normas que buscan que los abogados defensores se desempeñen de acuerdo a parámetros que maximicen los derechos e intereses de los beneficiarios del servicio, y de esta forma proporcionen asesorías jurídicas de calidad.

La “nueva” regulación –publicada en 2010 en el Diario Oficial- los clasifica en tres grandes grupos: competencia profesional de los defensores, relación entre el defensor y su cliente y gestión administrativa de las causas.

Es importante señalar además que todos estos parámetros, son exigibles a los prestadores de defensa penal pública, independiente de la fuente de su contratación, los que serán “controlados mediante auditorías externas e inspecciones, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.718 y el Decreto Supremo N° 495/2002, del Ministerio de Justicia”, como plantea en su sitio web la Defensoría Penal Pública (DPP).

Destaca dentro de estas normas, la creación de la defensa especializada de adolescentes, que según explica el organismo en cuestión, “regula las obligaciones que deben cumplir los defensores de acuerdo con los requisitos y exigencias que se imponen por la legislación específica, tanto en el desarrollo de la investigación y el juicio como en la etapa de ejecución de la sentencia”.

Competencia profesional del abogado en las actividades de defensa

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Según explica el sitio web de la Defensoría Penal Pública los parámetros de competencia profesional abordan cuatro áreas: defensa, libertad, prueba y recursos.

El primero de ellos, se refiere al rol que debe tener el defensor o defensora dentro del procedimiento que se dirige en contra de representado. Es obligación del abogado resguardar, en todo momento, los intereses de imputadas e imputados, hasta que termine completamente el proceso. Por lo tanto, la estructura de defensa que lleve a cabo el profesional a cargo debe realizarse en conformidad con la voluntad y decisión que adopta la persona imputada.

Los estándares de la libertad, por otra parte, se refieren a que el defensor o defensora realice todas las acciones necesarias para que las y los imputados no sean sometidos a la restricción de su libertad de forma arbitraria o ilegal. En este sentido, es obligación de los defensores verificar que la detención y las medidas cautelares hayan sido impuestas y ejecutadas conforme a los derechos de los imputados, así como también velar porque la condena se imponga y ejecute de acuerdo a la ley.

Los abogados que defiendan a un adolescente también tiene como prioridad que la privación de libertad sea aplicada como último recurso, durante el período más breve que proceda y con todos los resguardos señalados en la ley.

También es obligación de los defensores ocuparse de que las pruebas se produzcan bajo el resguardando de los intereses, derechos y garantías de la imputada o el imputado. Esto quiere decir, que los profesionales deben procurar reunir pruebas propia y a favor de su representado –las que además tienen que ser legítimas en su obtención–. Adicionalmente, los abogados son responsables de verificar los presupuestos de una correcta audiencia de preparación de juicio oral y velar por que las pruebas que se presenten en este sean incorporadas correctamente.

Por otra parte, los estándares de recursos se refieren, entre otras cosas, a la asesoría técnica del defensor, específicamente a que este respete la voluntad de su representado y proteja sus derechos, garantías e intereses. Esto quiere decir, que el defensor o la defensora deben estar atentos a la interposición y tramitación de los recursos de los demás intervinientes.

Defensa de adolescentes

Respecto de la defensa especializada de adolescentes, las normas determinan que el defensor o defensora debe invocar en sus argumentaciones la normativa nacional e internacional, la doctrina y la jurisprudencia relativa a los adolescentes, así como tambié otros conocimientos propios de la defensa de adolescentes infractores de ley, que sean pertinentes al caso.

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El defensor también debe conocer la oferta y las características de las distintas salidas alternativas y sanciones penales del adolescentes, procurando que se apliquen de la forma que mejor favorezca el interés manifestado por el imputado o la imputada.

Para la defensa de adolescentes condenados, el defensor o defensora designado –para estos efectos por la Defensoría– debe proteger los derechos del o la adolescente condenado, velar por la legalidad de la ejecución y ser diligente en la solicitud de sustitución y de remisión de condenas, según los intereses y voluntad del representado.

Parámetros relativos a la relación del defensor con el cliente

Los estándares de información, se refieren a la responsabilidad que tiene el defensor o defensora de mantener informado al imputado de su estado del proceso, es decir, las estrategia de defensa, de derechos y deberes que le asisten mientras esté sujeto a persecución penal.También las eventuales consecuencias jurídicas y fácticas de la persecución penal iniciada en su contra.

Un parámetro que aborda un aspecto más humanitario del proceso de defensa consiste en la obligación de dar un trato digno y respetuoso al imputado y a sus familiares, “procurando a la vez que los demás intervinientes también otorguen a su defendido el mismo buen trato, en todas las etapas del procedimiento”.

Gestión administrativa de las causas

Por último, los aspectos relativos a las tareas más rutinarias que realizan los defensores públicos, esto es: mantener completa la carpeta del caso que no es terminado en la primera audiencia, ocuparse de que el sistema informático de la Defensoría Penal Pública refleje fiel y oportunamente todos los eventos que se verifican en la causa. También cumplir con los protocolos de delegación de gestiones o audiencias de causas en trámite, de traspaso, derivación y entrega de causas terminadas y cualquier otro instructivo que dicte el Defensor o Defensora Nacional.

 
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