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Adiós a las áreas de soporte en las gerencias legales

áreas de soporteAlejandro Arrieta
Alejandro Arrieta Pongo

Al estar en el mes navideño, es casi seguro que las empresas organizarán encuentros de balance anual general. Un pedido frecuente será que las áreas de soporte expongan cómo mejorarán sus niveles de servicio hacia el o los negocios de la compañía, a partir de la experiencia del último año.

Este simple párrafo que muchos repiten como letanía, refleja la causa raíz que seguirá impidiendo que esas áreas de soporte mejoren sus niveles de servicio. La razón es sencilla. El texto propuesto parte de un paradigma —una regla no escrita, pero grabada de forma indeleble en la cabeza de gran parte de los ejecutivos— que implica diferenciar entre el negocio (el core) y el back office.

Seamos sinceros y directos. La única forma para mejorar sustancialmente el nivel de servicio consiste en que esos “negocios” de la compañía dejen de asumir que existen “áreas de soporte” y consideren que las personas que las conforman también son parte del negocio.

Esto equivale a decir que las áreas de soporte o back office “se integren al negocio” y “que el negocio las integre”. Esto será un camino de ida y vuelta.

El término área de soporte equivale a decir que se trata de un “externo” sentado en una oficina de la empresa, por razón de conveniencia (física, económica, etc.). Esto involucra desconocer todo el potencial que esas personas son capaces de entregar. Este es un paradigma que debemos desterrar de las organizaciones y que ha sido creado porque quienes dirigen no conocen (o peor, no reconocen) ese potencial.

No hay equipo legal, ni equipo de operación, ni equipo comercial, lo que existe es un “único equipo”. No existen victorias de algunas áreas o negocios mientras existen derrotas de otras. Si algún área o “negocio” pierde, toda la organización pierde. Y las victorias pírricas de un área o negocio, no serán sino recuerdos caricaturescos.

Si de verdad creemos que el todo es más que la suma de sus partes, entonces empecemos a asumirnos como un todo y dejemos de tratarnos como partes separadas o como compartimientos estancos.

Mientras esa regla no escrita siga en cabeza de todos y los líderes de las organizaciones sigan pensando de esa forma, no habrá plan, proyecto o programa que sea expuesto en las reuniones anuales que permita mejorar niveles de servicios de las “áreas de soporte”.

¿Cómo aplicar esta nueva propuesta?

Sencillo, por el lado de quienes históricamente han sido considerados como parte de los negocios, en lugar de buscar a las antiguas áreas de soporte para “validar lo que están haciendo” en algún tema puntual, deberán permitir que esas personas se sienten a participar de la planificación. Y, como dice Andrés Pesaque Mujica, Associate General Counsel en IC Power, deberán facilitar y fomentar que acompañen la ejecución de sus planes.

Por el lado de quienes históricamente han sido considerados parte de las áreas de soporte, en lugar de esperar que los busquen cuando necesiten su participación, deberán trabajar para ser, primero mujeres y hombres de (y del) negocio, y, en segundo lugar, especialistas, como lo son los abogados, los financieros o los contadores, tal como lo desarrolla el libro The Generalistic Counsel: How leading general counsel are shaping tomorrow´s companies de Prashant Dubey y Eva Kripalani.

Ahora, como todos los cambios sólo los hacen las personas, será necesario verificar que se cuentan con los perfiles necesarios para acometer esta empresa. Y, de manera especial, que todos compartan la nueva visión del verdadero trabajo en equipo.

En lo que hay que poner especial cuidado, es con quienes dirán de la boca para afuera que están de acuerdo, pero en su corazoncito o cabeza la fuerza del hábito (the power of habit, según el libro de Charles Duhigg) hará que sigan mirando a un aspecto de la empresa como el realmente valioso y a los demás como marginales.

Finalmente, si bien esta columna no pretende ofrecer una metodología de la visión que se propone, sí me tomo la libertad de citar a Nietzsche: “Quien tiene un ‘porqué’ […], encontrará casi siempre el ‘cómo’”.

Porque si estamos de acuerdo con esta propuesta, habremos encontrado un “porqué”, de modo que con inteligencia y voluntad podremos construir el camino —el cómo— hacia nuestro propósito profesional del próximo año. Y también de vida, si el resultado que se obtenga nos convence de su importancia radical.

 
* Alejandro Arrieta Pongo es Gerente Legal, de Asuntos Corporativos y Cumplimiento de Camposol para sus divisiones agrícola, acuícola y comercial. Estudió Derecho en la Universidad de Piura y ha trabajado en prestigiosas firmas legales en Perú.

La carta del presidente de la Barra de Nueva York

derechos abogadosGerd Altmann

El 26 de noviembre, Roger Juan Maldonado, presidente del Colegio de Abogados de Nueva York, escribió la carta, cuyo texto reproducimos en castellano:

“Imaginen que despertamos un día cualquiera para encontrar que nuestra querida asociación, fundada en 1870, había sido terminada repentinamente por decreto.

Todos los activos de nuestra asociación, incluidas las cuentas operativas, las inversiones de capital a largo plazo y los bienes inmuebles, habían sido confiscados. Los miembros de nuestro Comité Ejecutivo, los presidentes de nuestros diversos comités y nuestro personal de liderazgo habían sido arrestados y se enfrentaban a un proceso penal grave.

El reciente informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Abogados revela que el escenario antes mencionado está ocurriendo en todo el mundo.

En Turquía, 34 asociaciones de abogados, de hecho, fueron cerradas por decreto y sus activos fueron confiscados sin compensación luego de la declaración de estado de emergencia de dicho país, en junio de 2016. Los presidentes, miembros de la junta y muchos miembros regulares de esas asociaciones fueron procesados y encarcelados. Desde julio de 2015, se impusieron más de 300 detenciones, citaciones, prohibiciones de viaje y otras restricciones a abogados y personal de bufetes de abogados.

No es un fenómeno nuevo. Donde la democracia liberal está en retirada, los abogados suelen estar entre las primeras víctimas y la historia está repleta de ejemplos. En Camboya, en la década de 1970, los Jemeres Rojos asesinaron sistemáticamente a cualquiera que usara anteojos, creyendo que era un método eficaz para atacar a miembros de la élite educada, incluidos los abogados.

En 2014, el City Bar organizó una exhibición copatrocinada por el Colegio Federal de Abogados de Alemania y la ABA titulada “Abogados sin derechos: abogados judíos en Alemania bajo el Tercer Reich”. El proyecto que inspiró la exhibición descubrió los destinos detrás de una lista de abogados cuyas licencias habían sido revocadas por el régimen nazi.

“Algunos pudieron salir del país después de que los nazis llegaron al poder, pero muchos de ellos fueron encarcelados o asesinados”, dijo Axel Filges, presidente del Colegio Federal de Abogados de Alemania. “Los abogados alemanes no judíos de aquellos días guardaron silencio. Fracasaron miserablemente, al igual que las organizaciones de abogados. No sabemos por qué”.

Obviamente, estos son casos extremos de la historia, pero el City Bar está decidido a aprender y a no repetir las fallas del pasado. Por lo tanto, debemos defender el imperio de la ley dondequiera que esté amenazado. Varios de nuestros comités, incluidos los de Derechos Humanos Internacionales, Asuntos Asiáticos y Asuntos Africanos, y nuestro Consejo de Asuntos Internacionales, se han pronunciado constantemente en nombre de abogados y jueces de todo el mundo. Además, el Colegio de Abogados de la Ciudad estableció recientemente un Grupo de Trabajo permanente para la Independencia de Abogados y Jueces.

Desde su creación, el Grupo de trabajo ha organizado paneles y eventos en el Gran Salón destacando la represión de abogados, jueces y colegios de abogados de todo el mundo. Ha defendido el nombre de ellos y también formó parte del “Día del abogado en peligro” a nivel mundial, el 24 de enero.

De esta y otras formas, el Grupo de Trabajo, y el Colegio de Abogados de la ciudad en general, han complementado el trabajo del Relator Especial, y más recientemente han trabajado desde la oficina directamente.

El informe del relator especial Diego García-Sayán y su trabajo en general se basan en dos documentos importantes en el campo, “Estándares para la independencia de la profesión legal”, adoptados por el Colegio Internacional de Abogados en 1990, y los “Principios básicos de la ONU sobre el papel de los abogados”, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y acogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, también en 1990.

En su informe, el Relator Especial cataloga las descaradas violaciones de derechos cometidas contra abogados de todo el mundo, incluidas sanciones arbitrarias, arrestos y procesamientos, a menudo acompañados por la demonización de abogados a través de medios controlados por el gobierno.

Pero tal vez sea más relevante e instructivo para nuestros propósitos observar las tácticas más sutiles e insidiosas que él identifica como muy eficaces para socavar la independencia de abogados y juristas, específicamente, al socavar la independencia de sus asociaciones.

Estas tácticas incluyen establecer obstáculos legales o administrativos para evitar que los abogados constituyan o se unan a organizaciones profesionales independientes; legislaciones y políticas vagas sobre la admisión a la profesión; legislaciones que restringen el alcance de las actividades permisibles de las asociaciones de abogados existentes o que limitan su poder de autorregulación; y medidas legislativas o reglamentarias para incluir a miembros designados por el gobierno en el cuerpo ejecutivo del colegio de abogados.

El reporte sugiere que, como mínimo, una asociación de abogados legítima y efectiva debe ser independiente, autónoma, con el mandato de proteger la independencia de la profesión legal y los intereses de sus miembros, y reconocida por la ley.

El Relator Especial establece recomendaciones útiles para los colegios de abogados en varias áreas distintas, incluida la protección de los abogados; el desarrollo de estándares profesionales y de ética; la supervisión de procedimientos disciplinarios; la prestación de asistencia letrada; la educación y formación jurídica; y la promoción y seguimiento que aborda el papel sustantivo de los colegios de abogados en la protección de los derechos humanos, la administración justa de la justicia y el estado de derecho.

En efecto, si bien los estados tienen la responsabilidad principal, los abogados, los jueces y sus asociaciones voluntarias deben desempeñar un papel activo para garantizar que las personas en la profesión legal puedan realizar sus actividades desde una posición de independencia percibida y real. La independencia no es lo mismo que la neutralidad.

Mientras permanecemos políticamente neutrales, nunca hemos sido valores neutrales. El Relator Especial habla del “papel esencial que desempeñan los colegios de abogados en una sociedad democrática para permitir el ejercicio libre e independiente de la profesión legal y para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, en particular las garantías procesales y las garantías judiciales justas”.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York se enorgullece de apoyar, junto a los colegios de abogados de todo el mundo, el acceso a la justicia, los derechos humanos, el debido proceso, los juicios justos y el estado de derecho. Estos son los valores sustantivos que defendemos y buscamos avanzar, y nuestra capacidad para hacerlo depende en última instancia de nuestra habilidad para preservar nuestra independencia, y la de los colegios de abogados de todo el mundo, que continuaremos protegiendo con el mayor vigor.

Mis agradecimientos a Michael D. Cooper, Presidente del Consejo de Asuntos Internacionales del Colegio de Abogados de la Ciudad, por su contribución a esta columna”.

Roger Juan Maldonado, Presidente de la New York City Bar Association.

Para leer el texto original haz click aquí.

 
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Abogados: la reputación como un activo

reputaciónGustavo Rodríguez
Gustavo Rodríguez

En la primera parte de esta serie de columnas analizamos la ética como parte de la reputación del abogado. Ahora abordaremos calidad y visibilidad.

El primero de los elementos está constituido por dos componentes. Uno de ellos es la calidad de la solución aportada al requirente y el otro es la calidad del servicio y atención al cliente, un aspecto que se define por la forma de relacionarse con él y la generación de espacios de comunicación ágil y fluida.

El otro componente es la calidad de la solución aportada; que sea acorde a las necesidades del requirente, evitando ofrecer servicios sobredimensionados y el preciosismo jurídico injustificado.

Además de útil y apegada a la ley, la solución debe ser ad hoc.

No es menos importante el rigor en la elaboración de la solución: acuciosidad y precisión son los conceptos que deben estar grabados en la mente de todo abogado, lo que implica no dejar cabos sueltos ni vacíos que no hayan sido previstos en su riesgo, de los cuales el cliente debe estar siempre consciente.

Aquí van, desarrolladas esquemáticamente, algunas recomendaciones:

— Calidad del servicio prestado:
– demostrar dedicación al problema del requirente; generando fácil acceso para contactarse
– mantener debidamente informado al requirente de los avances del encargo
– ser veraz sobre los avances logrados
– mostrar estar al tanto de su evolución
– comunicar aspectos relacionados con las dificultades que se enfrentan
– ser oportuno en la elaboración de la solución
– lograr en los procesos agilidad y rapidez de respuesta

En resumen, demostrar eficiencia y eficacia en el desarrollo del trabajo.

— Visibilidad: puede definirse como la necesidad de ser reconocido por quienes podrían requerir de los servicios que prestamos, cuidando mostrar la realidad de lo que somos.
Es necesario considerar que lo más importante es dar a conocer: i) Áreas de especialidad que se dominan y ii) La identidad del Estudio, definido como la Cultura Organizacional interna: Comportamientos y formas de actuar los integrantes del estudio. La Cultura Organizacional interna se define según la estructura valórica de quienes forman parte del estudio.

Es habitual que cuando alguien pregunta sobre un profesional o un estudio la respuesta consta de descripciones relacionadas con áreas profesionales de especialidad que domina y descripción, también, de su forma de ser y actuar como profesional y comercialmente.

Pero no basta. Es necesario mostrar, usando medios razonables, las características principales y propuesta de valor de cada firma:
– hacer visible, con veracidad y apego a la realidad, las especialidades efectivamente dominadas, a un nivel demostrable, según las credenciales que se posean
– mostrar los profesionales que practican la especialidad, resaltando sus virtudes y capacidad profesional
– utilizar los medios de marketing permitidos por la ética profesional, buscando llegar al mercado (nicho o segmento) que se ha definido como objetivo
– resaltar la experiencia acumulada de manera simple, evitando exponer a los clientes
– tomar contacto con redes que faciliten acercarse a los mercados escogidos
– usar planes de medios o medios de marketing para lograr visibilidad

— Cultura organizacional interna: podría entenderse como “la manera en que hacemos las cosas” profesionalmente, mirando la organización como una unidad y no como una suma de personalidades individuales.
– descripción de la forma de ofrecer el servicio considerando la “personalidad” o características resaltables de los integrantes del Estudio
– establecer la estructura valórica que mueve al estudio desde la perspectiva ética y desde el punto de vista funcional; en
– comercial y de relacionamiento entre las personas y con los clientes
– describir con precisión el estilo de trabajo que el estudio quiere imprimir, resaltando los reales atributos que se posee

Todo lo expresado requiere de veracidad y consistencia respecto de la realidad del estudio jurídico. También urge entender lo imprescindible que resulta en es escenario actual la difusión apropiada de los logros de la firma, de modo tal que se genere una diferenciación efectiva que se traduzca en el mediano plazo en una oferta de servicios singular y propia.

Cada estudio puede elaborar una propuesta de valor que incluya, entre otros, los componentes mencionados en este artículo.

 
* Gustavo Rodríguez Lazcano es ingeniero civil industrial, socio de GR Soluciones, y se dedica hace dos décadas a prestar asesorías en gestión para firmas de abogados, en temas como modelo de negocios, modelos societarios, procesos internos y capital humano.

 
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El arbitraje en la agroindustria

Alessandro VergelVergel Pérez Palma Abogados
Alessandro Vergel

El sector agroindustrial es uno de los más importantes en la economía peruana, representando aproximadamente el 6% del PBI, y registrando una exportación de más de US$ 4,000.00 MM anuales.
Nuestro país es productor de exportación de diversos productos, como café, palta, mango, cacao, caña de azúcar, limón, uva, palma, papa, entre muchos otros, incluido derivados y procesados.

Por su naturaleza, dicho sector es especialmente dinámico, y compuesto por una serie de actores económicos que se vinculan entre sí a través de contratos que pueden ser desde una simple compraventa de semillas, hasta complejas transacciones económicas que incluyen importación y exportación, asociaciones para proyectos agrícolas, financiamiento, producción, venta y distribución, márquetin agrícola, provisión de maquinarias, alquiler de fundos agrarios, y demás.

Ese dinamismo no está exento de controversias, que pueden ser de las más variadas, desde una demora en la entrega de un producto, hasta la aplicación de penalidades, el incumplimiento, calidad, mermas, intereses, distribución de utilidades, fallas en el sistema de producción, entre otros. Esto se puede complicar aún más cuando, en el marco de una controversia, estén de por medio una multiplicidad de partes o se han suscrito una multiplicidad de contratos.

Una situación como aquella, ciertamente, requiere de una solución adecuada y eficiente, que permita solucionar el problema y permitir la continuación del negocio o, incluso más, la pérdida de la producción, daños que se pueden generar por la demora de los procesos judiciales o por la poca especialización de quien es el encargado de resolver el conflicto.

Normalmente se piensa que, ante una controversia con posiciones irreconciliables, la única opción es acudir al Poder Judicial, lo que conlleva una espera de años hasta llegar al fallo de última instancia.

Lo lamentable es que, llegado el momento en que por fin se tiene una sentencia definitiva, es usual que el tiempo transcurrido le haya ocasionado a las partes daños irreparables, pérdidas de la producción o de relaciones comerciales, a lo que eventualmente se suma que la forma de resolver el conflicto no haya sido la correcta, debido a la falta de conocimiento del sector agroindustrial.

Ante ello surge la necesidad de un mecanismo alternativo que atienda a las necesidades de los mercados más dinámicos, complejos y especializados, como el agroindustrial. Para ello, desde mediados de los noventa, en el Perú se introdujeron normas que hicieron viables solucionar estas controversias a través de un mecanismo denominado arbitraje.

Así, el arbitraje no es otra cosa que un mecanismo para resolver controversias, alternativo al proceso judicial, por medio del cual las partes deciden que sus controversias serán resueltas por un árbitro o tribunal arbitral, cuya decisión final, denominada Laudo, tendrá la misma fuerza que una sentencia judicial. El arbitraje, actualmente, se encuentra regulado en el Decreto Legislativo N° 1071, sin perjuicio de otras normas que regulan sectores específicos.

Para que las partes puedan someter sus controversias ante un árbitro es necesario que exista un “Convenio Arbitral”, que no es otra cosa que el acuerdo de las partes, generalmente escrito, para que las controversias que surjan del contrato (o de los contratos) se resuelvan mediante arbitraje.

El atento lector podrá hacer el ejercicio de revisar los contratos que haya firmado o sus órdenes de compra, y verificar si en éstos exista dicho convenio arbitral —generalmente a cargo de alguna Cámara de Comercio o Institución Arbitral—, el cual generalmente es consignado en la parte final del documento, cual cláusula de menor importancia, grave error.

En no pocas ocasiones el arbitraje permite salvar negocios millonarios, así como conservar relaciones comerciales que, en otras situaciones, se hubiesen quebrado. Pero no sólo es un mecanismo más rápido para resolver un conflicto, pues el promedio de duración es de 6 a 18 meses, para los casos más complejos, sino que además es confidencial. Nadie que esté involucrado en una operación comercial agroindustrial quiere que sus conflictos se ventilen al público, por lo cual el arbitraje tiene la garantía de que, tanto las partes como los árbitros, deberán garantizar la confidencialidad del procedimiento.

Se podría pensar que con ello bastaría para que todo se lleve a arbitraje, sin embargo, lo más importante es que debe garantizar la especialización del árbitro o los árbitros que serán los encargados de emitir el Laudo, así como la posibilidad de una mayor presencia de peritos expertos en los temas que se discutan.

Son las partes quienes designan a los árbitros —generalmente abogados—, que resolverán el conflicto, de modo tal que éstas tienen la posibilidad de designar a una persona imparcial, que tenga conocimientos del sector agroindustrial: no sólo el mercado, sino que también la dinámica de las relaciones comerciales, económicas, y jurídicas involucradas.

En conclusión, todos aquellos vinculados a la agroindustria deberían evaluar este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, dotado de una eficiencia incontrastable para resolver las controversias que surjan en este complejo y específico sector, que es uno de los más grandes en el Perú.

 
* Alessandro Vergel Pérez Palma es socio en Vergel Pérez Palma Abogados. Es abogado de la Universidad Mayor de San Marcos y tiene una Maestria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde imparte clases. Se ha especializado en materia procesal y arbitraje.

LABITCONF 2018, en Santiago de Chile

bitconf#LABITCONF
Equipo Idealex.press

Hoy comienza la Latin American Bitcoin & Blockchain Conferences LABITCONF, la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain, que durará hasta el 8 de diciembre y se realiza en el Centro Cultural CorpArtes, ubicado en Rosario Norte al 600, en Santiago de Chile, tras las versiones anteriores en la Argentina (2013 y 2016), Brasil (2014), México (2015) y Colombia (2017).

“América Latina se presenta como un ecosistema fértil para las criptomonedas”, dicen los organizadores, quienes destacan que los problemas de la región, “especialmente su inestabilidad económica”, impulsaron el interés por la economía y las finanzas. “Ahora, las criptomonedas se muestran como una posible solución a los históricos problemas que sufre la región y las discusiones sobre la tecnología, sus capacidades y sus límites son recurrentes”, sostienen en su nota de prensa.

De acuerdo a la información entregada, en Brasil se abrieron más de 1,4 millones de cuentas en exchanges de criptomonedas, mientras que los bancos sólo vieron 600 mil nuevos registros.

SIGUE LA CONFERENCIA POR STREAMING AQUÍ

En México, las criptomonedas no fueron aceptadas como dinero, pero una nueva ley las catalogó como commodities, permitiendo que los bancos trabajen con ellas. En la Argentina, se comenzaron a instalar los primeros cajeros automáticos que permiten comprar y vender criptomonedas.

En Colombia, en tanto, el Congreso presentó un proyecto de ley para emitir licencias para los exchanges que deseen operar en el país y para gravar las transacciones.

Si se mira a Perú, el volumen de transacciones con criptomonedas habría aumentado más de un 50%.

Uruguay —afirma la nota— acaba de establecer un nuevo comité especial para evaluar cómo regular las criptomonedas para evitar el terrorismo financiero y el lavado de dinero.

Y Paraguay, por su parte, se destaca como uno de los países más baratos para establecer operaciones de minería, gracias a los bajos costos de las renovables que se comparan con los de Canadá o Suecia.

En este escenario se desarrollará la sexta edición de LABITCONF, que, al igual que años pasados, contará con referentes de la industria, incluidos el experto en Bitcoin y blockchain Andreas Antonopoulos, el fundador y CEO de ZCASH Zooko Wilcox, y Diego Gutierrez Zaldivar de RSK, la empresa argentina cuya plataforma podría traer una nueva ola de ICO, esta vez, desarrolladas sobre Bitcoin.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio web del evento. Estas van desde los US$ 300, por el acceso Standard, hasta los US$ 1.150, por la experiencia VIP completa.

La revolución digital y el arbitraje

fintechMiguel Aravena
Miguel Aravena / Juan Carlos Urquidi

¿Qué pueden tener en común las criptomonedas, los ICOs, Blockchain y las Fintech? Una criptomoneda es una moneda virtual que se basa en un cifrado seguro para verificar sus transacciones. Una ICO (Initial Coin Offering) es la primera emisión de una criptomoneda —buscando su financiamiento— y tiene la particularidad de que es realizada por particulares, no por una entidad monetaria pública.

Blockchain es el respaldo de esa moneda, un sistema invariable y transparente en el que un usuario puede confiar que ahí donde tiene un peso, efectivamente tiene un peso. Fintech, por su parte, o “tecnología financiera”, se refiere a aquellos instrumentos —aplicaciones y softwares— que permiten operar, transar y gastar el dinero, sea éste digital o no. Como se ve, en principio, ni el Estado ni los bancos tienen parte en esta escena.

fintechJuan Carlos Urquidi

Frente a tal contexto, cabe preguntarse quién hace cumplir las obligaciones, derechos y expectativas de los distintos actores en este mundo virtual. Sin duda, los entes regulatorios tienen una tarea titánica en la creación de un marco normativo confiable y armónico que proteja la fe pública, pero también tendrán un rol determinante aquéllos llamados a resolver los conflictos que se susciten entre los particulares. Ahí es donde el arbitraje se cruza.

El foro arbitral tiene la oportunidad de convertirse en un agente protagónico en esta nueva revolución digital, en cuya médula yace la intersubjetividad y el valor colectivo que las personas le reconocen a estos incipientes instrumentos de valor. Por lo tanto, ahí donde dicha confianza se quiebra, alguien deberá resolver y restituirla.

La base de este nuevo sistema monetario es la comunicación expedita entre agentes, sin intermediarios y con menores costos de transacción. Sin embargo, cuando esa misma velocidad e intangibilidad sea causa de controversias, se necesitará un agente igual de funcional al modelo, que sea capaz de discernir de forma ágil y fluida entre una u otra posición. En ese sentido, dada la naturaleza de este mecanismo heterocompositivo, un árbitro tendrá más flexibilidad, tanto para validar la información virtual, como para razonar conforme a las reglas del nuevo mercado.

Por lo demás, blockchain no solo es funcional al sistema monetario; lo es también a la identidad digital, a las plataformas de pago, a la recopilación de datos, a la redacción de contratos y a la representación electrónica de la voluntad de un sujeto. En ese espacio, en la medida de que el árbitro no esté limitado tan sólo al derecho vigente —que a menudo corre por detrás de las nuevas tecnologías— podrá adecuar su juicio y razonar jurídico a las reglas y expectativas propias de los agentes en conflicto.

Si las partes suponen una serie de estructuras virtuales, no deberá ser el árbitro quien las deba validar. En términos simples, hoy en día los litigantes no discuten que el dólar americano constituye una divisa generalmente aceptada, ni que la firma manuscrita puesta en un contrato es señal de aceptación; sin embargo, en el escenario virtual, tales supuestos no están afianzados y es ahí donde se necesitan jueces dispuestos y capacitados para juzgar sobre la base de estas nuevas reglas de mercado.

Dos casos para graficar cómo funciona este mercado:
(i) una startup reúne fondos mediante un crowdfunding, sin embargo, el proyecto no se materializa, pero los fondos se encuentran bloqueados en virtud de un smart contract. Luego, será un tercero -un árbitro o un juez- quien resuelva cómo adjudicar esos dineros y en qué proporción a cada inversionista;
(ii) una empresa virtual hace un comentario en una red social, el cual, a juicio del sostenedor de dicha plataforma, contraviene los términos y condiciones de uso. Luego, un tercero —un árbitro o un juez—, resolverá si efectivamente se han transgredido las reglas de interacción y podrá ordenar que se reduzcan puntos de reputación social (likes) de la compañía transgresora.

En suma, las nuevas tecnologías ofrecen una gran oportunidad a la comunidad arbitral. Los actores de la revolución digital que vivimos no estarán inmunes a las disputas, tan connaturales a la interacción económica. Así, se necesitará de árbitros que comulguen con las características de este incipiente mercado y que sean capaces de integrarse a este campo de resolución de controversias.

 
* Juan Carlos Urquidi Herrera (jurquidih@gmail.com) es abogado de la Universidad Católica de Chile y tiene un LLM de la Universidad de California, Berkeley. Miguel Andrés Aravena Cofré (maravenacofre@gmail.com) también es abogado UC y tiene un LLM y un Máster en Mediación Profesional de la Universidad Pompeu Fabra. Ambos han enfocado su ejercicio profesional en litigios y arbitrajes comerciales.

Las advertencias de los gerentes legales a los socios de estudios jurídicos

El jueves 22 se hizo en Santiago el Legaltech Summit 2018, organizado por la empresa Lemontech. Si bien los speakers individuales abordaron de pie sus temas de manera ágil, entretenida y entregando muchas cifras que rara vez llegan a generarse y menos a conocerse, uno de los paneles que generó mucha atención fue el que tenía a la izquierda del púbico a 2 gerentes legales y, a la derecha, a 3 socios de firmas.

Vamos por partes. Comencemos por las sensaciones:
1. Los abogados gerentes muestran gran dominio de escena, al mismo nivel que cualquier gerente que sea ingeniero civil industrial.

El estar sentados en sillones no les restó soltura; hicieron gala de un vocabulario fácil, pero que fue acompañado de una estampa de poder que quiso mostrar cercanía.

También manejaron la mirada, que se desplazaba primero a la moderadora, luego a las contrapartes, directo al público, al compañero de labores y así, generando empatía.

2. A los socios de los estudios jurídicos les cuesta más conectar con la audiencia. Se perciben fríos y con un discurso que no genera proximidad, e incluso rígidos en su postura física.

Sigamos con los actores: Carmen Román, gerente legal de Walmart; Gonzalo Smith, gerente legal de Falabella; Álvaro Díaz, del estudio colombiano Gómez Pizón; Sergio Díez, socio del estudio chileno Cariola Díez Pérez-Cotapos; y Alberto Rebaza, socio del estudio peruano Rebaza Alcázar y De Las Casas.

Continuemos con las frases para el bronce, aquellas que muestran quién tiene el poder y cómo éste se ha ido desplazando hacia los in house; los antes tan despreciados in house, como ha destacado Rafael Mery. Una de ellas fue de Carmen Román: “He ido derivando a relaciones de largo plazo, con retainers fijos para no estar preocupada de las horas adicionales. Si hay algo específico, como libre competencia, podemos acordar algo más”, dijo.

Ante la obvia pregunta latente de “cómo logro ser un proveedor de servicios legales para una gran empresa”, Román contó que se le acercaban permanentemente abogados y que ella los consideraba para invitarlos a la licitación siguiente. “Estamos abiertos a estudios jurídicos nuevos”, aseguró, para después aclarar que gran parte de ellos eran spin offs de proveedores anteriores.

Dentro del pinponeo con los socios de estudios y las preguntas del público, Gonzalo Smith contó: “Yo he rechazado propuestas por predatorias, por indecentes, ridículas, que sólo tienen como finalidad trabajar contigo ‘y después veremos'”. También criticó que los estudios no hagan “casi nada por diferenciarse, aunque sean una empresa”. No muestran valor agregado, aseguró, porque la calidad se da por sentada. Y dio un par de ejemplos, como que podrían llegar con propuestas con project management, pero no lo hacen. Así es que tomó cartas en el asunto: “Tengo abogados haciendo un curso de management, de 10 sesiones y que cuesta como $300.000 (unos US$450)”

También mencionó a la eficiencia, como un factor de diferenciación y reforzó la idea que había dado en 2017, en otro foro legal, cuando dijo “No gasten en oficinas caras; nosotros no vamos a sus oficinas”. Esta vez atacó el altísimo costo inmobiliario y lo innecesario que resulta tener oficinas en un sector prime.

¿Jóvenes y su aporte? Smith puso de relieve que el objetivo principal de los abogados debe ser desarrollar aquellas competencias en las cuales no van a ser reemplazados. “Los abogados somos desmenuzadores profesionales de problemas. Con los otros profesionales con que conversamos muy bien son los ingenieros, porque tenemos la misma estructura mental”, opinó, para continuar con una aclaración: a los abogados jóvenes les es natural la tecnología, pero no necesariamente en ámbitos que le sirvan a su empleador o a su cliente. No estudian estadística ni estructuras decisionales ni teoría de juegos… por dar un ejemplo.

Entregados estos botones de muestra, desde Idealex.press creemos —hace ya varios años— que los abogados de despachos deberían superar la etapa de negación para pasar en breve a la fase de aceptación, proceso que debería culminar cuanto antes en reflexión, creación y reinvención.

 
Sofía Martin Leyton
Directora
Idealex.press
@Idealex_press

Aciertos y oportunidades del Proyecto de reforma de pensiones en Chile

Ricardo MuzaRicardo Muza Galarce

Ricardo Muza Galarce

El pasado 6 de noviembre de 2018 bajo el Boletín N° 12.212-13 el Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que “mejora el sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia” (el Proyecto).

El Proyecto pretende abordar integralmente uno de los principales desafíos que tiene y tendrá Chile en su futuro más próximo, cual es, mejorar las pensiones en un mundo con una creciente expectativa de vida, un insuficiente ahorro obligatorio y una rentabilidad decreciente del portafolio que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Un tema esencialmente árido e impopular, cuyos ejes intentaremos abordar en forma breve y simple.

Vamos punto por punto en lo que es fundamental, el Proyecto conceptualmente indica que un incremento del 40% en la tasa de cotización, aumentaría las pensiones del nuevo sistema en un 40% – acercando la tasa de reemplazo a porcentajes más próximos al 50% o 60% – sin embargo esto asume que tanto la expectativa de vida como la rentabilidad histórica se mantienen. Precisamente, la rentabilidad del sistema década por década ha descendido en promedio de un 12% a un 4% y fracción real anual, de acuerdo a lo que indica el mismo mensaje del proyecto. Lo anterior sin considerar una creciente expectativa de vida en Chile.

El proyecto intenta paulatinamente acercar a Chile al estándar OCDE de contribuciones, no obstante, si las rentabilidades continúan con su tendencia decreciente y la expectativa de vida aumenta, ambos supuestos con un más que razonable grado de probabilidad, el efecto de una mayor contribución podría diluirse en el mediano plazo e incluso ser negativo, al no ser suficiente el aumento en la cotización para compensar los cambios en las referidas variables.

En lo que respecta a la competencia el Proyecto no incorpora un sistema de competencia simple y directo sobre el total del monto cotizado por concepto de previsión. El sistema propuesto no aborda —de este modo— las barreras de entrada por la competencia del 10% actualmente cotizado, y de alguna forma crea alternativas complementarias de competencia, pero también una doble comisión que podría inclinar al cotizante actual a mantenerse en el régimen de AFP para el 4% adicional.

Por doble comisión, debe entenderse la de la AFP por sobre el 10% y la potencial segunda comisión por la administración del ahorro complementario en caso de que quien administre no sea una sociedad relacionada a una AFP. Así, de esta forma, se produce una curiosa coincidencia con el proyecto de la segunda administración de la ex Presidenta Bachelet, pero en lugar de existir una posición de exclusividad para el administrador estatal del ahorro excedentario, se produce de facto este efecto con las AFP.

En lo que concierne al aporte del empleador, este es esencialmente nominal, pues salvo para los empleados que perciben el sueldo mínimo o empleados públicos, la ley chilena, este tipo de cargas impuestas por la ley tienen habitualmente como consecuencia menores ajustes salariales en el mediano plazo, así como mayor desempleo, que es lo que el Proyecto intenta estimar en su análisis financiero. El mayor plazo de este aporte es una manera de hacer más paulatino este efecto y aminorar los efectos negativos del mismo.

Por el lado de las oportunidades, el Proyecto no aborda aspectos relevantes para la discusión del tema de las pensiones en una sociedad como la chilena, entre ellos:
a) la creciente expectativa de vida, que debería traer aparejada un aumento en la edad de jubilación en forma automática;
b) un mayor aumento del porcentaje de cotización previsional en línea con el promedio de los países OCDE, más bien cercano al 18%, para asegurar mejores tasas de reemplazo futuras;
c) mayor competencia, sobre el total de los fondos previsionales;
d) comisiones de carácter variable, según rentabilidad, para las AFP y administradoras de planes de ahorro complementario, para generar con una herramienta de mercado un aliciente para mejorar las rentabilidades;
e) sistemas de incentivo más fuertes para las empresas en el sentido de incentivos tributarios para hacer un match de las contribuciones de los empleados; y,
f) permitir préstamos de los trabajadores contra sus propios fondos con tasas mínimas de rentabilidad equivalentes a la rentabilidad de los fondos, para evitar el pago de altas tasas en créditos de consumo a intermediarios financieros, aumentando así el ingreso líquido disponible de los empleados y generando un sentido de pertenencia sobre los fondos previsionales, todo ello garantizado mediante el pago de remuneraciones y montos que se pagasen contra el término de la relación laboral en el finiquito.

En resumen, el Proyecto representa un considerable avance en poner sobre la mesa un tema de por sí difícil, pero no aborda al menos los seis aspectos reseñados.

Personalmente creo que el Presidente Piñera está perfectamente al tanto de estos vacíos y que el hecho de no abordarlos puede obedecer a una decisión estratégica de avanzar paulatinamente, postergando estos aspectos a un segundo proyecto, de ser aprobado este primero.

 
Los dichos y opiniones expresadas en este sitio sólo representan a su autor y no necesariamente representan las de Pfizer.

 
* Ricardo Muza Galarce es abogado de la Universidad Católica de Chile, LLB y LLM de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente es Director Legal Regional de Pfizer para Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.

España ya tiene su Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales

Josefa Soto

La semana pasada el Parlamento español aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con un amplio voto a favor, del 93%.

De acuerdo a información publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), esta ley adapta el Derecho español al modelo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) e introduce algunas novedades.

De fácil accesibilidad

La normativa regula el modo en que se debe informar a las personas sobre el tratamiento de sus datos. Se optó, específicamente para el ámbito de internet, por un sistema de información por capas que permita al ciudadano conocer de forma clara y sencilla los aspectos más importantes del tratamiento.

Pero el cuidadano también puede acceder a los restantes actores del tratamiento, mediante un enlace directo, que facilita el ejercicio de sus derechos, pudiendo exigir que los medios sean fácilmente accesibles.

Otro de los aspectos novedosos incluidos en la nueva ley es el reconocimiento expreso del derecho de acceso, de rectificación y de supresión por parte de quienes tuvieran vinculación con personas fallecidas por razones familiares o de hecho y a sus herederos. De todos modos, la ley respeta al fallecido, cuando éste lo hubiera prohibido.

Menores de edad

La ley fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de manera autónoma para el tratamiento de datos y regula expresamente el derecho a solicitar la supresión de los datos entregados vía redes sociales u otros servicios por el propio menor o por terceros durante su minoría de edad.

Tal como propuso la Agencia, la ley refuerza las obligaciones del sistema educativo para garantizar la formación en el uso seguro y adecuado de internet, incluyendo la materia de forma específica en las mallas curriculares.

El Gobierno deberá remitir en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la norma otro proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar estos derechos, mientras que los establecimientos educacionales tendrán el mismo plazo para la inclusión de dicha formación en sus programas.

Derecho al olvido

El texto regula, asimismo, el derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Según un artículo de Europress.es, anteriormente este derecho afectaba sólo a la información publicada en buscadores y páginas web.

Ahora, los cibernautas tienen derecho a reclamar que se eliminen de las redes los datos entregados por ellos mismos, así como también aquellos que fueron proporcionados por otros usuarios, en cuanto sean “inadecuados, inexactos, no pertinentes no actualizados o excesivos”.

La supresión tendría excepciones: si los datos hubieren sido facilitados por terceros en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

Denuncias anónimas

Siguiendo las recomendaciones de la agencia, la ley incorpora un canal de denuncias internas anónimas, que permite poner en conocimiento de una entidad privada la realización de actos o conductas contrarios a la normativa. Así, resguarda al denunciante y a las empresas, al conciliar su propio derecho con el de la protección de datos de las personas.

Derecho a la intimidad

La recién aprobada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, también protege la intimidad de los usuarios en sus lugares de trabajo.

La ley actualiza las garantías de este derecho frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos.

Además, complementa y refuerza estas garantías al regular la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, pues se deberá informar a los trabajadores de su uso.

Propaganda electoral online

Según Europapress.es, el artículo 58 de la normativa referido a la propaganda política, considera valida la recopilación de datos “sobre la ideología de los usuarios de interntet por parte de partidos políticos, agrupaciones electorales y para la realización de actividades de propaganda”, “amparada en el interés público”.

Establece como límite que estos datos procedan de páginas web y fuentes de acceso público. Así la propaganda online se regula bajo los mismos principios que el resto de la propaganda electoral en España. También se especifica que los usuarios tienen derecho a no recibirla de un modo “sencillo y gratuito”.

Pareciera ser que este fue el punto más controversial de la nueva reglamentación. En el mismo artículo de Europapress.es, se asegura que el director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida, dijo que la ley conduce a “convertir tus datos personales en mercancía electoral y legalizar el spam político”.

 
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Transformación de la gerencia legal: de centro de costos a “centro de profit”

Guillermo Sánchez BravoGuillermo Sánchez Bravo
Guillermo Sánchez Bravo

Peter F. Drucker decía que, “en tiempos de turbulencia, el mayor peligro pasa por actuar con la lógica de ayer”. Así, en estos tiempos de constantes cambios en nuestro entorno, se hace necesario el impulso de procesos de transformación en el seno de las empresas.

Dicha transformación implicará, probablemente, un rediseño de procesos y el replanteo de nuestros modelos de negocio, a fin de alcanzar el “alineamiento” organizativo y cultural que nos permita dar respuesta a las nuevas exigencias de nuestros clientes.

Dado que esas exigencias se hacen también extensivas a las estructuras de soporte, más que interrogarnos sobre la necesidad de emprender una transformación en las gerencias legales, cabría preguntarnos sobre cómo podríamos impulsar ese cambio.

Una gerencia legal, como estructura de soporte in house, podría dejar de ser un mero centro de costos, para convertirse en un “centro de profit”, si se inserta en la cadena de valor de la empresa, no limitándose a dar respuestas jurídicas, sino aportando, en tiempo y forma, como business partner, un soporte estratégico, con soluciones de negocio, que permitan una efectiva y oportuna toma de decisiones.

A partir de lo anterior, antes de impulsar algún cambio en los procesos de una gerencia legal, debe procederse con una evaluación de lo existente, a fin de realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades reales y los “cuellos de botella” a eliminar.

A partir de lo anterior, ¿qué actividades son redundantes o reiterativas, y merecerían ser automatizadas?, ¿qué servicios o procesos podrían ser rediseñados con miras a mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes internos y la interacción entre los integrantes de nuestros equipos?, ¿qué tipo de información requerimos de nuestros proveedores, cómo la tendríamos que recibir?, los procesos actuales, ¿pueden ser acelerados?, ¿están adaptados a las reales necesidades de la gerencia legal y a las nuevas exigencias de la empresa en transformación?

Identificando además a aquellas herramientas digitales que ya vienen siendo utilizadas en la gestión de la gerencia legal, las respuestas a esas interrogantes podrían permitirnos delinear un diagnóstico preliminar. Como parte de ese análisis se tendrá que evaluar si corresponde o no incorporar nuevas herramientas o soluciones digitales, validando que éstas “conversen” con los sistemas ya existentes, que sean soluciones escalables y adaptables al trabajo y dinámica de nuestros equipos.

Dicho lo anterior, no debemos perder de vista que buscar las herramientas digitales muy temprano, quizás no sea la mejor opción. La definición de los procesos existentes deben llevarnos a evaluar, en concreto, si lo digital constituye o no una solución para dichos procesos. Lo digital debe ser un medio y no convertirse en un fin en sí mismo. No es posible que nos ocupemos de la decoración de una casa que aún se encuentra en proceso de construcción.

Como todo proyecto, a partir de los problemas concretos previamente identificados, será fundamental medir las expectativas y ambiciones de los usuarios: una herramienta que lo haga todo no existe.

Así, con un plan de acción “aterrizado”, lo mejor será abordar un proyecto evolutivo, que impulse programas pilotos que resuelvan problemas concretos y que muestren a nuestros equipos y a los sponsors del proyecto (asumiendo que los tenemos identificados), que los cambios, orientados hacia un “user experience” y un “customer centric”, generan beneficios efectivos, medibles y que aportan valor a la empresa.

En ese mismo sentido, como piedra angular de este proceso, tendremos que evaluar cómo embarcar a nuestros equipos en una gerencia legal 4.0, que nos lleve a convertirnos en eficientes y valorados business partners de nuestros clientes internos, desplegando, fuera de todo compartimento estanco, una visión transversal de la función jurídica en el seno de la empresa.

 
* Guillermo Sánchez Bravo es abogado de la Universidad Católica del Perú y Master en Derecho Internacional de los Negocios por la Université Jean Moulin, Lyon III. Es también Legal Project Practitioner y árbitro. Fue asesor legal de la Secretaría General de Telefónica, de IBM Perú y gerente legal regional de Tecnocom. Hoy es director de proyectos de Xtrategia y socio en Menta Evolución Empresarial.

 
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