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Nace red de investigadores en Derecho Procesal

Álvaro Vergara

“Hace más de un año había un profesor de la Universidad de Valparaíso, Enrique Letelier, que estaba con la idea de formar una agrupación de investigadores de Derecho Procesal”, cuenta Óscar Silva, presidente de la nueva red. Dice que la idea fue mutando hasta que en mayo del año pasado, en la Universidad Diego Portales (UDP), tuvo lugar la primera reunión para formar esta organización. Se discutieron los objetivos, el nombre, la presencia y el grado como “Red chilena de investigadores de Derecho Procesal”.

Silva explica que es una agrupación formada por académicos de distintas facultades de Derecho del país. Tienen una serie de requisitos básicos que, dice, son la base de cualquier ingreso a una institución.

Además, se concibe como un grupo inclusivo, donde puede participar todos quienes investiguen o deseen investigar temas de derecho procesal, sean o no profesores. “Es un grupo abierto donde todos pueden participar con sus diferentes talentos”, asegura su presidente. También tiene una serie de disciplinas afines, como criminología, medicina forense, filología y peritaje.

La directiva, ya ratificada, está compuesta por: Óscar Silva (UCV), presidente, Ramón García (UDEC), vicepresidente, Sofía Romero (UAI), secretaria y Claudio Fuentes (UDP), tesorero.

El grupo continúa sus reuniones organizativas, viendo principalmente la definición de sus estatutos, nuevos socios y la organización de foros a mediados de año que se harían en la Universidad Adolfo Ibáñez, (UAI), y en la Universidad de Valparaíso (UV).

Los nuevos desafíos de la Comisión de Abogadas

Loreto Bresky
Loreto BreskyLoreto Bresky

El 2018 arrancó con fuerza el movimiento #Metoo y las denuncias por agresiones y acusaciones de acoso sexual, propagándose en distintos espacios. En Chile, estudiantes de varias universidades se movilizaron contra el acoso y abuso sexual, con tomas, paros y marchas a nivel nacional, pasando a ser éste un tema que se tomó la agenda.

En ese contexto, las tres Consejeras del Colegio de Abogados de Chile, formaron la “Comisión de Abogadas”, invitando a participar en ella a abogadas de distintos ámbitos. En nuestra primera reunión, nos propusimos levantar información, de modo de tener los datos sobre el porcentaje de participación de abogadas en posiciones de toma de decisiones y de liderazgo en diferentes espacios.

Así, en el ámbito de los estudios jurídicos la investigación se realizó revisando la integración de las 107 firmas rankeadas por Chambers & Partners en Chile y constatamos que un 42% está compuesto por asociadas, pero sólo un 9,8% ha alcanzado la posición de socia. No se analizó cargos o títulos como Directora o Consejera.

En el año 2011 Adimark GfK realizó un estudio similar, y el porcentaje de socias que arrojó fue de 7,6%. Es decir, en 7 años el progreso ha sido muy bajo. La misma línea se observa en la participación de mujeres en Directorios de empresas chilenas, sociedades anónimas abiertas y empresas públicas: en un universo de 495 empresas consultadas, el número de directoras mujeres es de un 9,4%. Si miramos a la Cámara de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM) hay un 93% de árbitros hombres y solo un 7% de mujeres. La historia se repite en cada espacio en el cual levantamos datos.

Los resultados no fueron sorpresa para la Comisión. Cada una de nosotras, en el ejercicio de la profesión, constata la falta de representación de abogadas en los órganos e instancias donde se toman las decisiones.

Por ello, nos propusimos organizar el Primer Seminario de liderazgo de abogadas. Toda la Comisión se abocó a ello y así, el 13 de noviembre del año pasado, en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, se realizó el encuentro bajo el título “Liderazgo de Abogadas en Chile: Diagnóstico y Desafíos”, el cual fue todo un éxito. Contó con una masiva participación de abogadas y abogados, que repletaron el salón en el cual se presentaron los informes sobre la participación de las abogadas, y posteriormente se generó un interesante debate donde panelistas del sector público, judicial, privado y academia se centraron en los desafíos, en los cambios que debemos impulsar.

Debíamos entonces partir por casa, impulsando cambios en el Colegio de Abogados, ya que el panorama era igualmente malo. Así, de 12.625 abogados colegiados actualmente, sólo 4.219 son mujeres, representando aproximadamente un 33% del total de abogados inscritos.

En el Consejo General, de 19 Consejeros, sólo 3 son mujeres, lo que equivale a un 15% de representación de abogadas en el órgano directivo.

Es por ello que en la Comisión trabajamos en un proyecto de modificación de los estatutos del Colegio con el fin de incorporar cuotas de género en las listas para ser electo Consejero/a y en los escaños electos. En paralelo, se realizó un trabajo de “sensibilización”, de modo de contar con apoyo tanto al interior del Consejo, como de los miembros activos del Colegio.

Se levantaron más de 120 firmas a través de las cuales se solicitó se citara a Asamblea Extraordinaria para someter a su decisión la propuesta de modificación de los estatutos gremiales, de modo de terminar la disparidad de género. La baja tasa de mujeres miembros del Colegio y la poca representatividad de las mismas en el Consejo debía cambiar.

Con una masiva concurrencia y con un robusto 93% se aprobó la modificación de los estatutos, incorporando cuotas permanentes de género en las listas de candidatos al Consejo, y cuotas en las elecciones de Consejeros de los años 2019, 2021 y 2023. Luego de 2023, las cuotas serán en razón del % de mujeres miembros del Colegio.

El trabajo que hemos realizado en la Comisión de Abogadas ha sido muy fructífero. En menos de un año, nos constituimos, levantamos información, organizamos nuestro primer Seminario y logramos reformar los estatutos del Colegio de Abogados. Espero que durante el 2019, con mayor representación de Consejeras, y un mayor número de abogadas que se integren al Colegio, los nuevos desafíos sigan un camino tan fructífero como el recorrido hasta ahora.

 

* Loreto Bresky es abogada de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión de Mujeres del Colegio de Abogados

Proceso de descarbonización de la matriz eléctrica en Chile ya está en marcha

Álvaro Vergara

Tras el cierre de las mesas de trabajo iniciadas en el marco de la Ruta Energética propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, que busca reducir las emisiones de CO2 en el país, se dio inicio al proceso de descarbonización de la matriz eléctrica nacional.

Durante el seminario sobre futuro energético organizado por la Universidad Diego Portales, donde participaron Javier Bustos, en representación del Ministerio de Energía, Paola Hartung, de parte de AES Gener y Carlos Finat, de ACERA AG, se dieron a conocer algunos de los puntos más importantes de la discusión.

Retiro o reconversión de unidades a carbón

Partiendo de la base de que la generación a carbón constituye hoy la principal fuente de generación eléctrica del país, con cerca de un 40% de la matriz, el objetivo de la mesa de trabajo fue analizar los efectos del retiro y/o reconversión de unidades a carbón sobre la seguridad y la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, la actividad económica local y los aspectos medioambientales que tengan incidencia.

A partir de los resultados obtenidos, el Ministerio de Energía acordará con las empresas generadoras un cronograma, y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de centrales a carbón, que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes. “Anunciamos que es un cronograma voluntario, pero una vez que sea firmado va a pasar a ser vinculante”, explicó Javier Bustos.

En esa misma línea, indicó que ya se ha solicitado el cierre de dos unidades a partir de este año en las comunas de Mejillones y Tocopilla. Señaló además que este proceso “tiene que darse dentro de un marco donde podamos, por ejemplo, expandir la transmisión a tiempo para las centrales que van a ser necesario construir como reemplazo o también para poder empezar a hacer adecuaciones regulatorias en caso de que sea necesario”.

panelistas descarbonización Álvaro Vergara | idealisLex

Panelistas (de izquierda a derecha): Javier Bustos, Paola Hartung y Carlos Finat.

Otros mecanismos de descarbonización

Por otro lado, Paola Hartung, comentó que también se debería incluir en la discusión es que “las empresas tengan mecanismos de reducción de emisiones y que las opciones no sean sólo el cierre o reconversión de las centrales, sino que también haya una posibilidad de compensar a través de la diversificación del portafolio, por ejemplo”. Y añadió que, “el concepto de descarbonización va más allá que el cierre puntual de un set de unidades del sistema, hay más mecanismos para descabornizar la matriz energética en Chile”.

Otra opción que planteó el Ministerio de Energía, es una es la mesa de permisos transables de emisiones. “Eso es un trabajo que se está haciendo como un mecanismo que puede generar un complemento eficiente al impuesto que ya existe y donde pueda desarrollarse un mercado de emisiones de CO2 como existe en otros países”, explicó Bustos.

Un buen negocio

Otro aspecto que comentó la representante de AES Gener, fue que el proceso de descarbonización se irá dando de forma natural de acuerdo a las reglas del mercado, ya que cada vez las tecnologías irán abaratando los costos de producir energías renovables y será más rentable para las empresas generadoras.

Carlos Finat apuntó en la misma dirección y señaló que el sector eléctrico es clave en la reducción de emisiones de CO2, ya que existe una electrificación de demandas que hoy son abastecidas por energías convencionales. “Si consideramos eso, vemos que el sector eléctrico, con las ventajas que tiene de costos, puede ir reemplazando ventajosamente el uso de combustibles fósiles”, dijo Finat.

En ese sentido, añadió que la descarbonización “puede ser un gran negocio para el sector eléctrico, ya que la demanda podría duplicarse. Por eso no lo vemos como una amenaza, sino como una gran oportunidad”.

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El Delegado de Protección de Datos no puede estar subordinado a “jefes”

Matías Aránguiz
tecnología legal chinaMatías Aránguiz

Los españoles publicaron a comienzos de diciembre una nueva regulación sobre protección de datos (Ley Orgánica 3/2018). Esta nueva ley complementa el famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) de 2016, que entró a regir completamente el 25 de mayo del 2018. Dentro de las novedades que trae, está que los organismo públicos, las entidades relacionadas con educación, las empresas financieras y bancarias, quienes trabajen con grandes bases de datos y otros más, deberán tener un Delegado de Protección de Datos (DPD).

Este nuevo integrante en el mundo de los datos es parte data compliance officer y oficina de reclamos: el cargo ya existía en la GDPR, pero habías lagunas respecto a quién era elegible y cuáles serían sus funciones.

El DPD puede trabajar en la empresa, ser asesor o un consultora externa, especialmente contratado para estos efectos.

Resulta interesante el que trabajo del DPD no está subordinado a la empresa para quien trabaja, tendrá que ser independiente y no podrá ser sancionado en caso que sus recomendaciones no les gusten a sus “jefes” — si es que algo queda del concepto—, los cuales no podrán darle instrucciones

El DPD tiene como misión vigilar las conductas que la empresa tiene sobre los datos, para ello tendrá acceso a los datos que la empresa tiene y sus procesos de tratamiento, inspeccionar y dar recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la Ley Orgánica y de la GDPR.

Respecto a los usuarios, lo que los españoles han hecho en la ley es decir “si usted tiene un problema con sus datos, primero vaya a reclamar ante el DPD de la empresa, si la respuesta no es satisfactoria puede ir a reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien reclamará ante el DPD”. Con la nueva ley se ha intentado dar autonomía a las empresas y organismo públicos para resolver directamente los problemas con los usuarios.

Cuando se reclame ante la empresa, esta deberá dar una respuesta en 2 meses, plazo que parece un poco excesivo ante la velocidad de la industria, y al reclamar ante la AEPD estos van a “remitir la reclamación al responsable del tratamiento de datos o al DPD si lo hubiera para que éste responda en el plazo de un mes”.

Al mismo tiempo, para profesionalizar la industria, se creó un mecanismos voluntario de certificación para los DPD y este deberá tener conocimientos, acreditables, de derecho y protección de datos. Asimismo, la Agencia ha creado un listado de los DPD y son casi 20.000 quienes hoy están en el registro: 15% de los registrados son del sector público y 85% del mundo privado.

La temática de los datos presenta desafíos crecientes para las empresas. Cada vez es más común ver Chief Data Officers o CDO ejerciendo su función de recolectar, innovar y diseñar estrategias para el uso de datos; ahora en Europa con los DPD y su función de proteger a los usuarios frente a la ley.

Entre las novedades que la nueva norma trae están:

– Las personas podrán saber, desde la web de cada organismo público, qué datos personales tienen, para qué se están usando y cuál es la ley que autoriza el uso.

– La explicación deberá hacerse en lenguaje sencillo. Al mismo tiempo, los ciudadanos podrán tener acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.

– Las instituciones no deberán tener el consentimiento del ciudadano para recolectar datos si es están autorizados por ley, aunque en caso de saberlo, el ciudadano podrá oponerse.

– Al mismo tiempo, en caso de los actos administrativos, estos deberán anonimazarse, con el fin de no identificar al ciudadano.

– Se implementa el famoso “derecho al olvido” donde los particulares podrán solicitar se eliminen todos sus datos de las redes sociales que este solicite.

– Se consagra el derecho a la intimidad de los empleados en el lugar de trabajo.

La pregunta es ¿cuán lejos está Latinoamérica de estas nuevas estructuras corporativas?, ¿estamos preparados?, ¿hay cursos en las universidades o profesores trabajando en esta avalancha temática?

 
* Matías Aránguiz Villagrán es abogado de la Universidad Católica de Chile, socio de Mantian Investment y como parte de su doctorado es investigador del Centro de Fintech de Shanghai Jiao Tong University, en China. Actualmente trabaja en un proyecto de implementación de big data para la Corte Suprema Popular China financiado por al Asia Development Bank.

 
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Nuevo protocolo de armas en Argentina

Álvaro Vergara

Un fuerte debate se ha generado en Argentina luego de que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicara la semana pasada la resolución 956/2018 que modifica el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, y que aplica para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El nuevo reglamento afirma que, en el caso de los policías, “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, en casos como “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” y “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.

La medida también aplica para detener a quien “represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”, y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente”. “Ahora (los agentes) podrán tirar cuando antes no lo podían hacer sino cuando el delincuente disparaba”, justificó la Ministra de Seguridad, según consigna La Tercera.

“Ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita”, se lee en el texto.

Explica además, que se exceptúa de este requisito a “aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.

En contra del protocolo

La nueva regulación fue rechazada por distintas organizaciones de Derechos Humanos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, lo consideró “nefasto” y acusó de Bullrich de “legalizar la muerte”, según señala El País.

Asimismo, la Correpi, ONG que trabaja contra los excesos policiales, dijo que el nuevo reglamento “es un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”. Amnistía Internacional Argentina también se sumó a las críticas y llamó al gobierno de Macri a revisar la polémica resolución, ya que representaría una violación a los principios internacionales de derechos humanos.

El protocolo no sólo ha sido rechazado por organismos humanitarios y dirigentes opositores, sino que también ha dividido a la coalición del gobierno del Presidente Macri. Desde el oficialismo, la diputada Elisa Carrió no ocultó sus críticas: “A mí me parece que esta reglamentación firmada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, dijo.

La ciudadanía está de acuerdo

Según un sondeo de la consultora Management & Fit (M&F), la mayoría de los argentinos está de acuerdo con el nuevo protocolo de armas. Los datos muestran que el 59,2% de los encuestados coincide con la medida, frente al 39,6% que la rechaza. En esa dirección, el 46,2% de los consultados considera que esta medida mejorará la situación de seguridad actual, frente al 33,5% que cree que empeorará.

 
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Lucas Alley, traductor e intérprete: “Es muy rentable ser experto en una materia específica”.

Álvaro Vergara

Lucas Alley vive hace 15 años en Chile. De nacionalidad estadounidense y de profesión abogado, el intérprete y traductor legal de 53 años cuenta que aprendió a hablar español en la escuela y que, luego de casarse con una chilena, decidió tomar un par de cursos de “Spanish” para entenderse bien con su esposa.

Una vez que egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en 1994, trabajó 10 años como abogado litigante en Washington. Durante ese período, hizo unas cuantas traducciones que le ayudaron a pensar en el negocio de traducción e interpretación que comenzaría más tarde en Chile.

– ¿Cuál es la diferencia entre una traducción y una interpretación?

La traducción es lo escrito, y se puede desarrollar en cualquier momento, mientras que la interpretación es literal de lo que alguien está diciendo en el momento. Es verbal y debe hacerse simultáneamente con el que habla. Es “en vivo”.

– ¿Qué te gusta más, interpretar o traducir?

Interpretar, porque implica hablar, socializar y conocer a la gente. Aunque también me gusta mucho la traducción, que se hace en un ambiente más tranquilo, usualmente de noche. Hago una especie de rompecabezas de palabras.

– ¿A qué te refieres?

Eso es una traducción, un rompecabezas. Identifico primero los términos más complicados y luego elijo lo que yo veo dentro de una glosa, qué significa la palabra y qué conceptos son más importantes y adecuados al contrato, por ejemplo.

– ¿En qué áreas puede trabajar un traductor o un intérprete?

Necesitamos especializarnos. Un buen traductor sabe dónde encontrar un campo en el que tome el dominio de esa área, y la mía es más bien jurídico-legal, tanto en interpretación como en traducción. Veo todo lo que tiene que ver con contratos, transacciones de dinero y negociaciones que están tratando de cerrar conflictos que ya están a punto de irse a litigio. Me encanta, porque en algún momento fui abogado litigante, con jurado y todo.

– Y si se trata de otras áreas que no manejas lo suficiente, ¿cómo te las arreglas?

Si alguien necesita una combinación de idiomas en los que no soy experto, busco a algún profesional que los maneje. Tengo un portafolio de personas que me pueden hacer la traducción en áreas como minería, marítimo y forestal.

– Cuando te ha tocado estar presente para interpretar, por ejemplo en alguna charla, ¿qué técnicas usas para recordar lo que van diciendo y reproducirlo con exactitud?

Cuando hay suficiente información, pido a la persona que está hablando que se detenga por un ratito y voy explicando a los demás lo que está diciendo. Me tomo mi tiempo para hacer saber a la gente lo que quiere decir quien está exponiendo. Pero hay que tener súper buena memoria de corto plazo.

– En general, ¿cuánto te demoras en traducir un documento?

Depende de la extensión del documento. Podría decir que más o menos tardo, en promedio, 30 minutos por página. Depende de la extensión del documento, obviamente. Multiplica 30 minutos por 30 páginas y da una buena cantidad de horas. Y si el cliente necesita la traducción urgente, subcontrato a otros traductores para delegar trabajo y poder alcanzar a tener el documento listo a tiempo. Pero no me gusta tanto trabajar así, me cansa. Prefiero hacer las cosas con calma y asegurarme de que queden bien.

– Trabajas de forma independiente. ¿Es común que los traductores/intérpretes trabajen así?

Sí, la mayoría lo hace freelance. Hay un estilo de traductor que se dedica a trabajar en oficina, de planta, pero nunca me ha gustado. Es muy rentable ser experto en una materia específica. Se puede llegar a ganar entre 4 y 6 millones de pesos al mes aquí en Chile, y en EE.UU., tres veces eso.

 
*Lucas Alley es abogado, traductor e intérprete legal especializado en contratos y transacciones. A través de su empresa Chileglobal SpA ofrece servicios de traducción e interpretación en el área jurídica, comercial, ingenieril y médica.

 
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Informe Anual de Derechos Humanos: Chile está al debe

Álvaro Vergara

Derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas LGTBI, de los niños, niñas y adolescentes, de los inmigrantes y refugiados, libertad de expresión y de información, brechas de género y educación, y derechos de las personas con discapacidad mental. Estos son algunos de los temas que trata el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de este año elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

A través de las temáticas incluidas en esta edición, el informe busca dar cuenta de la variedad de asuntos que hoy comprenden las obligaciones que el Estado de Chile ha contraído frente a la comunidad internacional y frente a los ciudadanos en materia de DD.HH. “Cuando uno lo analiza (el informe) puede observar allí un trabajo pausado, serio, prolijo, que da cuenta de el estado en que se encuentra el respeto y la promoción de los DD.HH. en nuestro país”, manifestó Marcelo Montero, Decano de la Facultad de Derecho de la UDP.

Contexto preocupante

Tomás Vial, editor del informe e investigador del Centro de DD.HH. de la UDP, explicó que el libro “se emite dentro de un contexto internacional y nacional que consideramos preocupante. En particular en el contexto internacional, en América latina al menos, hay situaciones ocurridas en el último año que nos parecen graves y nos recuerdan tiempos que creíamos superados: la negación del valor de los derechos, la negación del derecho a la igualdad, la represión de protestas sociales masivas con decenas o centenares de muertos, en algunos países el ascenso al gobierno de discursos y políticas abiertamente negatorias”.

Por otro lado, señaló que también hay que considerar el contexto nacional de cambio de gobierno. “Genera tensiones en el sentido de establecer cuánto estamos dispuestos a continuar con los compromisos asumidos internacionalmente por los gobiernos anteriores. El argumento de que un cambio de política implica un cambio de compromiso no es algo consistente con un respeto permanente de los derechos como política del Estado, que es como debieran ser entendidos y no como políticas de un gobierno determinado”, dijo Vial.

Avances, retrocesos y deudas

En el texto se destaca la existencia de avances, retrocesos y (el listado más largo) deudas. Entre los avances se menciona la celebración de elecciones democráticas, la movilización feminista, mayor representación femenina en el Congreso, aprobación de ley de aborto en tres causales, y aprobación de ley de identidad de género. Si bien, hay algunas temáticas en las que el avance es parcial, como en el caso de la ley de aborto por las dificultades que ha generado la objeción de conciencia para su correcta implementación, todas ellas pueden ser consideradas como mejoras en cuanto a garantizar el respeto por los DD.HH.

Como elementos negativos encontramos a los retrocesos. La situación de violencia en la Araucanía, los discursos negacionistas respectos de las violaciones del pasado, el debilitamiento de la acción del gobierno en materia de justicia y verdad, y la conducta de los tribunales respecto de las sentencias en materia de protección de DD.HH. “Son situaciones que reflejan que hay algunos ámbitos donde estamos peor hoy que hace un año”, dice el editor del Informe.

Otro aspecto negativo se enumera en un listado de situaciones de infracción a los DD.HH. permanente, denominadas “deudas”. “Las deudas son aquello que no hemos cumplido como Estado y el listado ahí es mucho más grande”, explica Vial. A modo de ejemplo, se menciona que entre 1995 y 2018 se han dictado 367 sentencias definitivas en materia de violaciones por el pasado, que incluyen a 713 víctimas (detenidos desaparecidos y ejecutados). Eso, respecto al universo de víctimas implica que sólo el 22% de ellas ha sido objeto de una sentencia. Y en materia de tortura y prisión política, sólo el 0,6% de las víctimas ha tenido una sentencia.

Las deudas continúan

Otro ámbito en el que el Estado de Chile se encuentra al debe es con los pueblos indígenas en materia de reconocimiento de su existencia, de su existencia previa al estado, de sus derechos al territorio, a la tierra, a los recursos naturales y a la autodeterminación. “Sin ese reconocimiento, sin esa apertura a un diálogo que vaya destinado a su reconocimiento y a la implementación efectiva del respeto a estos derechos no es posible la paz en Chile ni menos en la Araucanía”, sentenció Vial.

Los derechos de la mujer son otra deuda. En el informe se hace un análisis, a modo de ejemplo, de 235 causas de delitos de lesiones hacia mujeres en el contexto de relación de pareja. Los resultados muestran que un 84% de las causas no prosperan porque los imputados no son notificados. Mónica Rincón, periodista de CNN invitada a comentar el informe, afirmó que le ha tocado conversar con diputadas “que me contaban que sus compañeros se reían de ellas en sus caras cuando hablaban de tipificar el acoso sexual”.

El tema migratorio también es uno de los ejes en deuda este año. José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita de Migrantes también comentó el análisis hecho en el informe: “Sin duda “ordenar la casa” ha sido una especie de mantra que se ha repetido en la temática migratoria este año. “Ordenar” quiere decir que hay un desorden, pero puede ser orientado a garantizar derechos, o puede ser orientado a seleccionar o restringir ciertos flujos. ¿Qué es lo que prima en ordenar la casa?”, se pregunta Vicuña. “Creo que estamos en deuda en cuanto al respeto de los derechos y no sé si estamos “ordenando” para garantizarlos”, concluyó.

 
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Apps para simplificar los procesos legales

Álvaro Vergara

Durante el auge de las punto com de finales de la década de 1990, una gran cantidad de abogados en Estados Unidos se vio obligada a trabajar hasta tarde, noche tras noche, en proyectos de due dilligence engorrosos y basados ​​en papel. Ese fue el punto de partida para Elevate Enterprise, una empresa norteamericana dedicada a optimizar el trabajo de los abogados a través de la digitalización de cada uno de sus procesos.

“Imaginamos una mejor manera, así que, a pesar de que nos dijeron, ‘debes estar loco, nunca funcionará’, dejamos nuestras carreras corporativas, aumentamos el capital de riesgo de Silicon Valley y comenzamos una empresa para crear una experiencia en línea automatizada, liberando a los abogados para que se pudieran dedicar a un trabajo más satisfactorio y de mayor valor, que es la razón de por qué fueron a la escuela de Derecho”, comentó en su sitio web Liam Brown, fundador y presidente ejecutivo de Elevate.

Cael Project

Elevate ha desarrollado un nuevo programa, llamado Cael Project, que ofrece una gestión legal de proyectos simplificada. Mediante una serie de servicios que resulta interesante revisar, ofrecen herramientas que califican de “potentes pero fáciles de usar”, para que las firmas de abogados y los departamentos legales corporativos trabajen “de manera más inteligente”.

cael projectCael Project

Una de las virtudes de la aplicación, que está en la nube, es mejorar la colaboración y la comunicación entre los departamentos legales corporativos y los estudios de abogados. Cael Project —anteriormente Cael LPM— ofrece optimizar la gestión de proyectos legales para abogados, con un enfoque práctico y una interfaz fácil de usar que no sólo funciona en celulares (sólo iPhones), sino también en computadores de escritorio, laptops y tablets.

Cael Project está compuesto por diversos módulos, como Smart Contracts, workflows, M&A sala virtual de reuniones o un panel de analytics, Además, tiene:
– Legal project management simplificado
– BillPrep: proceso de facturación
– Vision: percepciones para gerencoas legales y firmas
– Verify: simplificando el engorroso proceso de verificación
– Select: para dar soporte basados en ser un aporte al cliente

Según Brown, lo que distingue a Elevate de otras empresas dedicadas al rubro, es la forma en que hacen su trabajo. El secreto estaría en realmente escuchar a los clientes para comprender lo que quieren lograr antes de proponerles una solución, luego de lo cual viene una etapa de acompañamiento.

De acuerdo a su sitio web, Elevate es la empresa de servicios legales más utilizada, según la encuesta 2017 sobre el estado de la industria, publicada por el Corporate Legal Operations Consortium (CLOC).

Lex Predict

Elevate anunció hoy la adquisición de la empresa de inteligencia artificial y firma consultora LexPredict. La operación tiene por objeto combinar la oferta de servicios legales con el equipo de data science y el motor AI de LexPredict, para crear soluciones más sofisticadas: “We #MakeLawBetter”.

LexPredict desarrolla software y data products, incluyendo sistemas de analítica de contratos, como ContraxSuite y LexNLP, case assessment y underwriting tools como LexSemble, herramientas de revisión de proyectos de ley como ContraxSuite, y productos enfocados en regulatorio.

 
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Poder Judicial chileno: ¿cómo lograr la confianza de la ciudadanía?

Álvaro Vergara

Ya en el año 2014 la encuesta CEP reflejaba que la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial tenía problemas: un 75% de los encuestados rechazaba la labor de los jueces. A pesar de poseer uno de los sistemas judiciales más valorados y admirados a nivel internacional, el grado de confianza de los chilenos hacia el este poder del Estado se encuentra entre los más bajos del continente.

Brecha desconcertante y preocupante

“En Chile, los puntajes de independencia judicial y otros indicadores que evalúan el funcionamiento del sistema jurídico se encuentran entre los más altos de América Latina. Sin embargo, la confianza pública en el sistema de justicia se ha desplomado y se ha estancado a niveles muy bajos”, explica Lisa Hilbink, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Minnesota y experta en reformas judiciales en América Latina. Efectivamente, en las clasificaciones del World Justice Project de 2015, 2016 y 2017, Uruguay, Costa Rica y Chile ocuparon los tres primeros lugares, respectivamente, en la región de América Latina y el Caribe.

Esta brecha entre el desempeño institucional del Poder Judicial, por un lado, y la confianza de la ciudadanía en el sistema, por el otro, “es tanto desconcertante como preocupante”, manifiesta Hilbink. Si bien, Chile es uno de los países que se encuentra a la vanguardia en cuanto a reformas judiciales exitosas en la región, éstas han sido, en palabras de la norteamericana, “de naturaleza altamente técnica, destinadas a actualizar los códigos de procedimientos, mejorar las estructuras existentes y mejorar la eficiencia”, por lo que han sido totalmente ajenas a quienes no forman parte del sistema judicial.

Señal de alerta

Juan Enrique Vargas, autor del informe sobre la situación chilena para el libro “Gobierno judicial: Independencia y fortalecimiento del Poder Judicial en América Latina”, lo explica así: “En general, la mala apreciación de la justicia se da cuando en los países hay poca independencia del sistema judicial respecto del Ejecutivo. El caso de Chile, curiosamente, se da por falta de acceso y una justicia que no representa las expectativas de la gente”.

De acuerdo a la literatura sobre el tema, es más probable que los ciudadanos que confían en el sistema judicial cooperen y acudan a las autoridades para solucionar disputas legales, legitimando así al Poder Judicial. Y por el contrario, quienes desconfían del sistema son más propensos a aceptar o participar de actos ilegales, debido a que no validan al Poder Judicial. Por eso, los expertos coinciden en que esta brecha debe servir de alerta.

Críticas desde adentro

Vargas abre una arista no menor. Según el profesor de la Universidad Diego Portales, “son los mismos operadores del sistema los que tienen una visión más critica de la institución; son los mismos abogados litigantes, jueces y fiscales los que más la critican”. Y sostiene que ello se debe a diversos factores, pero que hay uno en particular que llama la atención: “Es una institución muy jerárquica, muy vertical, y en los últimos años ha llegado una camada de abogados muy preparados, quizás más que sus jefes, por lo que cuestionan, muchas veces, tener que seguir directrices de personas que, según ellos, no manejan correctamente el tema en cuestión. Ahí se genera un quiebre”.

Volver al sentido democrático de la justicia

La profesora estadounidense sostiene que además hay factores extrainstitucionales que influyen en la desconfianza pública hacia el sistema judicial: los problemas estructurales de desigualdad y exclusión social. Ligado directamente a la falta de acceso, la desigualdad afecta la confianza en el sistema. Según Eric Uslaner, profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland, “la desigualdad hace que las personas crean que los líderes escuchan mucho más a los ricos que al resto de la sociedad”.

Siguiendo ese argumento, Hilbink plantea que para recuperar la confianza del público, el sistema debe incorporar y servir “los principios fundamentales de la democracia: desde la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía”. “Aunque según varias mediciones, las reformas han tenido bastante éxito en Chile, la poca confianza que tiene el público en su sistema de justicia indica que se necesita un nuevo tipo de reformas orientadas a acercar la justicia a la ciudadanía”, concluye la experta.

 
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