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Visa de oportunidades: la nueva normativa migratoria de Chile

Álvaro Vergara

Casi un mes ha pasado desde que comenzó a regir la nueva visa de oportunidades. El visado, que viene a cambiar la normativa migratoria vigente, tiene por objetivo regular la fuerza laboral extranjera que llega a nuestro país.

Este cambio a la política migratoria está orientada a profesionales, técnicos y personas con oficios acreditados que desean vivir en Chile a buscar trabajo y residir. A través de un sistema de puntaje, con criterios que involucran formación educacional, edad, idioma, ocupación y territorio en el que pretende vivir el postulante, la nueva normativa pretende “sincerar el real objetivo” de venir a nuestro país y evitar los períodos de irregularidad migratoria.

Criterios de “selección”

La denominada Visa de Oportunidades se divide en dos tipos: 1) categoría de trabajadores y 2) categoría de emprendedores. De este modo, los postulantes recibirán su visa según criterios y puntajes comunes para ambos tipos. Estos son:

Declarar en qué región de Chile vivirá y desempeñará su trabajo. En este punto, serán las
regiones extremas las que tendrán mayor puntaje (30 puntos) hasta llegar a las regiones más densamente pobladas
(Metropolitana, de O´Higgins y del Bío Bío) cuyo puntaje es 0 puntos.

Formación educacional: referida a la cantidad de años de estudios que acredite el o la
postulante, llegando al puntaje máximo de 15 puntos y siendo el mínimo de 5.

Idioma: los postulantes deberán acreditar saber el idioma español a lo menos en el nivel
intermedio (B1), según certificado correspondiente de los exámenes internacionales SIELE o DELE, cuyo puntaje
máximo es de 15 puntos.

Edad del solicitante: el máximo será de 10 puntos para aquellos cuya edad corresponda
entre 25 a 44 años, y el mínimo que corresponde a los que tienen entre 18 y 24 años y los de 65 o más años,
asignándoles sólo 5 puntos.

Para la abogada y experta en derecho migratorio, Romina Gálvez, la nueva normativa más que establecer requisitos, otorga beneficios. “Es un beneficio tratar de asegurar de alguna manera que los extranjeros puedan desenvolverse de mejor manera en Chile debido a que, por ejemplo, se exigirá que los que postulen sepan el idioma que se habla en Chile”, asegura.

Profesionales prioritarios

Para quienes postulen a la categoría de trabajadores, aplicará además el criterio de “Ocupación”, el cual se refiere a la experiencia profesional certificada, mediante el correspondiente título profesional o certificado, debidamente legalizado o apostillado.

Así, obtendrán mayor puntaje aquellos que se establecen como ocupación prioritaria: profesionales o técnicos del área de la salud, y en específico sólo a algunas especialidades médicas; profesionales o técnicos del área de transformación digital (referido a informática, ciberseguridad, robótica); profesionales o técnicos del área de cuidados de la tercera edad y profesionales o técnicos del área de desarrollo sostenible y responsabilidad intergeneracional (que apunta principalmente a conocimientos en recursos hídricos y recursos naturales), cuyo puntaje máximo a obtener son 30 puntos.

Aún así, la experta en derecho migratorio repara en que este punto no necesariamente podría cumplirse. “Hay aspectos que deberían mejorar, como por ejemplo que el país tenga mayor cantidad de profesionales del área de la salud o digital. Pero tendremos que esperar que aquello efectivamente ocurra ya que no necesariamente darles mayor puntaje a éstas áreas implicará el aumento de profesionales de dichas áreas con la consecuente mejora que ello busca”, dice.

Por su parte, para quienes postulen en la categoría de emprendedores, deberán además acreditar un monto mínimo de inversión de 2.400 UF y presentar un plan de negocios, en el cual deberán indicar la comuna donde se efectuará la inversión.

En la línea correcta

Según Gálvez, sistemas como este son los que efectivamente funcionan para regular la inmigración en el país. “De todas formas creo que determinar criterios de “selección” y asignarles de antemano un puntaje va en línea con la necesaria certeza que se debiese tener en un proceso tan delicado como éste”, comenta la abogada.

Dentro de la planificación, inicialmente, se otorgarán un máximo de 3.000 visados de oportunidades para trabajadores y 1.000 para emprendedores hasta el 30 de noviembre de 2018, fecha en la cual se realizará la evaluación pertinente. La presentación de la solicitud de visado de oportunidades se debe realizar ante la autoridad consular chilena en el exterior correspondiente al país de origen o residencia del interesado.

EPC, concesiones y licitaciones públicas: lo que debes saber de los contratos de construcción

Javiera Bianchi

Como anunciamos en Construcción, un área de especialización con escasez de abogados, existen diversos tipos de contratos que se pueden realizar en esta rama del Derecho.

contratosChristian Fuentes

Según el Decreto 75 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) un contrato de Obra Pública es un “acto por el cual el Ministerio encarga a un tercero la ejecución, reparación o conservación de una obra pública, la cual debe efectuarse conforme a lo que determinan los antecedentes de la adjudicación, incluyendo la restauración de edificios patrimoniales”.

Primero, según el ingeniero civil especialista en contratos y controversias de construcción, Christian Fuentes, Gerente de Gestión Contractual en SACYR, hay que separar los contratos según el alcance que estos tengan.

Hay algunos en que el Estado puede contratar a una empresa sólo para que construya, y existen otros en que el encargo incluye el diseño y la construcción.

También están las concesiones, que según dice, son más complejas, porque el Estado necesita satisfacer una necesidad, la cual licita y adjudica a una concesionaria, que hace el diseño definitivo del proyecto y lo construye principalmente a su costo, pagándolo luego el Estado en forma diferida en el tiempo. Una vez alcanzado el plazo de concesión, o el valor de ingresos que la concesionaria fijó como límite al ofertar, la obra se devuelve al Estado.

Por otro lado, en relación a un proyecto “llave en mano”, señala: “Lo que le pides a una empresa constructora es que te resuelva un problema. Les haces un encargo y la empresa hace todo lo necesario hasta que te entrega, por ejemplo, una planta eléctrica que tiene cierta capacidad de generación”, explica Fuentes.

Cómo funcionan los contratos públicos

1. Contrato tradicional de construcción: El contratista, es decir la persona natural o jurídica que en virtud del contrato contrae la obligación de ejecutar una obra material, solamente construye y el Estado o el MOP entrega el proyecto. Se rigen por el Reglamento de Contrato de Obra Pública, Decreto 75 del MOP.

2. Sistema de pago contra recepción: Según el Decreto 108 del MOP, el contrato se le adjudica a un contratista y este hace el diseño, construye y le entrega al Estado esa obra para que luego la opere o utilice.

El Art. 1 del Decreto dice: “Se entenderá por Propuesta con Pago contra Recepción” la oferta a suma alzada, cuyo precio fijo que incluye tanto el proyecto como la ejecución de la obra, sobre la base de cubicaciones establecidas por el contratista que se entienden inamovibles, salvo que las Bases Especiales autoricen expresamente la revisión de parte de ellas, cuyo pago se efectúa en una o más etapas terminadas y recibidas conforme, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales respectivas”.

Por otra parte, explica el ingeniero, a veces los Servicios de Salud ejecutan hospitales por su propia cuenta, y no a través del MOP, por lo que generan otro tipo de contratos y se rigen por reglamentos o bases propias, distintos a los de otras obras públicas.

El mundo de las concesiones

Los contratos que se realizan de esta forma, son, según Fuentes totalmente distintos. El Estado le entrega un proyecto a la concesionaria, por un cierto periodo o hasta una cierta cantidad de dinero, con la responsabilidad de resolver un problema. Podría ser la construcción de un hospital, una carretera nueva o el mejoramiento de una existente.

Así, la concesionaria hace un diseño y construye, pero la diferencia es que no le entrega el proyecto al Estado, sino que se queda operando ese proyecto hasta que se le acabe el plazo, o hasta que recupere la inversión. El ejemplo típico son las carreteras y sus peajes.

Engineering, Procurement, Construction (EPC)

Los contratos EPC son aquellos en que los contratistas se responsabilizan de todas las actividades, desde el diseño, la ingeniería, la adquisición de suministros necesarios, la construcción, la puesta en marcha y la entrega del proyecto al usuario final o propietario.

Pero no todos los contratistas pueden acceder a este tipo de acuerdo. “Hay algunos que no tienen departamentos de diseño u otros necesarios, entonces no están interesados en esto, sino en conseguir buenos proyectos de solo construcción. Asimismo, hay otras empresas cuyo negocio es conseguir concesiones en que diseñen, operen y construyan”, explica el Gerente de Gestión Contractual de SACYR.

Y, ¿cómo se llega a tener estos contratos? A través de licitaciones sobre obras a las cuales les es aplicable el Decreto 75, el Decreto 108 o la Ley de Concesiones. Existe un registro de empresas y según la experiencia de estas, a qué tipo de obras postulan. Así, se suben las ofertas a Mercado Público y se establecen ciertos criterios de evaluación, como quién tiene la mejor solución técnica, los plazos y el dinero involucrado.

Retroalimentación de ingenieros y abogados

Según el ingeniero y especialista en contratos, en el mundo de la construcción se requiere un trabajo en conjunto de ingenieros y abogados con conocimientos especializados en la materia.

“Existe un lenguaje común y se necesitan las dos miradas para poder llegar a mejores contratos, poniendo atención a cómo generar un mejor proyecto y que haya una distribución de riesgos balanceada. También para que cuando existan disputas, haya un mecanismo para llegar a una solución temprana y, en general, lograr contratos que no sean abusivos, sino equilibrados. Además, para que tenga plazos y condiciones claras para las dos partes, es necesario que ingenieros y abogados interactúen principalmente en la generación o estudio de las bases y en el proceso de contratación, y luego se mantengan vinculados en la ejecución del contrato”, dice.

“El ingeniero sabe de qué manera se pueden resolver las cosas técnicamente y tiene mejor posición para evaluar alternativas, mientras que el abogado, por un lado, sabe aplicar e interpretar el marco legal y, por el otro, es capaz de redactar adecuadamente las intenciones que puedan tener los ingenieros. Además, son muy buenos para detectar las ambigüedades que pueda tener un contrato e intentar irlas solucionando”, agrega Christian Fuentes.

La necesidad de abogados especialistas en recursos naturales

Javiera Bianchi D.

El derecho de recursos naturales comenzó a desarrollarse con más fuerza hace aproximadamente unos 12 años, al mismo tiempo que distintos programas universitarios iban ofreciendo esta especialización.

Sin embargo, según Christian Rojas, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar y director académico del Diplomado en Recursos Naturales, esta área no es una disciplina, sino que es un nombre con el que se agrupa a varias disciplinas que dicen relación con los recursos naturales: aguas, minería, energía, medio ambiente, entre otros.

Christian Rojas

Además de lo anterior, hoy también se consideran nuevas áreas que tienen relación con las personas que están conectadas con los recursos naturales: el derecho de los pueblos originarios y la ordenación de territorio, esto último asociado al urbanismo fuera de las ciudades, la relación con los bienes inmuebles fuera de la ciudad y qué hace el Derecho para que no sea caótico.

Pocos abogados, gran necesidad

En el caso de Chile —que puede ser aplicable a otros países de la región— se trata de una economía basada en recursos naturales, como el cobre, por lo que sería lógico pensar que hubiese muchos abogados que vieran estos temas. Pero en la realidad, dice Rojas, no ocurre así.

“Faltan más abogados preparados para proteger los recursos naturales, porque uno se encuentra habitualmente litigando con la administración pública, no con abogados de organizaciones. Hay algunas excepciones como FIMA, pero en general se litiga los proyectos ambientales o proyectos que tienen impacto en alguna de las áreas de recursos naturales, con litigantes de la administración pública”, continúa el académico.

“Esta es un área que permite y debiera permitir un mayor desarrollo, no sólo para proyectos que impliquen favorecer la explotación de recursos naturales, sino también para aquellos abogados y organizaciones que pretenden proteger los recursos”, agrega.

Y añade que hay un alto requerimiento de áreas especializadas: el derecho privado habría tenido “su minuto de gloria”, pero ahora sería el turno del derecho público, donde caben los recursos naturales y el derecho administrativo.

Según Rojas, hay una necesidad y una explosión de las problemáticas en este campo, pero además hay que considerar la creación de tribunales ambientales, lo cual ha creado la necesidad de abogados dedicados a recursos naturales.

“Esta área está asociado al desarrollo de nuestro país, por lo que hay una necesidad de tener profesionales con conocimientos especiales, que no sean generalistas para resolver problemas súper complejos. Además, las regulaciones van siempre cambiando, por lo que hay que estar actualizándose constantemente”, dice el abogado de recursos naturales.

Por ejemplo, la última modificación del Código de Aguas fue en enero de este año, mientras que las modificaciones al Código de Medio Ambiente, en 2014.

Carretera sobre un cementerio indígena

Un caso que refleja lo anterior, fue en 2016, con el descubrimiento de importantes restos arqueológicos de hace unos 1.700 años en la construcción de una carretera en la Región de Coquimbo, la cual uniría las ciudades de La Serena con Vallenar, en el norte de Chile.

Allí se encontraron 49 zonas con restos de las culturas molle, ánima y diaguita, que entregarían nuevos datos sobre estas comunidades prehispánicas.

Habían 70 restos humanos correspondientes en su mayoría a adultos y también de 12 camélidos. También se han identificado zonas de actividades ceremoniales, domésticas y de conchales, con presencia de objetos cotidianos, particularmente de la cultura diaguita.

Frente a los hallazgos la construccin debió ser detenida y tuvieron que entregar la carretera un año después de lo previsto. El Ministerio de Obras Públicas, cuenta Christian Rojas, en ese minuto dijo que la carretera presentaba un 99,47% de avance, por lo que la habrían habilitado excepto en esta parte donde se hizo el hallazgo.

“Es en estos casos donde se necesita un abogado para poder llegar acuerdo con la concesionaria y los encargados de investigar la zona”, explica este profesor de la UAI.

Litigiosidad y jurisprudencia

El abogado recalcó que en áreas como energía o minería, cuyas inversiones suelen ser por montos sumamente grandes, hay abogados que representan y defienden a comunidades, con la mejor de las intenciones, pero hay otros cuyo norte es sacar el máximo provecho posible, lo que califica como una veta que éticamente es compleja de defender.

Pero —dice también— la creación de tribunales ambientales especializados evita que ocurran este tipo de vicios, ya que la litigiosidad es importante, pero es muchísimo más baja que la de minas o energía, materias que se ven en tribunales ordinarios. En éstos hay una gran cantidad de posibilidades de litigar, lo que genera un problema para los abogados que intentan sacar adelante los proyectos o que quieren defender la actividad o bien a una comunidad.

“Una buena defensa no significa hacer una defensa a ultranza de cualquier cosa”, dice. El equilibrio entre las partes, precisa, se puede lograr a través del conocimiento que puedan adquirir las personas, y de un debate llevado a cabo en lugares que corresponden: la administración pública y sus órganos sectoriales son uno de ellos. La mediación previa entre los que van a desarrollar su proyecto y aquellos que pretenden defender a una comunidad es otro. Esa fue la propuesta de Espacio Público, y la opción que ha tomado el país líder en el área: Australia.

Por su parte, Rojas dice también que la jurisprudencia en Chile se encuentra en pleno desarrollo y que en el caso del derecho del medio ambiente se ha fortalecido por la presencia de los tribunales ambientales.

Diplomado en la UAI

El programa de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar tiene por objeto tratar no acerca de una sola disciplina con derivaciones, sino de todas las disciplinas, lo que Rojas califica como ambicioso, en el buen sentido de la palabra. Además, incorpora otras materias, como la economía de recursos naturales.

El programa intenta entregar conocimiento o actualización en materias específicas, vinculadas tanto a la explotación como a la protección de los recursos naturales, en el contexto de desarrollo de industrias u organizaciones vinculadas a uno u otro aspecto.

recursos naturalesUAI

Está dirigido a profesionales y funcionarios públicos que requieran ampliar o profundizar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades cognitivas y prácticas, en la asesoría de gestión de proyectos o de resolución de casos o conflictos presentes o potenciales, que dicen relación con las áreas de especialización: recursos naturales desde la costa hacia el continente (y no de la costa hacia el mar).

El curso comienza el 3 de agosto y finaliza el 28 de diciembre, y sus clases son los viernes y sábados, en la misma universidad.

 
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José Pedro Silva: “El desafío estratégico de la litigación hoy es mucho mayor”

Más espacios laborales, transformación de la enseñanza del derecho procesal y mayores desafíos intelectuales en el ejercicio del litigio, son algunas de las diferencias que nota el abogado José Pedro Silva con el sistema jurídico actual, respecto a cuando él comenzó a estudiar y ejercer.

“Hoy es una justicia que está en una permanente palestra de juzgamiento y es más transparente”, dice.

Revisa el video aquí:

 
Si quieres escuchar la entrevista completa, ingresa aquí.

 
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Especialización en Oil & Gas en la Universidad de Dundee, Escocia

Dundee University
Javiera Bianchi

La Universidad de Dundee, ubicada en Escocia, Reino Unido, es una de las 200 mejores universidades del mundo según el ranking Times Higher Education 2018 (#187).

Dentro de sus opciones de posgrados ofrece distintos programas de LLM, como el de Oil and Gas Law and Policy.

“El desarrollo económico a largo plazo del mundo depende de la existencia de industrias de energía y recursos eficientes, innovadoras y creativas. Estos a su vez dependen de personas que poseen una sólida comprensión de sus antecedentes legales, económicos, técnicos y políticos”, dice el programa.

El CEPMLP (Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy) de la Universidad de Dundee, la escuela de posgrado de renombre internacional en el campo de las transacciones comerciales internacionales, los recursos naturales, la ley y la política energética, brinda educación avanzada en este campo.

Según el sitio web de la universidad, su plus estaría dado por un enfoque interdisciplinario en la docencia, la investigación y la consultoría, “lo que entrega una perspectiva única sobre cómo operan los gobiernos, las empresas y las comunidades”.

Actualmente, cuentan con más de 500 estudiantes de posgrado, provenientes de más de 50 países.

El próximo programa se inicia en septiembre de este año y, el siguiente, en enero de 2019.

Para postular se debe tener un título de una carrera de 4 años de duración, equivalente a un “título de honores” en el Reino Unido. Además, se debe proporcionar el certificado de grado y la concentración de notas oficial de la universidad en donde se estudió.

Preferentemente eligen a titulados en Derecho, Economía, Geología, Petróleo o Ingeniería Minera, Finanzas, Negocios y Administración.

La experiencia laboral en la industria de energía o recursos naturales es una ventaja, aunque no es un requisito excluyente para la admisión a la maestría.

Para los estudiantes que no sean del Reino Unido, el valor es de U$23.785 por el año completo, pero se puede postular a la beca Global Excellence Scholarship, que entrega la misma universidad, que cubre cerca de US$6.000.

Además, dan la posibilidad de realizar esta maestría de forma no presencial. La duración de este es entre 24 y 60 meses, y los criterios de postulación son los mismos.

Haz un recorrido virtual por la universidad con el siguiente video:

 
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Upstream, Midstream y Downstream, tres conceptos que debes manejar en Oil & Gas

Javiera Bianchi D.

El petróleo y el gas son dos de los principales combustibles utilizados hoy. Para Perú el tema tiene una importancia más allá de la usual para cualquier nación, porque, además de consumidor, es productor: la ciudad de Piura es el principal departamento de extracción secundaria y en La Pampilla, en Lima, se encuentra la mayor refinería del país.

petróleoJorge Pérez-Taiman,

Además, la explotación del combustible ha hecho que se construyan oleoductos que permiten transportarlo desde otras zonas como la selva peruana.

Y si salimos del ámbito del petróleo, cobra importancia la zona de Camisea en el Cuzco, gran yacimiento desde el cual se extrae gas natural.

Jorge Pérez-Taiman pertenece al estudio Rodrigo, Elías y Medrano, desde el cual entrega asesorías en temas relacionados con petróleo y gas, como auditorías regulatorias y negociación de licencias y contratos, tanto de exploración como de producción.

El abogado —quien también tiene experiencia en concesiones de transporte y distribución de gas natural, así como en la implementación de plantas de procesamiento de dicho combustible— analiza cuáles son las claves para entender esta rama de especialización.

Los sectores de la industria

petróleoCrédito: Idealex.press

Pérez-Taiman explica que el área de Oil & Gas está dividida en 3 segmentos generales, en los cuales los abogados tienen diferentes labores:

1. Upstream: exploración, descubrimiento y producción del petróleo y el gas. Un abogado que trabaja en este sector negocia contratos de concesión o de licencia con los Estados para que les permitan a sus clientes explorar lugares y eventualmente, si hay éxito, producir petróleo o gas.

2. Midstream:transporte de los combustibles. Aquí se negocian grandes contratos de transportes, para el petróleo o gas. Por ejemplo, se podrían estipular que le den a un cliente la concesión de transporte para poder tener un gasoducto de 500.000 kilómetros, dice Pérez-Taiman.

3. Downstream:distribución. Es el proceso mediante el cual se hace llegar el gas y el petróleo a los comercios, industrias y hogares.

“En los tres niveles, lo primero que hace el abogado es negociar con el Estado las respectivas concesiones, licencias, permisos, entre otros”, explica el experto.

“Luego viene toda la parte regulatoria. Para poder, por ejemplo, explorar por petróleo; tener un ducto de 1.000 kilómetros; romper las calles de una ciudad; entrar a los hogares y a los comercios, tienes que tener una cantidad enorme de permisos y cumplir con estándares regulatorios”, agrega.

Para esto, hay que levantar estudios de impacto ambiental, negociar con servidumbres de paso debido a que los ductos eventualmente pasarán por lugares públicos y privados. También existen temas regulatorios muy detallados, desde distancias que se deben guardar entre las tuberías, las profundidades y otros.

Hay una gran cantidad de reglamentos que hay que cumplir no solo desde el punto de la seguridad, sino del punto de vista técnico.

Combinación con derecho laboral, tributario y ambiental

Hay una infinidad de relaciones contractuales que se generan en cada una de las concesiones que el Estado entrega en el área de Oil & Gas, para lo cual es necesario la presencia de abogados.

Además, están los contratos con los subcontratistas. Una compañía petrolera puede ganarse una concesión, pero luego de eso hay que emplear a quienes hagan perforaciones, a quienes hacen los estudios de superficie exploratorios, la investigación sísmica, la empresa de transporte de petróleo, la que construya los ductos, entre varios otros.

Entonces, hay una infinidad de acuerdos secundarios que se derivan del hecho que a una compañía le hayan dado una concesión para explorar y producir, transportar o distribuir. Ante esto, los abogados también ven toda la contratación de empleados.

Por otro lado, Pérez-Taiman cuenta que trabajó muchos años para una petrolera americana, y ahí se pudo dar cuenta de los problemas tributarios que esta industria tiene. “Empiezan a generar una cantidad tremenda de dinero, que el Estado ubica y empieza a cobrar impuestos, por lo que se necesita un asesoramiento tributario importante”, dice.

Dentro de los temas que le toca ver, están los derechos ambientales en los que se tiene que relacionar con comunidades que, en su opinión, a veces resultan ser intransigentes. Esto, dijo, debido a la intermediación “radical” que tienen algunas ONG.

Por esto explica que se deben tener conocimientos de esta área del Derecho. “Hay relaciones con las comunidades que son cada vez más complicadas. En Perú hay problemas con las comunidades nativas en la selva. Hay lugares en que es muy difícil entrar, a pesar de que tengas todos los permisos regulatorios y ambientales”, cuenta.

“Uno tiene que entender la industria para poder negociar contratos y sacar permisos. Es una muy particular, como la eléctrica. Comprender el derecho tributario, ambiental y laboral es clave ya que, por ejemplo, los subcontratos son muy especializados. Hay espacio para un abogado a tiempo completo”, comenta el abogado.

Chile y la industria del Oil & Gas

“Si un país no tiene producción de petróleo y gas, evidentemente no va a tener abogados de esta materia que negocien con el Estado esos acuerdos, porque esos no existen”, acota Pérez-Taiman.

Sin embargo, dice, tendría que haber algún tipo de especialización para tipo de tuberías. Chile tiene tres ductos que lo conectan con Argentina, que estaban diseñados originalmente para importar gas desde Argentina y que ahora Chile usa para exportarle gas, a su vez, importado. Ahí es donde el profesional cree que tiene que haber un tipo de especialización.

“Además tienen distribución de gas natural y plantas de regasificacicón para importarlo, y que luego va a ser transferido a personas mediante un sistema de distribución, entonces ahí actúan los abogados. Lo que ocurre es que no es tan intensa como en países en que se produce, ya que la industria está mucho más completa y se presenta desde el inicio, verticalmente integrada, como lo es el caso de Perú”, finaliza.

 

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Tráfico en Lima provoca nuevas modalidades de trabajo

Javiera Bianchi

Según el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2021, en un período de 7 años, el parque automotor del Perú sufrió un incremento indiscriminado: pasó de tener 2.286.000 vehículos, en 2009, a 5.244.000, en 2015. El fenómeno se debería sobre todo a la entrada al país de una mayor cantidad de motocicletas, mototaxis y camionetas rurales.

tráficoPixabay

En Lima, de acuerdo al Sistema Nacional de Información Ambiental, en 2016 había casi 2 autos por cada 10 habitantes. Si se extrapola el valor, dado que según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) la ciudad tiene una población de 9.320.000 personas, habría más de 1 millón 600 mil vehículos circulando en la capital peruana.

La empresa peruana de marketing e investigación, Marketwin, realizó en 2017 el Estudio de tráfico en Lima. Del total de la población entrevistada, un 51,2% coincide que entre las 6.00 y la 8.00 de la mañana circula la mayor cantidad de autos durante el día. En consecuencia, a un 76% de la muestra el tráfico le genera bastante o mucho estrés.

Esto se refleja en la compra de automóviles en el país: entre enero y abril de este año se han vendido 53.907 unidades nuevas. Para todo el año 2018, Scotiabank proyecta que la venta de vehículos nuevos rondaría los 188.000, un incremento de poco más de 4% respecto al 2017.

Es por esta razón que los trabajadores limeños han optado por evitarse malos ratos y han definido nuevas horas de reuniones: entre las 7.00 y las 7:30.

Este es el caso de Boris Sebastiani, socio del área laboral del estudio Muñiz, quien ha decidido comenzar a trabajar desde su casa a las 5:00 am y así llegar a la oficina a las 9:00, con temas ya resueltos.

“El tráfico nos induce a utilizar la tecnología, pues la tendencia es que se realicen menos reuniones presenciales y se incrementen las videoconferencias por zoom, Skype o por calls telefónicos. Otra costumbre que ha evolucionado es la de intensificar el nivel de detalle de la respuesta escrita a las consultas para reducir la cantidad de reuniones por dichos temas”, explica el abogado.

“Sin embargo, comenzar el día antes de lo habitual no necesariamente genera terminar antes la jornada”, agrega, aunque aclara que el beneficio para él ha sido optimizar su tiempo antes del inicio de la congestión.

Wilfredo Murillo, consultor organizacional y de marketing para el sector legal, cuenta una anécdota de cuando estuvo en Chile, a mediados de 2017, por trabajo: “Cuando hice mi agenda de reuniones, ofrecía el horario de las 7.30, porque para mí era natural, y la gente, muy educada, me decía que sí. Mucho después me di cuenta de que en Santiago no era lo usual”.

Otros abogados de la plaza comentaron que hasta hace unos 2 años, las 8.00 de la mañana era una hora temprana para citar a reuniones de trabajo, pero que hoy ya es muy común; de lo contrario, la jornada entera se atrasa.

 

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Javiera Bianchi

“Si bien es cierto que a medida que va avanzando la carrera, la mayoría de los cursos son de Derecho, cada semestre hay uno de formación interdisciplinaria, en que los profesores no son abogados y sus compañeros tampoco. Esos ramos permiten que los alumnos se puedan desarrollar fácil y cómodamente con profesionales de otras carreras”, explica un académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, en Lima, cuando se le pregunta por las razones que han llevado a esta Escuela a gozar de un fuerte prestigio en el mercado legal a pocos años de su creación.

La Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico de Perú, fue fundada en 2008. Si bien la institución tiene 56 años, los futuros abogados son los estudiantes que menos tiempo llevan ahí.

La universidad tiene 4 facultades y 9 carreras, que en su mayoría son del área comercial (administración, contabilidad, economía, finanzas, marketing, entre otras). Es por ello que cuando se formó la facultad de Derecho, se decidió orientarla de alguna manera hacia estas mismas áreas.

Hoy cuenta con 40 alumnos por generación y dura 6 años (si es que los estudiantes siguen la malla curricular).

En el primer semestre de la carrera, la universidad no realiza ramos de Derecho propiamente tal, sino que hacen una nivelación de lenguaje, matemáticas e informática. En el segundo término, tienen 4 asignaturas de otras carrera y recién comienzan con Introducción al Derecho. En el segundo año universitario comienzan con los ramos exclusivos de la carrera.

pacíficoAndrés Calderón, profesor Universidad del Pacífico

“Si les enseñáramos solamente Derecho, la carrera se podría realizar en 5 años, siempre que los alumnos hubieran hecho un bachillerato suficientemente bueno. Pero yo creo que el nivel educativo base todavía no lo permite”, indica Andrés Calderón, profesor de derecho administrativo y regulatorio en la Universidad del Pacífico.

“Los cursos generales de otras materias que se ven a lo largo de toda la carrera, son muy importantes y adiestran a los alumnos. Los convierte en ciudadanos inteligentes, que comprenden la realidad en la que se desenvuelven, más allá de que si son buenos abogados o buenos jueces. Yo no sacrificaría estos cursos ajenos al Derecho para poder hacerla más rápida” agregó.

Prestigio en poco tiempo

La Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico ha logrado lo que muchos quieren en solo 10 años. Hoy sus abogados son requeridos por las firmas a la par con otras universidades elite de Perú.

Desde la institución creen que son varios factores lo que lo explican: la universidad, los profesores, la cantidad de alumnos, la multidisciplina y la exigencia.

“La universidad ya tiene varios años en el mercado, y es muy prestigiosa en las carreras que ha ido abriendo, lo que le da un valor agregado a la Facultad, pues toma un poco la reputación que la universidad ya tiene ganada. A su vez, el mercado sabe que si esta institución abre una nueva carrera, es una que apunta a ser del mismo nivel de las otras”, analiza.

“Buena oferta docente”

Dentro de los aspectos que destaca es la calidad de los profesores. El abogado dice que atrajeron a los alumnos por medio de una buena oferta docente. La mayoría de los docentes son egresados de la Universidad Católica de Perú, ubicada como la primera en el país por el ranking QS Latin America University 2018. Además, todos ya habían hecho clases en esta misma universidad u en otras.

“Fernando Cantuarias, el decano, ya había tenido ese cargo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y es uno de los abogados más reconocidos en arbitraje. Lo mismo pasa con la vicedecana, Cecilia O’Neill. Todos los profesores son igualmente respetados y buenos en lo que hacen”, asegura.

En cuanto a la jornada, explica, tienen solo 6 profesores a tiempo completo y la mayoría son part-time, que es la modalidad mayormente utilizada en las universidades del país.

Inclinación a la economía y negocios

Uno de los factores que sin duda advierten los alumnos y el mercado que busca alumnos o egresados de la U. del Pacífico tiene que ver con que hay una formación sólida en temas de economía y negocios.

pacíficoAula en Universidad del Pacífico

La malla curricular da cuenta de ello, ya que existen hasta 9 cursos vinculados con temas comerciales o con matemáticas, por lo que cada año tienen al menos una asignatura de esa raa.

Alumnos involucrados y que participan

En la Facultad se utiliza el método socrático, en donde los alumnos discuten en clases con sus profesores, y se les enseña una formación de argumentación e ideas a partir de la construcción que desarrollen ellos mismos en sus clases. Esto, según el abogado administrativo, permite que los alumnos no se limiten al conocimiento sencillo de la norma.

Por otra parte, la universidad hace que los alumnos eligan una rama específica en la cual se quieran especializar mediante cursos electivos.

“Al no ser una facultad grande, todos los semestres conversamos con los estudiantes para saber cuáles son las demandas que tienen de asignaturas, de manera tal que respondamos a sus intereses. Hay semestres donde van a haber, por ejemplo, más cursos de derecho ambiental o de derechos humanos y otros en los que no se va a dedicar ninguno de eso, sino sobre otros temas como derecho civil o constitucional”, explica el docente.

pacíficoFrontis Universidad del Pacífico, Perú

Junto a estas medidas, y para salir del ámbito económico y abrirse más a otras áreas del Derecho, han estado participando en varios concursos de litigios recreados, dando espacio a quienes se quieran dedicar al litigio o al derecho procesal.

También están trabajando en modelos de Naciones Unidas en la misma Facultad y han enviado alumnos fuera del país, para que así incursionen en el derecho internacional o en relaciones internacionales.

Además, este semestre Andrés Calderón abrió una clínica jurídica dedicada a transparencia y libertades informativas: “Aquí la relación con los alumnos es muy cercana, no solo en el aula sino fuera de ella”.

Hoy los ex alumnos de la Universidad del Pacífico trabajan mayoritariamente en estudios de abogados y empresas —en temas mercantiles, corporativos, financieros y de libre competencia—, pero desde la Facultad dicen que van poco a poco nivelándose con otros rubros. Y ya estarían apareciendo los primeros egresados que han elegido el servicio público y la Academia.

 
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Adaptación del estado Moderno (parte 2)

Jesús Elías Martínez C.

Luego de conocer la necesidad que tiene el estado de modernizarse en virtud de crear confiabilidad en el manejo de la administración pública para generar confianza en los ciudadanos (administrables), tenemos el deber de realizar propuestas serias y viables para el desarrollo de los nuevos sistemas jurídicos que, acompañados de la tecnología, modernicen al estado.

modernoJesús Elías Martínez

El sistema actual pareciera estar centrado solo en los temas de transparencia en el manejo de asuntos públicos producto de la corrupción, el tráfico de influencias y otros problemas puntuales generados del mal manejo de las políticas públicas. Pero, se ha dejado de lado una característica fundamental del estado de derecho entre sus prioridades, que generaría aún mayor confiabilidad en el sistema público: la rectificación de los actos administrativos erróneos que afectan a los particulares.

En la creación de mecanismos legales que supervisen e incentiven la reconsideración y reparación inmediata de los actos que, por acción u omisión, generaron perjuicios a los particulares, es donde creo que se encuentra el eje de partida del nuevo sistema jurídico administrativo moderno.

Estos nuevos instrumentos jurídicos deben pasar de ser generadores de derechos, a creadores de deberes y obligaciones del estado para con los particulares. No basta con otorgar recursos de reconsideración, nulidad y jerárquicos a quienes se crean vulnerados, si no ambicionar un modelo jurídico garantista de los resultados que se generen del reclamo realizado a la administración pública.

Para esto es necesario voluntad política y social de quienes tienen la responsabilidad de generar el cambio: los administradores y los administrables, quienes con poca humildad reconocen sus errores.

Luego de contar con esa voluntad necesaria para propiciar el debate, se podrán conocer los sorprendentes análisis estadísticos sobre el numero reclamaciones interpuestas a la administración pública y el predecible resultado de rechazo lapidario de un Estado que nunca se equivoca. Es allí donde se declarará la urgencia que tiene el sistema público nacional de crear un nuevo modelo jurídico administrativo moderno que genere confianza no solo por su transparencia si no por su conducta reflexiva.

Hoy aseguro firmemente que cuando se rectifica sobre algún recurso administrativo, otorgándole acogida, no pierde el estado, al contrario, gana, gana la confianza de quien podrá alegar la sensación protectora de un Estado social justo y de derecho reflexivo.

* Jesús Elías Martínez es abogado y profesor de Administración Pública en Venezuela.

 
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Latam Legaltech Roadshow: innovación que recién comienza

El 5 de junio se realizó el congreso virtual LATAM Legaltech Roadshw, organizado por el Instituto de Innovación Legal (IIL). El objetivo era conocer en qué estado se encuentra el derecho y la tecnología en los países de habla hispana, así como promover la colaboración entre los abogados y tecnólogos interesados en este campo.

legaltechInstituto de Innovación Legal

En el evento expusieron distintos colaboradores del IIL de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, México y España.

“El congreso virtual #LatamLegalTech Roadshow ha reunido a algunos de los mejores expertos en los ámbitos de la innovación y la legaltech con la finalidad de hacer un repaso de su estado en los diferentes países. Sus exposiciones demuestran la creciente importancia que la tecnología tiene en el sector legal. Se están produciendo transformaciones en los sistemas jurídicos, en los negocios jurídicos, en la forma en la que los juristas realizan su trabajo y los clientes lo contratan y exigen recibirlo. Conocer lo que está pasando es la primera obligación del profesional. Solo siendo consciente de la revolución en la que estamos inmersos pueden tomarse las decisiones acertadas. Este tipo de congresos sirven para formar e informar.”, afirma María Jesús González-Espejo.

Según lo dicho por algunos de los representantes Latinoamericanos, la innovación legal se encuentra en un estado incipiente pero que tendería a progresar en los próximos años.

“En Perú todavía no tenemos muchos actores. Los más importantes son empresas extranjeras representantes de soluciones ad hoc para despachos y muy pocas aplicaciones peruanas. Sin embargo, se nota que esto está cambiando pues cada vez hay mayor interés en tecnificar la labor legal y crear soluciones tecnológicas para los abogados y sus clientes”, explica Abel Revoredo, Socio de Revoredo y representante de Perú en el evento.

En Argentina la situación es difícil. Por un lado, los profesionales dedicados al tema están intentando desarrollar la Asociación de Legaltech y organizando eventos para desarrollar la innovación como el Global Legal Hackathon. Pero, por el otro lado, los estudios parecen no sumarse a la causa.

“Los estudios grandes del país no muestran señales de preocupación o de impulso de estas acciones. Los pocos estudios tecnológicos aún piensan en linea del derecho informático – un derecho que no existe en la práctica – y otros estamos promoviendo el desarrollo de tecnología”, dice Guillermo Navarro, socio en Bildenlex Abogados y colaborador de IIL de Argentina.

Laura Fauqueur, socia cofundadora del Instituto de Innovación Legal, explica que si bien la evolución está siendo distinta en cada uno de los países analizados en el evento, es notable la apuesta institucional por el fomento de la LegalTech en la mayoría de ellos como un hito necesario para la adaptación de la Justicia a la nueva realidad.

“También destacamos del conjunto de intervenciones por una parte, la necesidad de abordar Iberoamérica como un único mercado para hacer la inversión y el desarrollo de Legaltech atractivos, y por otra parte, la ausencia de una comunidad LegalTech formalizada que entre otras tareas asuma la de divulgar información sobre la materia para que los juristas entiendan y abracen esta revolución”, agrega.

“Temas como la comunicación y la necesidad de ofrecer nuevos y mejores servicios hoy son cruciales. Está todo por desarrollar y el concepto de innovación llego para quedarse en la abogacía y creo que los que no puedan comprenderlo e incorporarlo en sus estudios van a sentir el cambio de consumo en servicios legales”, finaliza Navarro.

 
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