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Evasión fiscal: los actores de mayor envergadura

Sponsored. Equipo Idealex.press

El diario Gestión de Perú —medio especializado en finanzas y economía— publicó hoy un artículo sobre las pérdidas que le genera a ese país la evasión fiscal: la cifra ronda los US$ 18.000 millones al año.

La publicación continúa informando que de acuerdo al Foro Económico Mundial, en 2018, Estados Unidos perdió cerca de US$ 188.000 millones, seguido de China, con US$ 66.800 millones anuales. No obstante, las mermas estarían afectando más a naciones de América Latina y el Caribe, así como a África y al sur de Asia.

Si nos centramos en el cono Sur, Centroamérica y México, “las pérdidas por evasión tributaria representan el 6,7% del PBI regional, llegando a US$ 340.000 millones”.

Y esto ocurre a pesar de que se continúa avanzando en la implementación de herramientas de fiscalización, que le permitan combatir estos hechos, dijo Carlos Vargas Alencastre, presidente de TPC Group.

Vargas recordó que la evasión fiscal en Perú —en 2017— llegó a los US$ 20.000 millones: los sectores que estarían involucrados serían la minería informal, construcción, comercio mayorista y minorista, contrabando, así como restaurantes y hospedajes.

Pero lejos de ser un fenómeno ligado sólo a Perú, el entrevistado sostuvo que “el traslado de fondos para evitar el pago de impuestos es un problema global”, que se ha “intensificado con el aumento de las operaciones transfronterizas de los grupos multinacionales”.

¿Por qué? Porque estos holdings suelen trasladar “enormes flujos de capital de sus países de origen hacia otras jurisdicciones, a fin de aprovechar mayores beneficios tributarios y legales”. Así sería cómo para el período 2018 se estimó que el 40% de los beneficios de estas compañías habría terminado en paraísos fiscales.

Trabajo colaborativo

evasión ficalAI Magazine, Carlos Vargas

A fin de combatir esta irregularidad, afirmó Carlos Vargas al medio peruano, las autoridades tributarias y los gobiernos de cada jurisdicción estarían trabajando “de manera colaborativa” para mejorar el cumplimiento tributario y minimizar los efectos nocivos.

El ejecutivo explicó a Idealex.press qué podemos entender por trabajo colaborativo. Se trata de los convenios multilaterales que negocian los Estados, como por ejemplo, “la firma del Convenio Multilateral para implementar las medidas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”.

Vargas explica que mediante este tratado “se promueve el intercambio de información y la cooperación internacional para combatir la evasión tributaria de los grupos multinacionales”. “Ha sido suscrito, hasta el momento, por más de 80 países y jurisdicciones”, añade. En la misma línea podemos encontrar la “Convención Multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal”, gracias al cual se ha implementado el intercambio automatizado de informes país por país. En este caso, el acuerdo ha sido suscrito por más de 120 países y jurisdicciones, dice.

Plan de acción

La OCDE ha estado trabajando en el tema. De acuerdo al profesional consultado, el Plan de Acción elaborado por esa entidad ha sido “el aporte más importante para afrontar dichos fenómenos”, dado que con estas acciones se busca “prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios”, BEPS (por sus siglas en inglés).

“Las medidas se han ido actualizando e implementando de forma progresiva; los países del G-20 —principales economías del mundo, que representan el 85% del PIB— han cumplido con la implementación de estas medidas al 70%”, agregó el especialista a Diario Gestión.

También dijo que numerosos países, aun cuando no sean todavía parte de la OCDE, vienen trabajando en reformas tributarias internas que les permitan cumplir con el Plan de Acción BEPS, las cuales, al menos, “incluyen desafíos fiscales en la economía digital, normas para la transparencia fiscal y reformas en la documentación de precios de transferencia”.

 
* Si quieres leer el artículo original pubicado en Gestión, haz clic aquí.

 
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Cibercrimen, evidencia digital y litigación penal

S. Martin

La tecnología genera nuevos desafíos al sistema penal, que está necesitando adecuaciones normativas, pero también nuevas interpretaciones de los principios jurídico tradicionales.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires quisieron responder al cibercrimen y el típico fenómeno que se produce en el ámbito jurídico, en que el avance de las ciencias y sus aplicaciones van más rápido que los cambios normativos, jurisprudenciales y de formación de los operadores del sistema penal.

A quiénes va dirigido

El programa del postítulo indica que abogados, jueces, fiscales y peritos son quienes deben enfrentar los nuevos problemas que se generan en los procesos penales, tanto en temas de adecuada protección de las garantías individuales como de eficiencia del sistema de persecución penal.

“El uso de la evidencia digital resulta cada día más trascendente en la investigación penal, no solamente de los delitos informáticos sino también de los delitos cometidos por medios informáticos y la investigación de cualquier tradicional en el que la evidencia digital es en muchos supuestos más rápida, eficiente y confiable que la evidencia física. Es por estos motivos que entendemos que la capacitación en estas áreas resulta fundamental (y resultará en el futuro cercano inevitable) para los operadores del sistema penal”, se lee en el sitio web de la Facultad.

Para postular no es requisito excluyente haber estudiado Derecho. Podrán ser estudiantes del programa también quienes se hayan titulado de una carrera universitaria de duración igual o superior a 4 años.

Qué puedes aprender sobre cibercrimen

En 138 horas de un ciclo lectivo que comienza en marzo y termina en diciembre, los alumnos aprenderán 8 materias compuestas de 7 módulos y 1 seminario:

– Delitos informáticos. Aspectos de derecho penal (18 horas)
– Introducción al derecho informático (18 horas)
– Delitos informáticos. Aspectos de derecho procesal penal (18 horas)
– Técnicas de investigación en entornos digitales (18 horas)
– Técnicas de litigación y oralidad en materia de evidencia digital (18 horas)
– Evidencia digital e informática forense (18 horas)
– Protección de datos personales en la era de la información (18 horas)

La oferta de seminarios es:
Opción 1: Blockchain y criptomonedas
Opción 2: Seguridad informática
Opción 3: Responsabilidad y cooperación del sector privado

Si quieres más información, haz clic aquí.

 
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Fútbol: jugadores, técnicos y administradores concursales

José GaraycocheaJosé Garaycochea, OMC
José Garaycochea Medina

La forma cómo se dirige y administra una compañía puede implicar su continuidad o extinción dentro del mercado, tal como sucede con la mayoría de equipos profesionales de fútbol en el Perú, los cuales luego de décadas de ser gestionadas de forma irregular e ineficiente —agregando más deudas que laureles deportivos a sus estantes— encontraron una aparente solución en las medidas adoptadas por el Gobierno peruano desde el año 2012, con las que se buscaba estabilizar su situación económica.

En función a ello, se promulgó la “Ley para la Reestructuración Económica y de Apoyo a la Actividad Futbolística en el Perú” (Ley 29862, que deroga el Decreto de Urgencia Nro. 010-2012 sobre Reestructuración y Apoyo de Emergencia a la Actividad Deportiva del Fútbol) y su Ley Complementaria (Ley 30064), mediante las cuales el Gobierno fomentó el sometimiento de los Clubes de Fútbol Profesional a un concurso especial que presentó, entre otras, dos importantes modificaciones en contraste con el procedimiento concursal ordinario, normado por la Ley Concursal Peruana (Ley 27809).

En primer lugar, las normas de apoyo a la actividad deportiva procuraron perseguir únicamente la posibilidad del reflotamiento económico de la sociedad deportiva y, así, priorizar la reestructuración patrimonial de la misma, sin prever su extinción, salvo en el caso que la Junta de Acreedores no apruebe el plan de reestructuración patrimonial presentado por el Administrador designado por dicha Junta, contrario al procedimiento concursal ordinario que prevé la disolución y liquidación de la sociedad sometida a concurso como opción adicional a los acreedores.

En segundo lugar, se prohibió de participar en el régimen de administración a las personas naturales o jurídicas vinculadas al deudor y acreedor, generando que todos aquellos que originaron la situación de insolvencia de la institución deportiva no participen en cargos directivos dentro del procedimiento concursal, incluyendo a todos aquellos que tuvieron una relación laboral con el ente deportivo.

La nueva normativa se diferencia del procedimiento concursal ordinario, en el que la Junta de Acreedores puede elegir entre: (i) Continuar con el mismo sistema administrativo antes del acogimiento al concurso; (ii) La administración del deudor por un Administrador debidamente registrado ante la Autoridad Administrativa; o, (iii) Un sistema de administración mixta que mantenga en todo o en parte la administración del deudor.

Estos cambios gestaron que la administración concursal deportiva no nazca con los estigmas de generaciones anteriores, sino que se cree una nueva oportunidad para que los clubes deportivos puedan seguir en el mercado, mediando la dirección de personas debidamente capacitadas en la gestión de empresas en crisis.

Sin perjuicio de analizar las conclusiones respecto a los resultados obtenidos por cada Club Profesional de Fútbol sometido a este concurso especial en otra oportunidad, es importante señalar que las modificaciones introducidas por dichos cuerpos legales no hacen más que traer a colación las verdaderas necesidades de los Clubes Deportivos, que ruegan por una adecuada gestión administrativa que posibilite en un mediano plazo la posibilidad de pago de acreencias.

Dentro de este contexto, debemos entender la importancia del Administrador designado por la Junta de Acreedores, ya que -sobre todo en el ámbito deportivo- este será el encargado de generar un Plan de Reestructuración que sea atractivo para los acreedores, quienes deberán creer en la viabilidad del proyecto y que, a su vez, genere el pago de las acreencias a fin de satisfacer en forma equitativa a todos los acreedores con créditos reconocidos en el concurso.

En efecto, dicha gestión administrativa, que puede recaer sobre una persona natural o una jurídica, exige que se forme un conjunto de conocimientos orientados principalmente a la negociación, levantamiento de recursos financieros, reorganizaciones societarias y laborales, planes de exposición de marcas, protección de la propiedad intelectual, planeamiento tributario entre otros, que puedan inducir el levantamiento de la empresa en crisis, todo dentro del contexto cambiante y muchas veces circunstancial de la sociedad deportiva peruana en la que, en la mayoría de los casos, los logros administrativos se ven reflejados en el éxito deportivo.

Los esfuerzos del Gobierno peruano por evitar la extinción de las entidades deportivas más representativas del país sólo se verán plasmados en la realidad en cuanto la administración designada por Junta de Acreedores reconozca en si misma que la especialización concursal en la administración de clubes deportivos no debe implicar sólo un conocimiento de la normativa concursal aplicable, sino debe abarcar un entendimiento sectorial amplio.

Así, la especialización en la gestión de empresas en crisis, entre ellas las entidades deportivas, es una necesidad a explotarse dentro del mercado, que exige una preparación especial y, por tanto, grupos empresariales interesados en brindar servicios educativos orientados a dicha rama, o en su defecto, que puedan brindar un servicio idóneo de gestión que cubra dicha carencia.

El fin de todo ello es obtener un verdadero caso de éxito de reestructuración deportiva y, sobre todo, que éste sirva para confiar en que el sistema concursal no es una vía rápida para la liquidación de las sociedades, sino que, en cambio, puede generar un nuevo futuro para las empresas en crisis y sirva como un instrumento de gestión que logre superar dicha situación.

 
* José Garaycochea es abogado de la U. Católica San Pablo (Perú), ha seguido diversos programas de postítulo en el área de las finanzas, el último de los cuales fue un curso de especialización en protección de datos personales, en la Universidad del Pacífico. Ejerce principalmente en derecho concursal y es asociado del estudio OMC Abogados & Consultores.

 
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Presunción de inocencia, silencio y trato digno

imputadoDPP, Chile
Equipo Idealex.press

La Defensoría Penal Pública de Chile ha lanzado una campaña informativa por redes sociales sobre los derechos de los imputados y los compromisos que asumen sus defensores.

Derechos del imputado

Los derechos de los imputados, informan, son:
– a ser tratado como inocente
– a saber por qué fue detenido
– a que la detención en un recinto policial no dure más de 24 horas
– a informar a un familiar sobre el hecho de la detención
– a que un juez revise cómo fue detenido
– a contar con un abogado defensor
– a guardar silencio
– a que se lo trate dignamente
– a recibir visitas
– a pedir que se investiguen los hechos de los que se es acusado

Compromiso de los defensores penales públicos

– resguardar lealmente, en todo momento, los intereses de los imputados, desde el inicio de la investigación hasta la completa ejecución de la sentencia
– respetar la voluntad del imputado y brindarle un trato digno
– mantenerlo informado
– realizar las actividades necesarias para que no sea sometido a restricciones de libertad arbitrarias ni ilegales
– ofrecer pruebas o solicitar las diligencias que favorezcan la investigación, resguardando los intereses, derechos y garantías del imputado
– interponer los recursos que sean necesarios, acorde a la voluntad e intereses del imputado
– resguardar que los procedimientos se realicen en tiempos razonables
– velar por el cumplimiento de los principios acusatorios: publicidad, oralidad e inmediatez

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Derecho de contratos: aceptemos la realidad del cambio

derecho de contratosÁlvaro Vidal, PUCV
Álvaro Vidal Olivares

En alguna conversación, el profesor chileno Daniel Peñailillo ha señalado que, durante los últimos años, el área más vibrante del derecho privado —al menos en términos académicos— ha sido el derecho de contratos. En esto, como en otras cosas, tiene razón.

Se viven tiempos interesantes en el derecho de contratos: el confuso y fragmentario paradigma contractual que instaló el Code y, siguiéndolo, entre nosotros, el Código Civil, no solamente ha sido desafiado, sino que, salvo matices, está siendo superado.

Si se concibe la codificación como un intento de fijar el Derecho de forma sistemática y sencilla, que subrogara al abigarrado y caótico panorama imperante, no queda sino advertir que, tratándose del fenómeno contractual, el resultado, para decirlo caritativamente, fue modesto.

Andrés Bello, es cierto, fue un genio —muy probablemente, el principal intelectual de Latinoamérica en el siglo XIX— pero un genio de su época; y la técnica de fijación de la que se sirvió, muy probablemente, quiso, simultáneamente, servir compromisos que, hasta cierto punto, resultaban irreconciliables. Así, por ejemplo, intentó conciliar la observancia del Digesto y las Siete Partidas, por una parte y, por otra, crear un sistema contractual que reposaba sobre conceptos y acciones generales.

Pues bien, parece que el estudio del derecho de contratos en Chile —y no sólo aquí— se encuentra desacompasado con el desarrollo, por ejemplo, de la responsabilidad civil extracontractual y sus regímenes especiales.

Aquello contrasta con los actuales desarrollos en la doctrina y, lo más importante, incluso con la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores. Allí notamos un genuino fenómeno de cambio y acaso de modernización.

Esta situación, unida a la caótica forma en que se enseña el derecho de contratos en Chile, nos ha llevado a formular un programa, ya en su cuarta versión, que analice el fenómeno, pero que también aborde cuestiones relevantes desde el punto de vista práctico.

Desde una aproximación más pragmática al contrato, vemos que persisten actitudes y costumbres que atentan contra este acuerdo de voluntades como una figura mediante la cual las personas procuran colaborar en la satisfacción de sus múltiples necesidades e intereses.

Por ejemplo, la ruptura unilateral de las negociaciones y los problemas en torno a la oferta y aceptación requieren de un análisis profundo, con especial atención al actual régimen de protección de los consumidores.

Asimismo, pasada la etapa de formación del contrato, el incumplimiento contractual nos obliga a detenernos en el rol que le cabe a la buena fe, la configuración de la infracción y sus manifestaciones.

Si seguimos el curso lógico de la vida de un contrato, no pueden pasarse por alto el cumplimiento forzado del contrato, las excusas del deudor y los problemas de cambio sobrevenido de las circunstancias. La resolución por incumplimiento, los incumplimientos esenciales y la excepción de contrato no cumplido van de la mano con el estudio de la indemnización de las distintas categorías de daños, sus condiciones de procedencia, el ejercicio autónomo, así como profundizar en el daño moral contractual y sus criterios para la procedencia de su reparación.

Existe también un problema olvidado por la doctrina, pero de gran importancia práctica: la relación entre lo público y lo privado en los contratos administrativos y la forma cómo la Corte Suprema ha resuelto los problemas de ejecución e inejecución de esta especie de contratos.

A lo anterior se suma, la importancia que hemos de asignarle a la autonomía privada que constituye un perfecto dispositivo para la prevención de conflictos contractuales y cuya solución puede anticiparme por medio de cláusulas contractuales adecuadas, abandonando aquellas a las que denominamos “patológicas” que más que soluciones nos ofrecen problemas, en no pocas ocasiones insalvables.

Y es aquí donde insistimos en la relevancia de apoyar la práctica, con herramientas como la construcción de cláusulas que se anticipen a los problemas ya identificados.

 
* Álvaro Vidal Olivares es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, institución en la cual es director de los programas de Diplomado de Contratos en Valparaíso, Punta Arenas, Santiago y Pucón (diplomado.derechodecontratos@pucv.cl) y del Diplomado de Regímenes Especiales de Responsabilidad Civil. El académico es doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de textos donde analiza diversas aristas de la temática contractual.

 

Diplomado de Regímenes especiales de responsabilidad civil

 

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La Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso está en plena época de difusión y matrícula de este nuevo diplomando, que tiene por objeto el estudio teórico y práctico de los regímenes especiales de responsabilidad civil y que se impartirá entre el 23 de abril y el 8 de agosto de 2019, como parte de una extensa oferta de diplomados dirigidos a abogados y a otros profesionales.

En 200 horas académicas, se estudiarán la responsabilidad civil médica, aquella que deriva de la falta de servicio y la originada en infracciones a la normativa de consumo.

También se analizarán la responsabilidad en la construcción, en los Gobiernos Corporativos, así como los regímenes de responsabilidad laboral, en derecho de familia y responsabilidad ambiental.

Mucho más que un mero fenómeno

En la descripción del programa, su director, el profesor Álvaro Vidal Olivares entrega varias claves de la mayor importancia. Lo primero: reconocer que la descodificación de la responsabilidad civil es un fenómeno que responde, tanto a la necesidad de una efectiva protección de víctimas de daño, que el Código Civil no alcanzaba a cubrir, o bien la dejaba sujeta a una serie de incertidumbres.

“Se habla de la sectorización del derecho de la responsabilidad civil, que se manifiesta en una pluralidad de regímenes especiales que no obstante sus normas particulares, más o menos densas, se nutren, en buena medida, de las normas del Código Civil, tanto sobre responsabilidad contractual como extracontractual”, escribió este académico de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

En estos regímenes especiales, explica Vidal, la frontera entre los órdenes de responsabilidad es “bastante sinuosa”, de modo que la configuración de ellos es el resultado de la conjunción de normas especiales que se complementan de las generales que constituyen el derecho común.

Esta conjunción crearía serios problemas en la práctica, tanto a abogados, como a jueces, quienes gracias a este Programa, adquirirían las herramientas idóneas y actualizadas solucionarlos, apoyándose en el análisis de la más reciente doctrina y de las sentencias más relevantes sobre el tema.

Pueden postular licenciados en Ciencias Jurídicas y abogados, sin perjuicio de que profesionales de otras carreras también podrán ser seleccionados.

La metodología blended learning que utiliza el diplomado implica trabajo individual de los participantes en la plataforma virtual del curso más la asistencia a clases presenciales, que se desarrollarán en Santiago de Chile, en los Juzgados Civiles de Santiago (Huérfanos 1409), los días martes y jueves, de 17.00 a 21.00 horas.

Ver más información aquí.

 
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Laura MayerLaura Mayer

Si en épocas de nuestros hermanos mayores o incluso nuestros padres, para hacer un master se requería tener madurez, experiencia laboral y solvencia económica, hay que decirlo: ¡los tiempos han cambiado!

Es cierto que los programas de magíster en Derecho —y especialmente los que tienen un carácter profesional— ponen su foco en entregar herramientas avanzadas y especializadas para el ejercicio de la abogacía. Y desde este punto de vista, podría pensarse que mientras más años de cancha, mejores serán los resultados del partido.

Pero no. Nuestra realidad es que programas complejos de posgrado ya no se encuentran asociados a una etapa concreta de la carrera profesional y tampoco se dirigen exclusivamente a quienes quieran dedicarse al ámbito académico. Tampoco exigen los ahorros de una década ni dejar de trabajar, con el costo familiar que implicaba.

Porque el mundo jurídico se sofisticó: se hizo plural, flexible y variado. Aunque suene cliché, los postítulos y los posgrados son una respuesta a la necesidad de adquirir esas herramientas avanzadas y especializadas de las que hablábamos. Y aunque suene todavía más cliché, atrás quedaron los tiempos en que los abogados podían asumir toda clase de asuntos. Adiós abogados generalistas; buenos días, especialistas.

Sí, nos preparan para todo, y en universidades como la U. Católica de Valparaíso (en la que me siento honrada de dar clases) nos preparan con exigencia y excelencia. Pero ya no basta. ¿Lo digo yo? No, lo dice el mercado.

Por una parte, tenemos un sistema normativo, una judicatura y una jurisprudencia que se atomizan, pidiéndonos cada vez mayor atención al detalle, a la fértil potestad reglamentaria, a las modificaciones legales, a los nuevos desarrollos doctrinarios, al caso particular e incluso al estudio estadístico. Por la otra, prestamos servicios o impartimos Justicia a clientes y usuarios —individuales, empresas, ciudadanía, organismos públicos— que demandan competencias cada vez más específicas, sin perder de vista la perspectiva global.

Pero retrocedamos al párrafo de enseñanza del pregrado. En mayor o menor medida, las escuelas de Derecho han ido apuntando a la “esencialización” en la formación. Esta tendencia no sólo se advierte en los sistemas que dividen los grados en bachiller (orientado a los conocimientos generales) y master (destinado a otorgar herramientas especializadas), sino que se presenta incluso en sistemas más tradicionales, como el chileno.

Analicemos otros ingredientes. Se ha ido consolidando la idea de que la formación que se entrega en una Facultad debe proporcionar herramientas básicas para que todos sus egresados logren un desempeño aceptable en cualquier ámbito del ejercicio profesional. Con posterioridad, sin embargo, suelen ser las oportunidades de trabajo que se le presenten al abogado recién titulado y en mucho menor medida, sus intereses, los que históricamente han guiado su especialización.

Como factor gravitante imposible de ignorar, las universidades que se han adscrito al sistema de gratuidad que se creó recientemente en Chile deberán hacer importantes esfuerzos para que sus alumnos culminen sus respectivas carreras en los tiempos teóricos de duración, posibilidad que se torna compleja si es que el plan de estudios, en lugar de “esencializar” la formación de pregrado, la recarga con contenidos que, claramente, son de nicho.

Y este es el panorama con que un abogado joven y sin experiencia se encuentra cuando, título en mano, toca la puerta del mercado laboral. El problema es que se enfrentará a profesionales de más años, quienes tendrán algunos puntos extra por la experiencia y el criterio, que sólo el tiempo da.

Con cerca de 4.000 nuevos abogados en 2018 —cada año la cifra aumenta— la competencia por un puesto de trabajo se ha tornado ardua. No hablamos únicamente de cargos importantes y de remuneraciones atractivas; no hablamos sólo del ámbito público o del académico. No quedan excluidos del estrés que la búsqueda de trabajo supone los graduados de las mejores universidades del país.

En este escenario, los estudios de posgrado se han convertido en un aliado de la empleabilidad y de la calidad de ese empleo; han cubierto la necesidad de diferenciarse y son una herramienta para tener la capacidad de elegir. En el caso de los abogados recién titulados, el déficit en años de experiencia laboral puede suplirse en parte con la adquisición de conocimientos específicos y habilidades nuevas que el mercado requiere con avidez.

¿Requisitos sine qua non? Universidad de prestigio, equipo de académicos de primerísimo nivel y una malla que combine con cuidado equilibrio aspectos teóricos y prácticos.

Hacernos dueños de nuestro futuro profesional, lograr trabajar en el área que queramos y obtener una compensación que sintamos justa depende de las decisiones que tomemos ahora. Y una muy importante es ir al ritmo del mundo, lo que implica no sólo asistir a algún seminario de vez en cuando y comprarnos algún texto para leer cuando tengamos horas libres, sino especializarnos con estudios formales.
No es fácil, no es barato, ni es corto. Pero es perfectamente factible. Es tan desafiante y tan importante como todo lo que nos atrae. Porque somos abogados y nos gusta hacer las cosas bien.

 
* Laura Mayer Lux (laura.mayer@pucv.cl) es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, en donde es profesora y también directora del Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales, que se imparte en español y cuyas postulaciones se encuentran abiertas a abogados de cualquier parte del mundo. La académica es doctora en Derecho, de la Universidad de Bonn, Alemania.

 
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abogados mejor pagadosFelipe Lavín, LinkedIn
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Felipe Lavín, director ejecutivo de Idealis Legal Recruitment, publicó en LinkedIn el artículo “Highest-paid lawyers in the continent”, según el cual y de acuerdo a la información que han procesado, los abogados chilenos tienen —en promedio— una remuneración considerablemente mayor a la de sus pares en el resto del continente, con la sola excepción de los abogados calificados que trabajan en Estados Unidos y Canadá.

En su post, este reclutador senior especializado en abogados recalca que no causa asombro que los abogados estadounidenses, seguidos por los canadienses estén en el nivel más alto de compensaciones de América, pero que Chile ocupa un sólido tercer lugar, aunque resulte sorpresivo para aquellos que crean que este apreciado puesto le habría correspondería a países con mucho mayor cantidad de habitantes, como México, Brasil, Perú o Colombia.

Abogados chilenos: los mejores pagados de Latam

Chile es definitivamente una potencia en América Latina. Sus instituciones sólidas han atraído empresas de nivel global durante décadas. La capital del país, Santiago, ha escalado en los rankings de las ciudades más caras y es el hogar de personas que han logrado completar un magíster en Derecho en las mejores escuelas extranjeras, han hecho una pasantía en un estudio de abogados estadounidense o han sido admitidos en la Barra de Nueva York.

Los principales asociados, en firmas de primer nivel, ganaron alrededor de US$120.000 anuales durante 2018. Al mismo tiempo, estos estudios jurídicos pueden fácilmente remunerar con US$43.000 por año a abogados que recién han comenzado su carrera profesional.

Evidencia de aquello es la tendencia de aumento del segmento de jóvenes gerentes legales, que han superado el umbral de US$420.000 (salario + bonificaciones); y algunos de ellos ni siquiera están en roles regionales.

Hablar inglés es obligatorio para obtener cualquiera de estos trabajos bien pagados. Sin embargo, las habilidades sociales son el rasgo crítico de esta nueva generación de abogados altamente sofisticados.

 

Si quieres leer el artículo original en inglés o leer otras publicaciones de Felipe Lavín, haz clic aquí.

Curso de innovación a la Justicia en Estados Unidos

Equipo Idealex

III Programa sobre Innovaciones en la Justicia de Estados Unidos

Del 15 al 19 de julio de 2019 en Nueva York, Estados Unidos.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) invita al Programa de capacitación presencial realizado en la ciudad de Nueva York destinado a abogadas/os, jueces, fiscales, defensores y litigantes de América Latina, con el objetivo de desarrollar habilidades teóricas, analíticas y prácticas para comprender los nuevos desafíos en materia de reformas a la justicia en la región. Se trabaja en modalidad de clases expositivas y talleres prácticos, con una serie de visitas institucionales como se describe a continuación en mayor detalle.

Innovación a la justiciaÁlvaro Vergara | idealisLex

Curso de innovación a la justicia

El objetivo del Programa es que sus egresados adquieran conocimientos sobre experiencias de innovación en la justicia penal y civil de Estados Unidos, que les permitan fomentar enfoques y prácticas innovadoras para la resolución de problemas concretos en la implementación y funcionamiento de las reformas a la justicia penal y civil en sus países.

“Con este Programa no se busca extrapolar instituciones o figuras del sistema estadounidense”, aclara la descripción del evento, y explica que, por el contrario, se pretende que –a partir de conocer sus últimos avances- se puedan incorporar nuevos debates y cursos de acción que coadyuven a concretar y robustecer los procesos de reforma regionales.

Previos y descuentos

Inscripción

1ra. Etapa: 22 Nov – 31 Diciembre – 25% descuento
2da. Etapa: 01 Enero – 28 Febrero – 20% de descuento (Según disponibilidad)
3ra. Etapa: 01 Marzo – 14 abril – sin descuento (Según disponibilidad)
El costo señalado aquí representa solo el valor de la matrícula y materiales. Gastos de traslado, alojamiento y estadía son responsabilidad de cada participante.

Para mayor información, visita el link a continuación:
Programa sobre Innovaciones en la justicia de Estados Unidos 2019

Chile: Consejo del Colegio de Abogados tendrá cuotas de género

Sofía Martin

La citación era para las 9.00 de la mañana de ayer, martes 15 de enero. De manera inédita y de acuerdo a la normativa que rige al Colegio de Abogados de Chile —que agrupa mayoritariamente a profesionales de Santiago, pero también a algunos que ejercen en regiones—, se daba inicio a una Asamblea Extraordinaria para votar si se aprobaba la modificación de los estatutos de la asociación gremial. O no.

Por una amplia mayoría, la elegida fue la moción número 2: Las próximas 3 elecciones del Consejo incorporarán cuotas de género. En 2019 y 2021 el porcentaje se distribuirá en un 40% de mujeres y 60% de hombres. Para la elección de 2023 las cuotas se adecuarán a la proporción de abogadas que estén colegiadas.

El presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, catalogó los resultados como un triunfo: “Esto es una victoria importante para el colegio, para las mujeres, para la comisión de mujeres del colegio y para los que hicimos posible que llegásemos a este acuerdo”. Agregó que en un inicio hubo reticencia por parte de algunos pero lograron revertir la situación: “Por lo menos para los hombres de nuestra lista no fue fácil pero llegamos a una situación de consenso que se flexibilizó de ambos lados y permitió un acuerdo”.

La asamblea

Alrededor de 200 miembros firmaron una carta -siendo 100 el mínimo requerido por los estatutos del colegio- que permitió la realización de esta asamblea y dio paso a la introducción de la reforma. Fue en noviembre del año pasado cuando la Comisión de Mujeres de La Orden juntó las firmas y las presentó ante el Consejo.

Para asistir a la asamblea se requería que los colegiados contaran con sus cuotas al día. También era requisito que estuviera presente un notario, quien certificó la asistencia de las personas, la votación y el escrutinio.

El primer paso fue recibir los poderes que permitían a algunos abogados votar en nombre de otros que no estaban presentes, tras lo cual se dio inicio a la etapa de opiniones. Terminado aquello y en presencia del notario, se pasó la lista y se entregaron los votos: 1 por persona presente y tantos como poderes se habían registrado.

Los resultados

Los abogados y abogadas podían votar entre tres opciones: La moción 1 se presentó al Consejo mediante la carta antes mencionada, firmada por casi 200 abogados, según diversas fuentes. Esta consistía en reformar e incluir las cuotas bajo la proporción 40/60 de mujeres y hombres, respectivamente, de forma permanente para las elecciones. Por estatutos se sometió al Consejo, quien llevó otra moción -la moción 2- que se llamó “de consenso”.

Así, resultó victoriosa la segunda opción por 347 votos a favor y 9 en contra. Esta proponía la incorporación de las cuotas sólo por las siguientes 3 elecciones, que se realizan cada dos años. La moción 1 por su parte, recibió 3 aprobaciones y 13 rechazos.

Loreto Bresky, abogada miembro de la Comisión de Mujeres del Colegio de Abogados, destaca como un gran hito histórico tanto la asistencia como los resultados, que implicaron “Un 93% de aprobación a la modificación de consenso”. “Aplaudo que aun cuando en algún momento hubo reticencia y suspicacia respecto del trabajo de la comisión, tanto el Consejo como externos se fueron sensibilizando al sistema de cuotas”, añade.

Eso significa que se refresque el Colegio y que nuevos miembros que no se sentían representados puedan identificarse.

Incentivar la participación de las mujeres

Pedro Pablo Vergara, quien ha sido consejero de la Orden por 8 años, destaca que la moción aprobada por la gran mayoría de los votantes fue la propuesta ampliamente consensuada entre abogadas y abogados: “Esto no es una guerra de sexos”. Se trata de una fórmula transitoria que se espera incentive a las mujeres a participar en el gobierno del Colegio —explica—, y si al cabo de las próximas dos elecciones eso no ha ocurrido, hay una opción para la tercera, en que los consejeros se elegirán proporcionalmente a la cantidad de colegiados al día, sean hombres o mujeres.

Vergara, quien en la actualidad tiene el cargo de vicepresidente, sostiene que si hecho todo lo anterior, no se logra que más abogadas se integren activamente al Colegio, entonces habrá que buscar otras fórmulas para ello.

“Estamos viendo cambios en Chile y en el mundo que hace poco tiempo nadie siquiera imaginaba”, reflexiona y añade lo positivo que será “para un Colegio tradicional como el nuestro” adaptarse a los tiempos. “Esta reforma, además, va a contribuir a algo muy importante: atraer a más abogados jóvenes a integrarse a nuestra asociación”, dijo.

 
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