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Claves del management para enfrentar los desafíos del mercado legal

Equipo Idealex.press

El incremento de nuevas tecnologías, el aumento de abogados titulados, firmas y estudiantes de Derecho han generado un nuevo panorama para el mercado legal. En el primer Webinar de Idealex.press y EstadoDiario.com, 3 expertos analizaron los desafíos de la industria y entregaron algunas herramientas del management para enfrentar el contexto actual.

La gerenta general del estudio chileno Alcaíno Abogados, Francisca Utfhoff, hizo hincapié en que los estudios semiprofesionalizados deberían comenzar a entender sus negocios desde una visión de empresa, que contemple las relaciones interpersonales y no sobreponga los intereses individuales por sobre los colectivos.

El ingeniero consultor de firmas legales, Gustavo Rodríguez, planteó 7 fenómenos que han complejizado del mundo jurídico y las formas en que los estudios de abogados podrían abordarlos. Entre ellos destacan la inteligencia artificial, la llegada de firmas internacionales y la mayor exigencia de los clientes.

Rafael Mery, académico de la Universidad Diego Portales y consultor, comentó sobre la competitividad del mercado, escenario que haría indispensable generar cambios en las estrategias. Según Mery, las generaciones posteriores serían las más afectadas con los cambios del mercado y quienes tendrán la obligación de tomar cartas en el asunto.

En este video resumen te mostramos sus principales reflexiones y conclusiones.

Derecho deportivo: los abogados tras el doping, las sociedades y los atletas

Dylan Nolte
Josefa Soto

Era 2004, cuando Andrés Charria marcó el teléfono de la ciclista María Luisa Calle. Creía que podía ayudar. A la deportista le habían quitado la medalla de bronce que había ganado en los Juegos Olímpicos de Atenas de ese año. Su examen de doping había resultado positivo por heptaminol, un estimulante del sistema cardiovascular.

Charria, abogado colombiano de 52 años, tenía entonces 41. Pensó que era difícil pero que no tenía nada que perder. Varios le dijeron que abandonara, que era el comité olímpico y que nunca antes habían devuelto una medalla por doping. Pero Charria continuó. Y ganó.

“A los 32 años me quedé sin puesto, separado y con dos hijos. Eso me hizo buscar oportunidades. Entonces, traté de ser agente, pero me di cuenta que el campo del derecho deportivo era grandísimo y por ahí empecé”, cuenta.

Según Charria, el impacto económico de la actividad deportiva ha generado nuevas oportunidades laborales para los abogados. Clubes, federaciones, instituciones deportivas públicas, jugadores y entrenadores, enfrentan problemas legales que necesitan ser resueltos por especializados en la materia.

El caso de María Luisa Calle se resolvió en 2005. Le devolvieron la medalla luego de que se comprobara que el doping había resultado positivo por una reacción química en el tubo de ensayo. “Me siento orgulloso de lo que logré. Ni María Luisa creía que podíamos ganar”, recuerda el profesional.

¿Qué hace un abogado dedicado al derecho deportivo?

Daniel Viola es abogado de la Universidad de Buenos aires, especializado en derecho del deporte, clubes y asociaciones civiles. También es colaborador de ESPN radio y director de Iusport sección latinoamérica, medio que nació en 1997 como el primer portal dedicado al Derecho deportivo.

“Un abogado dedicado a derecho al deporte tiene varias tareas por delante. Debe tener una observación permanente de los acontecimientos deportivos: de las reglas del juego, las reglamentaciones, y de temas de actualidad como el dopaje, la inclusión indebida, la transferencia de jugadores menores de edad, entre otros”, explica.

Según Charria hay 3 grandes ámbitos en que se puede desarrollar esta especialidad. El primero y más lucrativo es el fútbol, que incluye la revisión de contratos y transferencias de jugadores. También está el doping, que se presenta como un área amplia y compleja por la especificidad de las reglamentaciones; y por último, el área referida a la formación de organizaciones y sociedades deportivas.

Desde el ámbito público, Hernán Domínguez Placencia, abogado de la Universidad de Chile y que trabaja para el Ministerio del Deporte de Chile, comenta que entre las tareas que realizan quienes trabajan en instituciones públicas están: revisar que los atletas cumplan con las normativas, además de revisar contratos y el financiamiento para las competencias, por ejemplo.

El campo laboral

Los 3 entrevistados concuerdan en que, tanto los atletas como las asociaciones, entienden la necesidad de contar con un abogado cuando se ven enfrentados a un problema, y no antes, como piensan que debería ser. Sin embargo, debido al impacto económico del deporte en la economía, preveen que serán cada vez más los atletas y empresas que recurran a sus servicios.

“El impacto del deporte en el PIB y en términos de ocupación ha crecido en los últimos años, tanto en España como en el resto de Europa. En España representa el 1,4% del PIB, pero en Alemania es del 3,9% y en Austria del 4,12%”, señaló el académico del departamento de economía y empresa de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume García, al diario de información económica del negocio del deporte, Palco23, en junio de este año.

Según Viola, otro de los síntomas del crecimiento del campo laboral de derecho deportivo, tiene que ver con el aumento de cátedras y publicaciones. “Yo creo que hay un auge que se puede palpar en la cantidad de cursos y seminarios que hay en esta materia; de libros publicados en todo el mundo, de habla hispana y en otros idiomas”, comenta.

“Es un campo que va a seguir creciendo en la medida que las instituciones y empresas entiendan que necesitan contar con un abogado, no de manera reactiva sino que permanente”, asegura Domínguez.

Dónde especializarse

Desde el año pasado se imparte en la Universidad Central de Chile, en conjunto con la Universidad de Lérida de España, el Máster en Derecho Deportivo . El posgrado es reconocido por ser el primero en impartirse en ese país hace más de 20 años y ya cuenta con más de 600 egresados.

En otros países de Latinoamérica también es posible estudiar Derecho del Deporte. La Universidad Católica Argentina imparte el Mágister Derecho y Management del Deporte y, en Colombia, la Universidad Javeriana de Bogotá también cuenta con un diplomado en Sports Management, por nombrar algunas.

“Hay que estar atento a la información que proviene de FIFA, de CONMEBOL, de las distintas federaciones deportivas, que también suelen hacer seminarios y cursos de capacitación. Clubes también dictan cursos”, advierte Viola.

 
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La paz por medio del Derecho

Equipo EstadoDiario

Según un Estudio del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, del año 2016 (http://goo.gl/udVU9C), la nota al desempeño de los tribunales era de un 3,9 en una escala de 1 a 7; un 95% de los encuestados señaló que estaba convencido de que hay tratos preferentes en el sistema judicial, en tanto que un 83,8% estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo con a la frase “la justicia es igual para todos”. Finalmente, solo un 8,3% señaló estar satisfecho o muy satisfecho con el sistema de justicia chileno.

Otros datos interesantes son los que siguen: un 92,8% considera que los abogados son caros y un 93,3% cree que existe una “puerta giratoria en Chile”, afirmación algo curiosa si a la vez un 92,9% cree que las cárceles están hacinadas.

Conforme a una encuesta de Libertad y Desarrollo del año 2005, el Poder Judicial era percibido como la institución más corrupta del país (http://goo.gl/yht48), en tanto que otra encuesta de la misma entidad (http://goo.gl/WwyZw4), del año 2012, daba cuenta de que el 81% consideraba al sistema de justicia nada o poco confiable. Más interesante aún es que un 43% creía que un órgano independiente del poder judicial debería evaluar el desempeño de los jueces, en tanto que un 32% estimaba que debería hacerlo la ciudadanía mediante elecciones; solo un 12% apoya el actual sistema de evaluaciones por los superiores jerárquicos al interior del Poder Judicial.

La radiografía anterior es perfectamente elocuente. Lo inquietante es lo que puede seguirse a partir de ella.

De un lado, convengamos en que todos los operadores del sistema de justicia – jueces, abogados, estudiantes, académicos, universidades, ministerio de justicia, etc. – estamos inmersos en lo que, a los ojos de la ciudadanía, no es sino un patético y estrepitoso fracaso a la hora de impartir justicia. En Chile el sistema de justicia, a pesar de los millones de dólares inyectados en las reformas procesales, sigue sin funcionar, sin entregar confianza, sin ser una alternativa sensata para la resolución de conflictos del ciudadano de a pie. Enfrentar ese fracaso, y reconocerlo, por frustrante y doloroso que sea, es el primer paso. Un enfermo comienza su curación cuando se reconoce enfermo.

Por otra parte, la pregunta es si tenemos conciencia del grave riesgo que importa para una sociedad contar con un sistema de justicia tan deficitario. Si se mantiene en el tiempo la convicción de que se trata de un sistema derechamente incapaz de resolver con justicia nuestros problemas, finalmente terminará extendiéndose la idea de la justicia por propia mano. De ahí la tendencia a los ajusticiamientos “populares” o los aplausos que entre los menos pensantes desatan la fuerza policial desmedida o las torturas a detenidos que han sido acusados de crímenes deleznables.

Cuando el sistema judicial fracasa, comienza a fracasar la idea misma de una sociedad civilizada y respetuosa de los derechos humanos de todos, sin excepción. Cuando nos terminamos convenciendo de que no podemos acudir a los tribunales en busca de soluciones sensatas, justas e imparciales para resolver nuestros conflictos, esa “paz por medio del derecho” de la que hablaba Kelsen a propósito del ámbito internacional, no será posible en nuestro ámbito interno.

La pregunta final es si seguiremos negando lo evidente y su forzosa conclusión o si, por el contrario, haremos algo al respecto.

Abogadas en Chile aún ocupan menos puestos de liderazgo que los hombres

liderazgo abogadas

Josefa Soto

“Soy feminista. Creo en las cuotas porque son la única forma de acelerar el paso. Y esperaría que hubiese cuotas en el Colegio de Abogados también”, dijo ayer la abogada miembro del Consejo del CAM, Loreto Silva, frente a las decenas de mujeres que la aplaudieron una vez que terminó la frase, en el Seminario de Liderazgo de Abogadas en Chile.

Las butacas del Salón de Honor del Ex Congreso Nacional llegaron casi a su tope: una audiencia mayoritariamente femenina escuchó y vibró ante los diagnósticos, reflexiones y propuestas de las nueve abogadas que expusieron durante el desarrollo del seminario.

Magdalena Atria, Carolina Fuensalida y Carmen Domínguez, consejeras del Colegio de Abogados y organizadoras del evento, fueron las encargadas de instalar el panorama. Las cifras que revelaron son abrumadoras, pese a que un 57% de los titulados de Derecho son mujeres, los altos cargos son ocupados aún, mayoritariamente, por hombres.

Las cifras

Según Fuensalida, de los estudios rankeados en Chambers & Partners, el 42% de los asociados son mujeres, mientras que un 58% son hombres. A nivel de socios, sólo un 9,8% corresponde a mujeres, versus un 90,2% de ocupación masculina.

“Estoy segura de que no tenemos por qué renunciar a los sueños, ni a ser mamás, a ser esposas. Podemos hacer todo lo anterior y no solo bien, si no que extraordinariamente”, dijo Fuensalida.

En el Colegio de Abogados, la representación femenina también es bajísima: El 84% del consejo son hombres y sólo un 16% son mujeres. En el ámbito público, la situación no es distinta: en más de 200 años ninguna mujer ha asumido la presidencia de la Corte Suprema.

En el poder judicial hay un 15% más de mujeres que de hombres, pero estas tienen presencia mayoritaria sólo en el tribunal de primera instancia: en la Corte de Apelaciones hay un 62% de representación masculina y en la Corte Suprema un 75%, mientras que las mujeres representan un 38% y 25%, respectivamente.

“El problema no es el ingreso al sistema sino el acceso a los cargos de mayor jerarquía”, afirmó la ministra de la Corte Suprema y encargada de los asuntos de género del Poder Judicial, Andrea Muñoz.

Atreverse a ser candidatas

Susan Turner, abogada de la Universidad de Chile, Magíster y Doctora en Derecho de la Universidad de Göttingen, aún recuerda cuando tomó la decisión de postularse a la reelección del decanato de la Universidad Austral, luego de haber sido elegida en primera instancia de forma interina. “Si no iba de candidata, pensé, que los profesores creerían que solo servía para estar en segundo plano. Fue una decisión de orgullo”, contó.

Turner asegura que, a pesar de que la capacidad de gestión de las mujeres es una cualidad valiosa, altamente valorada, esta puede ser una limitante para sus capacidades de liderazgo. Como desempeñan bien el cargo, los incentivos están muchas veces en permanecer en esas posiciones siendo dudoso el beneficio de optar por otro tipo de liderazgo.

“Hay siempre mujeres capacitadas y habilitadas para ocupar cargos de poder, pero faltan candidatas. Falta que no sea tema que las mujeres nos presentemos como candidatas, que lo normalicemos”, opinó Carmen Domínguez, profesora UC y miembro del consejo del Colegio de Abogados.

Recomendaciones y propuestas de las expertas

Apoyar a otras mujeres, postular sin miedo a cargos altos, colonizar espacios tradicionalmente masculinos, corresponsabilidad parental, y cuestionar las oportunidades de teletrabajo y adaptabilidad que ofrecen las empresas, fueron algunas de las medidas que propusieron las expositoras para traspasar las barreras que impiden el acceso a los puestos de liderazgo.

“En políticas privadas se tienen que adoptar la adaptabilidad, cambiar la cultura de la presencia por la de la eficiencia”, aseguró la abogada UC y presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, Francisca Junemann.

Respecto a la evolución de la tecnología, Victoria Hurtado dijo que esta va a comenzar a polinizar todas la áreas, lo que incluye al derecho. “El impacto de la tecnología hace obligatorio que nos metamos con menos timidez en temas de informática y software”, afirmó.

 
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Educación para vencer el cibercrimen

ciberseguridad educación

Josefa Soto/Fernanda Robles

Las cifras avalan la relevancia que se le está entregando a la ciberseguridad a nivel global: según el ranking de países que han recibido ataques informáticos, Chile ocupa el tercer lugar de Latinoamérica, después de México y Brasil.

El jueves 8 de noviembre, el Banco Consorcio dio a conocer mediante un comunicado de prensa haber sido víctima de un ciberataque. Cinco meses antes, el Banco de Chile perdió US $10 millones por el mismo motivo. El gobierno ha manifestado su preocupación por el tema y este miércoles, fue enviado el proyecto de ley que establece nuevas tipificaciones en materia de delitos informáticos.

Expertos en el tema coinciden en que para proteger y prevenir este tipo de sucesos no solo es necesario legislar sino también concientizar y educar a los usuarios. Ese fue el foco del conversatorio “Seguridad Informática y hacking: las amenazas del mundo digital”, evento aledaño al seminario “Ciberseguridad: Desafíos del siglo XXI”, desarrollado ayer en el Ex Congreso Nacional y organizado por el senador Harboe.

Ciberseguridad y educación

“La seguridad es un proceso constante y dinámico. Debe verse desde un punto de vista integral, que involucre tanto a la tecnología como a los procesos y las personas”, dijo Fernanda Mattar, quien ganó junto a Natalia Bravo y Sofía Bustos el OEA Ciberwoman Challenge.

En el contexto de la revolución digital, sería indispensable educar, tanto a niños como a adultos, acerca de los riesgos de compartir información en internet y a tomar conciencia sobre las consecuencias de los ciberataques. Para Roberto Alvarado, cybersecurity champ lead para América Latina de Microsoft habría que integrar temáticas de ciberseguridad los programas de educación: “Es una realidad que se va a poner cada vez más compleja. Antes no teníamos el ciberbullying, y hoy los niños lo enfrentan día a día”.

“Antes enseñaban a tejer porque era necesario, hoy pasa lo mismo con los datos”, dijo la abogada Sofía Bustos. Agregó la importancia de cuestionar los contenidos que se deben enseñar. Por ejemplo, en términos de ciberseguridad se acostumbra aconsejar el uso de distintas claves, cuando el mayor riesgo está en caer en el phishing.

 
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Derecho a la salud: licencias de uso obligatorias vs. patentes farmacéuticas

Gheira Mori

Gheira Mori

Gheira Mori

Las patentes son derechos de exclusiva, otorgadas por el estado sobre un producto o proceso y que, por lo general, resuelven problemas técnicos u ofrecen nuevas maneras de hacer algo. Dentro del rubro de las patentes están las patentes farmacéuticas que han pasado a ser una parte primordial de la propiedad industrial. Son comercializadas por el titular de la patente de manera exclusiva, quien gozará de un derecho monopólico por un determinado periodo de tiempo (20 años), bajo un nombre comercial de marca registrada.

Las patentes farmacéuticas, sin embargo, hoy en día se tornan en un obstáculo para el ejercicio del Derecho a la salud y para el acceso a los medicamentos. El titular de la patente será el único que pueda vender y comercializar dicho producto y, por lo tanto, podrá poner los mismos en el mercado a un precio sumamente elevado y sin el temor de que algún tercero posea un producto parecido a menor precio.

Ante esta situación, en noviembre de 2001, los gobiernos miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptaron como medida el acuerdo conocido como la Declaración de Doha. La declaración, señala que los ADPICS no impiden que los gobiernos miembros de la OMC adopten medidas para proteger la salud pública, reafirmando el derecho de los estados miembros, de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a estos derechos de exclusiva.

Estos derechos de exclusiva pueden verse limitados a través de las licencias obligatorias que permiten al Estado la explotación de una invención patentada sin la autorización del titular y bajo ciertas condiciones reguladas por la Norma o bajo las condiciones que los estados miembros sean libres de determinar para conceder tales licencias. Lo anterior, con el objeto de anteponer el interés público a los derechos exclusivos de ámbito privado que otorga la patente.

En Perú, las Licencias Obligatorias también se encuentran normadas por la Decisión Andina 486 y el Decreto Legislativo Nº 1075. Sin embargo, pese a que en el 2014 las asociaciones de pacientes y organizaciones sociales del Perú pidieron al estado que se emitiera un Decreto Supremo donde se declarara la necesidad pública de la licencia obligatoria sobre el antirretroviral Atazanavir, (usada para el tratamiento de aproximadamente 65 mil personas que sufren de VIH en nuestro país), el Estado Peruano optó por firmar un acuerdo con la farmacéutica Bristol Myers Squibb, logrando obtener una rebaja del 35% en la compra de medio millón de tabletas del mencionado antirretroviral.

Dicho acuerdo no ha resuelto el problema económico al que el Ministerio de Salud se ha visto sumergido. Si bien se ha logrado la obtención de un descuento por la adquisición de dicho antirretroviral, el otorgamiento de una licencia de uso obligatoria por razones de interés público o de uso público, no comercial, hubiera permitido que el Estado Peruano adquiriera dicho producto de otras farmacéuticas a un menor precio, al alcance de los ciudadanos que se ven en la necesidad de recurrir a dicho fármaco.

Un caso cercano correspondiente a un país miembro de la Comunidad Andina, Colombia, se presentó en el 2013 con el llamado caso imatinib o Glivec, un medicamento muy avanzado para ciertos tipos de cáncer. Debido a que su precio era muy caro, el Minsa Colombiano decidió invocar la licencia obligatoria para bajar su precio. Ante ello, la farmacéutica Novartis se opuso rotundamente y, al igual que en el Perú, la transnacional contó con el apoyo del ministerio de Comercio que se enfrentó a su propio Ministerio de Salud. Sin embargo, contra todos los pronósticos, el Minsa colombiano usó la licencia obligatoria y el imatinib bajó de precio en un 44%.

Así pues y tomando en cuenta la finalidad que tienen las licencias obligatorias, consideramos que el estado peruano pudo haber hecho un mejor manejo de la misma. A través de dicha figura pudo haber garantizado el acceso a los medicamentos que son prioritarios para la salud del país, logrando un ahorro del 75%, además de permitir en el mercado la convivencia de todos los productos, y permitiendo que el laboratorio titular de la patente resulte beneficiado ya que hubiera recibido una justa retribución por cada producto genérico vendido.

Concluimos pues, que las licencias obligatorias han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como el método más efectivo para hacer frente a los efectos negativos que pueden tener las patentes sobre el bienestar público. Es justo frente a estas situaciones que decisiones como las de la Comunidad Andina, los Acuerdos de Doha y el propio TLC con EEUU, establecen la posibilidad de declarar la licencia obligatoria cuando está en juego el interés público.

 
* Gheira Mori es abogada de OMC Abogados & Consultores, tiene experiencia en el sector público y privado.

PeopleLaw: el sector menos sexy de la abogacía

PeopleLawMauricio París
Mauricio París

La mayoría de los artículos sobre management legal se enfocan en el sector más sexy de la abogacía: el de los grandes despachos de abogados, ya sean locales, regionales o internacionales. Poco se escribe sobre el sector, mucho más abundante, de abogados independientes, llamados usualmente solo practitioners en los mercados anglosajones.

Conforman este grupo profesionales con enfoques muy diversos, desde aquellos que tienen prácticas muy especializadas que han logrado convertir en verdaderas boutiques legales (término que no debería utilizarse a la ligera como sinónimo de despacho pequeño), hasta aquellos con una práctica generalista enfocada en las personas, más que en las corporaciones. Sobre estos últimos, enfocados en lo que se denomina PeopleLaw, versan estas líneas.

El paradigma para este sector de la industria es claro: A) Aunque los particulares son muchos más que las corporaciones, contratan menos servicios legales; B) Existe mayor competencia, no sólo de profesionales sino de prestadores alternativos de servicios; C) Hay menos información disponible para el consumidor para elegir al abogado más adecuado (en buena medida por las restricciones existentes a la publicidad en el sector legal); y D) Es un tipo de servicio por el que el cliente no está en disposición de pagar costos elevados, aun y cuando, en algunos casos esos mismos costos son impuestos por regulaciones gremiales para impedir la competencia desleal entre abogados.

Parte del problema de fondo para este sector radica en el coste de los servicios legales. Piense por ejemplo en las disputas de baja cuantía que puedan surgir entre particulares, a las que se enfocan por ejemplo las plataformas de resolución de disputas en línea. En una disputa de por ejemplo, US$2,000 ¿A cuánto ascenderían los honorarios de un abogado en Latinoamérica?

La respuesta dependerá probablemente de las regulaciones propias de cada jurisdicción y de las condiciones del mercado, sin embargo probablemente en algunos casos el precio de llevar la disputa a resolución final sea incluso superior al monto de la disputa en sí misma, o cuando menos, difícilmente sea tan bajo como el costo de las plataformas en línea anteriormente comentadas.

De igual forma ¿Cuánto tiempo le tomará al abogado resolver la disputa en el sistema judicial y obtener su pago? También dependerá de cada jurisdicción, sin embargo, aun en las jurisdicciones más eficientes, probablemente la respuesta promedio será varios meses.

Pero, además de la competencia que puede surgir producto de la tecnología, en muchos países de Latinoamérica, la competencia viene del propio Estado, o de organizaciones no gubernamentales. Algunas áreas del derecho protegidas como familia, trabajo o consumo, cuentan con plataformas públicas o privadas que ofrecen asesoría jurídica gratuita a los usuarios. Asimismo, la existencia de prestadores no tradicionales de servicio, como las plataformas digitales, ofrecen una amplia gama de servicios para pequeñas empresas, emprendedores o startups, por medio de tutoriales, compra de modelos de contratos, servicios en línea, entre otros.

Parte del problema es que la prestación tradicional de los servicios legales requiere una gran cantidad de horas y esfuerzo humano para conseguir un resultado, y ese hecho es el que influye mayoritariamente en la fijación del precio. En este punto, es imposible competir con las máquinas, que pueden ofrecer una solución más rápida con menor esfuerzo, y desde luego, menor costo.

La clave para este sector de la industria radicará en buena medida en crear nuevas formas de ofrecer el servicio, de comunicarse y de generar valor al cliente.

 
* Mauricio París es abogado costarricense; Regional Manager de ECIJA para América Latina y El Caribe; profesor en la Universidad de Costa Rica y autor del blog bonafide.cr.

Comercio exterior: Brasil post Bolsonaro

Raquel Frattini

Jair Messias Bolsonaro es el nuevo Presidente de Brasil. Con el 55,1% de los votos válidos, el candidato del PSL (Partido Social Liberal) fue elegido en la segunda vuelta, venciendo al candidato del PT (Partido de los Trabajadores) Fernando Haddad.

Entre muchas preocupaciones de los brasileños que no votaron por Bolsonaro -y también algunos que votaron-, está el mantenimiento del crecimiento económico del país, aún víctima de las crisis políticas causadas por los últimos gobiernos y la corrupción, que creció a niveles galopantes entre empresas públicas y privadas, dejando un agujero sin proporciones antes vistas.

De acuerdo con la opinión del economista Ricardo Amorim, en columna para el periódico Gazeta do Povo de Sao Paulo la semana pasada, el nuevo Presidente se va a encontrar con un país en crecimiento y con generación de empleos, pero va a tener que meter los pies al barro para resolver el gran problema que mantiene ese crecimiento a niveles mínimos: las cuentas públicas.

Amorim plantea que las reformas serán necesarias, especialmente la de la previsión, acabando con privilegios y beneficios heredados de un pasado que ya no es sostenible. Reformar las leyes tributarias también es un punto urgente, después de todo, la generación de empleos sólo se mantiene con la reducción del costo de la producción, lo que necesita incentivos fiscales para suceder.

Las acciones propuestas por Bolsonaro concuerdan con lo que dicen, no sólo Ricardo Amorim, sino también otros expertos en economía nacional e internacional. En el plan de gobierno de Jair Bolsonaro, en lo que se refiere a la economía, una de las principales propuestas es la privatización o extinción de estatales. Según el presidente electo, la idea es reducir el pago de intereses, que costaron 400,8 mil millones de reales en 2017, con la venta de activos públicos.

Con relación a la reforma de la previsión, defiende la implantación de un modelo privado de capitalización del sector en el país, modelo que puede tener como base el de Chile.

Como propuesta para el sistema tributario del país, el programa habla en unificar impuestos y simplificar el sistema de recaudación de tributos. Una de las promesas es reducir gradualmente los impuestos, por medio de la eliminación y unificación de tributos, “paralelamente al espacio creado por control de gastos y programas de desburocratización y privatización”.

El asesor económico de Bolsonaro, Paulo Guedes, que debe asumir como ministro de Economía, dijo en conversación con inversionistas que la intención es crear una alícuota única del 20% en el Impuesto a la Renta, que pasaría a incidir sobre quien gana por encima de cinco salarios mínimos.

Con relación a política exterior, el nuevo presidente defiende que el Ministerio de Relaciones Exteriores necesita estar al servicio de valores que siempre se asociaron al pueblo brasileño. El otro frente, dice el programa, será fomentar el comercio exterior con países que puedan agregar valor económico y tecnológico a Brasil, como Estados Unidos.

En el ámbito regional, el plan de Bolsonaro prevé profundizar la integración “con todos los hermanos latinoamericanos que estén libres de dictadura” y países “sin sesgo ideológico”. Sobre el Mercosur, afirmó que no se puede “jugar para el alto” el acuerdo. “Lo que no se puede es continuar usando acuerdos como ese en función de intereses ideológicos como el PT ha hecho”, criticó.

Ya está decidido que la primera visita al exterior del nuevo presidente electo será a Chile, país que tiene a Brasil como primer socio comercial en América Latina.

Existen algunos números interesantes. Chile es el segundo socio comercial de Brasil en América del Sur. En el año 2017, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 8.500 millones de dólares, un alza del 22%. De enero a septiembre de este año, el comercio entre los dos países sumó US $ 7,21 mil millones, expansión de más del 13% con relación al mismo período de 2017. Brasil es el principal destino de las inversiones chilenas en el exterior, por un total de 31.000 millones de dólares, de acuerdo a informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

La elección del país para ser el primero a ser visitado también fue motivada por la buena relación que mantiene ambos presidentes, siendo que el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue el primero en felicitar a Jair Bolsonaro por su victoria, invitándole a visitar cuándo asuma el cargo.

Esta condición de amistad entre los dos países viene para fortalecer los lazos en un momento muy propicio, considerando la pronta firma un Acuerdo de Libre Comercio que tratará de temas de naturaleza no arancelaria, como comercio de servicios; comercio electrónico; telecomunicaciones; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; facilitar el comercio; propiedad intelectual; y micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las primeras medidas, Brasil y Chile se comprometieron a eliminar el cobro de roaming internacional para datos y telefonía móvil entre los dos países. El acuerdo prevé, además, la incorporación de otras medidas ya firmadas recientemente, como los protocolos de compras públicas y de inversiones en instituciones financieras.

“Será la primera vez que Brasil asume, en acuerdo bilateral de comercio, compromisos en materia de comercio electrónico, buenas prácticas regulatorias, transparencia en anticorrupción, cadenas regionales y globales de valor, género, medio ambiente y asuntos laborales”, dijo el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores al reportaje del G1.

Una estabilidad económica como la chilena es lo que el elector de Jair Bolsonaro espera para Brasil en los próximos años, apostando que con políticas públicas de países como el gobernado por Sebastián Piñera, sea posible devolver al brasileño la calidad de vida que un día tuvo en sectores como educación, salud y entretención.

La relación Chile-Brasil siempre ha sido muy buena, comparada con las relaciones de ambos países con sus vecinos de frontera, lo que nos deja a todos los brasileños que viven y hacen negocios en Chile con una buena sensación de que en los próximos años esa relación podrá crecer y cada vez más estaremos fortaleciendo lazos sociales y económicos importantes para el desarrollo de América Latina como un todo.

 

* Raquel Frattini es abogada brasileña, titulada por la Pontificia Universidad Católica de Campinas – São Paulo en el año 2003, con título reconocido por la Corte Suprema de Chile. Desde mayo de 2014 está a cargo del Brazilian Desk del estudio Chirgwin Larreta Peñafiel, donde también es asociada internacional.

Asiste a las VII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal

Josefa Soto

Dos grandes procesalistas expondrán en las Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, que en su versión 2018 se titula “La prueba en los procedimientos chilenos”, y que será en la Casa Central de la Universidad Católica entre el 7 y el 9 de noviembre. Hablamos del italiano Michele Taruffo, de la Universidad de Bolonia y Jordi Nieva, de la Universidad de Barcelona.

La ponencia del profesor Taruffo, quien expuso el 19 del mes pasado en la II Conferencia Internacional IIDP – IAPL & XXVI Jornada Iberoamericana de Derecho Procesal, en la Universidad de Salamanca, será sobre “Prueba indiciaria”, mientras que Nieva lo hará sobre la “Valoración de la prueba pericial y prueba científica”.

La realización de seminarios y charlas de derecho procesal ha reafirmado la opinión de algunos especialistas que, sostienen, ha habido un cambio en el trato e importancia que se le otorga a esta materia. Pasó de ser estudiado desde un punto de vista sólo “procedimental”, a ir compenetrando todas las capas del ordenamiento jurídico.

Es tan así que cada uno de los paneles de la jornada se estructuró sobre la base de distintas áreas de enjuiciamiento: civil, laboral, familia, administrativo.

Una de estas nuevas áreas se aboca al proceso constitucional, que hasta hace pocos años ni siquiera tenía un tratamiento separado. Macarena Vargas, profesora de la UDP y coautora del libro “Introducción al Derecho Procesal. Nuevas aproximaciones” entrega su visión sobre el punto: “El estudio de las garantías constitucionales procesales, como la tutela judicial efectiva y el debido proceso, con todas las dimensiones que conlleva, han contribuido a mostrar la relevancia de las normas procesales en la protección de los derechos de las personas”, dijo a Idealex.press en octubre de este año.

Al igual que años anteriores, estas jornadas son organizadas por un consorcio compuesto por las universidades de Chile, Católica de Chile, de Concepción, de Talca, Católica de Valparaíso y de los Andes, junto al Instituto Chileno de Derecho Procesal.

Hay inscripciones para alumnos (con precios rebajados) y abogados o público en general. Para registrarte haz clic acá:

También puedes mirar el programa aquí

Asociación de abogadas feministas lanza red de defensoras de mujeres

Fernanda Robles, Estado Diario

“El derecho es un mundo altamente masculinizado en el que las mujeres son objeto de discriminación de diversa indole que se producen tanto en el ámbito académico como legislativo en las posibilidades de acceso al mundo laboral tanto en el sector público como privado”, señaló la Directora Ejecutiva de la asociación de abogadas feministas (Abofem), Bárbara Sepúlveda.

Con el fin de prestar asesorías a casos que requieran una protección jurídica ante la violación de los derechos de las mujeres, hace pocos días, la Asociación de abogadas feministas –que trabaja procesos y sumarios con enfoque de género– firmó un convenio que oficializa la colaboración con Corporación Humanas, y crea la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres.

abogadas feministas

La Red de Abogadas Defensoras de Mujeres se gesta a partir de la necesidad de una protección jurídica y reparación a la violación de los derechos de las mujeres que incorpora un enfoque de derechos humanos y de género en las estrategias judiciales.

Por su parte, la asociación de abogadas feministas, es una agrupación que se conformó hace cuatro meses, tiene alcance nacional y actualmente está formada por más de 500 abogadas –egresadas y tituladas– que han trabajado de manera voluntaria y gratuita, en más de 100 asesorías legislativas sobre políticas públicas e investigación académica.

Sobre la asociación

Ante la articulación de estas dos organizaciones la Directora Ejecutiva de Abofem, Bárbara Sepúlveda señaló “queremos ser herederas de la lucha de todas las abogadas feministas que nos han precedido, porque sentimos que es nuestra responsabilidad materializar cambios en la sociedad en que vivimos. La creación de esta red es una articulación conformada por mujeres convencidas de que el fin de la discriminación y opresión de género es posible”.

red de abogadas defensoras de mujeres

Sepúlveda también destacó la importancia de este tipo de alianzas y comentó: “Chile tiene una deuda histórica con las mujeres en materia de derechos, igualdades, oportunidades y no discriminación. Estamos convencidas de que un enfoque feminista del derecho, especialmente en la formación inicial de abogados y abogadas es necesario para disputar la visión patriarcal y androcéntrica actual”.

Por su parte, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas comentó que en sociedades patriarcales son numerosas las expresiones de violencia y discriminación que afectan a las mujeres: “Frente a la vulneración de derechos, el sistema jurídico y judicial resulta en gran medida insuficiente para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres”.

Maturana, agregó que el convenio permitirá la derivación de mujeres que requieran asesoría y representación jurídica y la definición de estrategias de litigio con enfoque de género. La abogada también hizo un llamado a sus colegias a participar en la representación y defensa de mujeres y con ello al desafío de la capacitación y formación permanente que eso requiere.

Finalmente, Bárbara Sepúlveda puntualizó: “Queremos decirles a los operadores del derecho que las abogadas feministas nos hemos organizado, que somos parte del movimiento social y llegamos para quedarnos”.

 

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