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Extradición: el caso de Chile y la alternativa de la UE

Alvaro Vergara, Josefa Soto

El 23 de enero la Corte de Apelaciones de París rechazó la solicitud hecha por el Estado chileno de extraditar a Ricardo Palma Salamanca, ex frentista autor del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y del secuestro del entonces hijo del dueño del diario El Mercurio, Cristián Edwards.

Salamanca permanecía detenido en Francia desde febrero del año pasado, cuando el gobierno chileno emitió una orden de captura internacional en su contra. Sin embargo, tras rechazar la solicitud de extradición, el país europeo le otorgó asilo político al ex frentista, por lo que permanecerá en París sin que Chile tenga posibilidad de apelar contra esta decisión.

Esta es la segunda solicitud de extradición que Chile realiza a Francia, ambas rechazadas. Actualmente ninguno de estos países mantienen algún tratado sobre la materia.

La intención de reformar el sistema chileno

El 3 de febrero (hace dos días), el diario La Tercera dio a conocer que el gobierno se encuentra preparando modificaciones al sistema de extradición, que data del año 1999 en Chile. Según consigna dicho medio, el ejecutivo pretendería presentar un proyecto de ley durante el primer semestre de este año.

La reforma efectuaría cambios, en los casos de extradición activa, en las competencias del juez de garantía y de la Corte de Apelaciones para tramitar las solicitudes; distinguiría entre solicitud de juzgamiento y las de sentencia; y establecería un mecanismo de modificación de sentencia cuando la pena del sujeto en cuestión es mayor en Chile en comparación con la máxima del país requerido, entre otras.


En los casos de extradición pasiva, se piensa también mejorar la distinción entre las solicitudes de juzgamiento o cumplimiento de sentencia; especificar la procedencia de la solicitud del país requirente sobre una detención previa y fijar un plazo máximo de traslado de 60 días, una vez concedida la extradición.


Cabe destacar que según informó La Tercera “en el gobierno precisan que los cambios no afectarían los tratados bilaterales vigentes, y que solo se busca introducirlos en el Código Procesal Penal”.

¿Qué pasa cuando no hay tratados de extradición?

Actualmente el país del cono Sur, tiene tratados bilaterales en esta materia con 18 naciones, lo que equivaldría a un 5% de la comunidad internacional, aseguró el profesor en Derecho Internacional de la U. de Chile y ex fiscal Eduardo Picand a El Mercurio.

Para los casos en que los países en cuestión no cuentan con tratados de extradición, las solicitudes pueden ingresarse de igual forma. “Para la Corte Suprema no es relevante si existe o no tratado con el país al que se le va a requerir una persona, porque si no lo hay, se tramita de acuerdo con los principios del derecho internacional”, explicó Picand a El Mercurio.

Orden de Detención Europea

La extradición no es la única alternativa para detener a una persona que reside en otro país. Por ejemplo, los países pertenecientes a la Unión Europea, cuentan desde 2004 con la Orden de Detención Europea o euroorden, un procedimiento que facilita las detenciones y agiliza el proceso de cooperación judicial.

Esta solicitud de detención, además de acortar los plazos y simplificar los procesos judiciales, pone fin al principio de doble incriminación: no permite que los países de la UE puedan negarse a entregar a sus propios ciudadanos a otro país de la UE, si la persona ha cometido un delito grave o se sospecha que lo ha cometido.

Cabe recordar que, adicional y anterior a la euroorden, existe el convenio europeo de extradición (1957), vigente entre los países del Consejo Europeo y que permite la suscripción de países de otros continentes. Actualmente adhieren a él 51 Estados.

A propósito de la negación de Francia de extraditar a Palma Salamanca, podría pensarse que sería una buena posibilidad para Chile adherir a este convenio.

Según La Tercera, “desde hace meses nuestro país ha estado en una fase de análisis para determinar si adherir al convenio(…). El tema, en todo caso, es una propuesta nueva de Justicia, que no figura en el programa de Gobierno. Además, en el Ejecutivo recalcan que tampoco fue parte de las propuestas que entregó a La Moneda la comisión asesora para la reforma procesal penal”, se puede leer en un artículo publicado el 3 de febrero de 2019.

 
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Cuestionamientos a la legitimidad del Indecopi en Perú

Álvaro Vergara

Durante la semana pasada, a raíz de la recusación del juez Richard Concepción del proceso seguido contra la cúpula de Fuerza Popular —partido político de Keiko Fujimori—, algunos especialistas han puesto en tela de juicio la legitimidad de las decisiones de algunos entes fiscalizadores en Perú. La Segunda Sala Nacional de Apelaciones resolvió apartar al magistrado del caso por considerar que las declaraciones que hizo en una entrevista con RPP ponían en duda su imparcialidad.

La legitimidad en las decisiones de las instituciones peruanas ha estado en discusión también por otra noticia ocurrida hace algunos días, que centra la atención en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La Comisión de Libre Competencia del Indecopi (CLC) multó a 63 empresas por haberse coludido para aumentar los precios del Gas Natural Vehicular (GNV), en Lima y Callao.

En una columna escrita en el diario El Comercio, Enzo Defilippi, economista experto en políticas públicas, libre competencia y regulación, dijo que si bien los argumentos de la comisión le parecen razonables, es la forma en que se toman las decisiones al interior de este organismo lo que le genera dudas.

Juez y fiscal al mismo tiempo

Pierino Stucchi, abogado especialista en derecho de la competencia explica que el problema radica en que la Secretaría Técnica, un grupo de profesionales cuya función consiste en apoyar el trabajo de la CLC, juega dos roles: por un lado, tal como un fiscal, investiga y acusa actos contra la competencia. Y por el otro, cual asistente de un juez, evalúa su propia acusación, los alegatos de defensa de los acusados y, además, prepara el proyecto de resolución final de la CLC.

“Actúa como juez y parte en un mismo procedimiento, lo que vulnera el orden constitucional y legal que exige imparcialidad. Así, anula totalmente la legitimidad del sistema, en el que los imputados no pueden ejercer una defensa real de sus derechos”, sentencia Stucchi.

Según Defilippi, como esta estructura institucional está prevista en la ley, es completamente legal llevar los procedimientos de esta manera. “¿Pero podemos afirmar que es legítimo? Yo, al menos, considero que no”, dijo al medio peruano. Y ejemplificó: “Es como si el fiscal José Domingo Pérez, que por la naturaleza de su trabajo tiene un sesgo acusador, haya asesorado técnicamente al juez Concepción y hasta le haya preparado el borrador de la decisión con la que dictó prisión preventiva a Keiko Fujimori”.

Sesgo acusador

En un caso como el del Gas Natural Vehicular, este doble rol, si existen pruebas contundentes, podría ser un problema menor. Pero en otros, donde no hay evidencias y la decisión se toma descartando las hipótesis alternativas, “es muy difícil defenderse, pues en vez de que la evidencia sea analizada para determinar si el acusado es culpable, esta termina analizándose para demostrar que el acusado efectivamente lo es”, escribió Defilippi en su columna.

Estructura institucional

Para Stucchi, esta estructura institucional es ilegal e inconstitucional, y enumera 4 razones:

1. Como se indica expresamente en su Exposición de Motivos, la Ley de Libre Competencia (Decreto Legislativo 1034, vigente desde el 2008) prevé normativamente la separación funcional de la Comisión y la Secretaría Técnica (artículos 14 y 15).

2. La Ley del Procedimiento Administrativo del Perú también prescribe lo mismo, pues establece en su artículo 252 que es necesario diferenciar en la estructura del procedimiento a la autoridad acusadora de la que decide sobre el fondo.

3. Como lógica consecuencia, bajo este esquema ilegal e inconstitucional, no existe contradictorio ni igualdad de armas, pues la Secretaría Técnica, órgano acusador (fiscal administrativo), tiene una posición privilegiada frente a la Comisión decisora, que no tienen los investigados, a quienes no se escucha tantas veces ni con tanto detenimiento.

4. No existe una motivación real de la decisión final por parte de la Comisión, como órgano a cargo de juzgar un caso, pues ésta sólo se limita a recibir el proyecto de la Secretaría Técnica, sin que la Comisión formule ella misma su motivación de manera independiente. Tanto el derecho de defensa como la debida motivación son garantías reconocidas constitucionalmente, que no son cumplidas por esta Comisión, que debiera tomar la decisión por sí misma y a solas.

 
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Dentons llega a Venezuela

Álvaro Vergara

Dentons, uno de los bufete de abogados más grande del mundo, anunció su llegada a Venezuela. Se instaló con el Despacho de Abogados miembros de Dentons, que anteriormente pertenecía a las oficinas de Norton Rose Fulbright en el país caribeño, como parte de una estrategia de crecimiento en la región de América Latina y el Caribe.

Con esta oficina, Dentons suma un total de 79 alrededor del mundo. Juan Carlos Pros-Rísquez, managing partner del estudio en Caracas, aseguró a LexLatin que los 13 socios, los abogados y todo el personal que trabajaba con Norton Rose ahora pasa a formar parte del nuevo despacho de abogados. “La separación se dio en términos amistosos”, señaló.

A pesar de encontrarse en medio de una crisis política y económica —razón por la cual Norton Rose abandonó el país—, en Dentons ven a Venezuela como una jurisdicción estratégica en América Latina, considerando entre otros aspectos su lugar como uno de los mayores productores de petróleo del mundo y su objetivo de diversificar su economía mediante el fomento de sectores distintos a los hidrocarburos.

“Tenemos una visión a largo plazo de América Latina, ha abierto muchas oficinas desde México hasta Chile. Venezuela era uno de los proyectos que tenía hasta que finalmente se cristalizó. Confiamos en el país y en su futuro”, dijo Pros-Rísquez.

En cuanto a la forma en que la firma llega a instalarse en Venezuela, en Dentons hablan de una “combinación”, figura que no corresponde en su nomenclatura a las usadas tradicionalmente en este tipo de operaciones en latinoamérica. Preguntamos por una explicación del sistema de integración de esta nueva oficina pero no obtuvimos respuesta. (Ver aclaración al final del texto).

La apertura de este nuevo despacho sigue el lanzamiento de nuevas oficinas en Nicaragua y El Salvador en 2017, además de las combinaciones en el Caribe con Delany Law y Dinner Martin. Todo esto, en medio de una rápida expansión que ha tenido en América Latina mediante una alianza estratégica en Brasil con Vella Pugliese Buosi Guidoni, así como una combinación con Gallo Barrios Pickmann en Perú, y otra con Larrain Rencoret Urzua en Chile.

La nueva oficina mantendrá las áreas de práctica con las que trabajaba antes de la combinación: Energía y Recursos Naturales, Empresas, Trabajo y Empleo, Litigios y Resolución de Disputas, Banca y Finanzas, Impuestos y Derecho Público.

 

ACLARACIÓN:

Con fecha 28 de enero de 2019 se recibió explicación respecto de en qué consistiría la figura de la “combinación”.

Desde Dentons dijeron que: “No es una fusión ni tampoco una asociación o alianza. La primera supone tener una persona jurídica supranacional, o una filial que cuelgue de una matriz, la segunda (alianza) no hay ánimo de sociedad o “animus societatis” en jerga jurídica. La combinación supone que somos todos socios, con los mismos derechos y obligaciones, en un tipo de persona jurídica suiza, que se denomina “Verein”, manteniendo no obstante cada uno la individualidad en cada región. De esta forma somos todos socios, pero sin un headquarters único. Al contrario Dentons se caracteriza por tener una estructura policéntrica. A esto le llamamos combinación”.

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¿Cuánto ganan y cómo trabajan los abogados del sector público en Chile?

Álvaro Vergara

Estudios jurídicos, empresas, ministerios, instituciones públicas y fundaciones, son algunas de las alternativas por las que puede optar un abogado a la hora de elegir dónde trabajar. El campo laboral no se limita al ámbito estrictamente judicial —como juez o como litigante—, sino que cada vez surgen nuevas necesidades para distintos tipos de organizaciones que requieren una respuesta proveniente de un área jurídica especializada. Por ello, en Idealex.press hemos trabajado durante varios meses para analizar la realidad del mercado legal chileno.

Mediante la elaboración de un estudio que contempla a aquellos abogados que ocupan cargos directivos en el sector público; la situación laboral de quienes recientemente se han graduado en Ciencias Jurídicas con las mejores calificaciones en las mejores universidades de Chile; y aquellos abogados jóvenes que están en su primer trabajo, buscamos establecer ciertos patrones de sueldos, edad, género, campos laborales, tipos de contrato, entre otras variables investigadas.

Sueldos en el sector público

A continuación, te adelantamos algunos de los primeros resultados obtenidos del estudio, que tienen que ver con el promedio de ingresos que perciben los abogados que ocupan cargos directivos en instituciones públicas, según el tipo de contrato que mantienen con su respectivo lugar de trabajo.

Para estudiar esta variable, se consideraron tres tipos de contratos: de planta, a contrata y a través del Código del Trabajo. Los funcionarios de planta corresponderían al “conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución”, mientras que los de contrata serían aquellos que desempeñan empleos de carácter transitorio que no están incluidos en la planta. El Código del Trabajo, en teoría, se aplica “en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos”. Sin embargo, la utilización del Código del Trabajo sería más bien excepcional y sólo existe cuando una ley expresamente lo autoriza.

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos obtenidos a través del portal Gobierno Transparente, revisados hasta el 31 de dic. 2018

Los resultados muestran que quienes se encuentran contratados por planta perciben, en promedio, un sueldo que bordea los US$9.000, siendo los que más ganan en comparación con las otras dos categorías. En segundo lugar están aquellos que se encuentran trabajando a través del Código del Trabajo, quienes reciben una remuneración mensual que en promedio supera los US$6.000. Y por último, quienes trabajan a contrata se encuentran en tercer lugar con un sueldo medio levemente superior a US$5.400 mensuales.

Distribución de abogados según tipo de contrato

Siguiendo la clasificación anterior —según tipo de contrato—, también quisimos estudiar la distribución de estos abogados en el sector público. Los resultados muestran que la gran mayoría de ellos (un 85%) se encuentran contratados por planta —donde se perciben mayores sueldos—. Le siguen quienes trabajan a contrata con un 13% y aquellos que se rigen por el Código del Trabajo alcanzan un 2% del total. 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos obtenidos a través del portal Gobierno Transparente, revisados hasta el 31 de dic. 2018

Abogados v/s funcionarios públicos

Si comparamos estos resultados con la distribución —por tipo de contrato— del total de los funcionarios públicos que hoy comprenden la administración del Estado, se pueden apreciar ciertos contrastes. Los datos más recientes provienen del estudio sobre Empleo Público en Chile, realizado en 2016 por el Servicio Civil, donde se muestra que, a diferencia de los abogados directivos, la dotación efectiva de trabajadores del sector público se compone en un 28% de funcionarios de planta, un 55% a contrata, un 16% a honorarios y el 1% restante está regido por Código del Trabajo.

Para Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la U. de Chile, la profesión legal en Chile —y en buena parte de los países continentales— ha tenido una larga tradición de gestión pública. “La razón que explica eso es probablemente que el derecho es esencial en la adopción efectiva de medidas públicas. De ahí el hecho que esas cifras de abogados estén asociados a funciones directivas en la administración pública”, afirma.

Total dotación efectiva del gobierno central de Chile 2016

Fuente: Estudio sobre Empleo Público en Chile (Servicio Civil, 2016).

Resulta interesante destacar que, por ejemplo, existe un porcentaje considerable de funcionarios públicos que trabaja a honorarios, mientras que ninguno de los abogados con cargos directivos en instituciones públicas mantiene esa relación contractual con su lugar de trabajo.

Asimismo, en el caso de los funcionarios públicos, más de la mitad de ellos trabaja a contrata y no por planta como sucede con la gran mayoría de los abogados que trabajan como directivos en la administración estatal. Cordero sostiene que en el caso de los contratos por planta sería prudente distinguir si son puestos de carrera o de exclusiva confianza. De acuerdo a eso, “tendería a pensar que por su distribución (anormal con el resto de las cifras del sector público), están bastante concentrados en cargos de confianza”, explica el abogado.

Evolución histórica

Si nos fijamos en la evolución que ha tenido la forma de contratar al personal de la administración estatal podremos ver que entre 2006 y 2016 se ha ido produciendo la disminución progresiva de los funcionarios de planta y el aumento de los que trabajan a contrata.

Evolución dotación efectiva del gobierno central de Chile 2006-2016

Fuente: Estudio sobre Empleo Público en Chile (Servicio Civil, 2016).

Para revisar en detalle el estudio hecho por el Servicio Civil, haz click aquí.

*Los datos presentados en este artículo son un adelanto de un estudio más completo que analiza en profundidad el mercado legal chileno, y que será publicado en marzo. ¡No te lo pierdas!

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Corporate compliance: una cultura que llegó para quedarse

Álvaro Vergara

En un mundo empresarial cada vez más competitivo y global, en que las compañías multinacionales deben adaptar su funcionamiento a las normativas vigentes de cada país donde instalan una nueva sucursal, los riesgos de incumplimiento de ley, e incluso de corrupción y cohecho, son cada vez más latentes.

Por eso, el encargado del Corporate Compliance o cumplimiento normativo ha dejado de ser un actor secundario —y muchas veces dispensable— que simplemente se ocupa de generar un conjunto de normas que debe implementar la empresa únicamente para evitar o mitigar los riesgos y/o sanciones que eventualmente podrían recibir por alguna mala práctica, para pasar a instalar una verdadera cultura ética empresarial.

Una inversión a largo plazo

Así lo cree Paula Molina, abogada chilena responsable del Spanish Desk en DS Abogados Santiago, quien da cuenta de que, pese a que todavía existen muchos escépticos que creen que elaborar un plan de compliance supone meramente un gasto, “es necesario hacer hincapié que debe de verse como una ventaja competitiva e inversión a mediano/largo plazo para el éxito, prestigio y eventual supervivencia de la empresa”.

En Chile, por ejemplo, se introdujeron recientemente nuevos delitos de corrupción entre particulares y administración desleal, así como varias modificaciones que significan endurecer algunas disposiciones tanto del Código Penal, como de la Ley N°20.393 que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aumentando, entre otras medidas, las penas de algunos delitos tipificados en la ley que son susceptibles de generar responsabilidad penal para las empresas.

Mucho camino por recorrer

Aún así, Molina afirma que Chile sigue estando poco consolidado y en sus primeras etapas en cuanto al tema del compliance. “Puede deberse, entre otros aspectos legislativos, a que la Ley N° 20.393 antes citada hace referencia solamente a algunos delitos como son el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cohecho, a diferencia de otras legislaciones, como la española, que considera al menos veinte delitos más susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas”, explica.

Si bien, en Chile aún falta camino por recorrer, el tema ha avanzado más que en otros países de la región, como es el caso peruano, por ejemplo. Mientras en el resto del mundo ya se hablaba del cumplimiento normativo hace algunos años atrás, En Perú la era del compliance llegó en 2018 con la entrada en vigencia de la ley 30424 –modificada por el D.L. 1052–, que buscaba que las personas jurídicas podrían ser sancionadas por la comisión de delitos como soborno o cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Pero, según consigna El Comercio, lejos de ver empresarios de traje y corbata tras las rejas, la norma pretendía combatir los actos de corrupción al interior de las empresas echando mano a los sistemas de prevención. Para ello, las empresas debían contar con un sistema de compliance que asegure que una compañía opere con integridad y respetando las normativas vigentes, un sistema desconocido hasta entonces pero que lentamente se ha ido expandiendo entre los peruanos.

Algunas recomendaciones

Teniendo en cuenta que el compliance es un tema reciente aún para América Latina, la abogada chilena, junto con Pilar Martín, del Departamente de Litigación y Compliance de DS OVSLAW Barcelona, elaboraron un listado de sugerencias a considerar para lograr lo que ellas denominan un buen Programa de Compliance:

1. El plan de Compliance deberá ser adoptado previamente a cualquier sanción y/o riesgo, incluyendo a su vez medidas de vigilancia y control idóneas para así poder ejecutarlo eficazmente antes de incurrir en alguna
comisión de delito.
2. Se debe efectuar un diagnóstico individualizado de cada empresa para ver qué riesgos potenciales concretos tiene la misma: matriz de riesgos.
3. Nombramiento del Compliance Officer o Encargado de Prevención de Delitos (EPD) conforme lo establece la Ley N°20.393, a quien se le deberá otorgar la independencia y recursos necesarios, así como acceso a la información a todos los niveles organizacionales.
4. Existencia de un protocolo de actuación, capacitación y difusión continua.
5. Integración del Plan en todas las áreas de la empresa y que toda persona que forme parte de la misma esté al corriente.
6. Unificación de criterios de actuación y desarrollo de sistemas de control.
7. Establecer modelos de gestión de recursos financieros.
8. Crear un canal de denuncias internas para informar de posibles riesgos e incumplimientos a la entidad o persona encargada de vigilar y hacer seguimiento al Plan, aumentando de esa forma la transparencia y confianza dentro de la empresa.
9. Sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el Plan.
10. Verificación y revisión periódica del Plan.

Para revisar en detalle las recomendaciones hechas por las abogadas, revisa el boletín aquí.

 
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Nace red de investigadores en Derecho Procesal

Álvaro Vergara

“Hace más de un año había un profesor de la Universidad de Valparaíso, Enrique Letelier, que estaba con la idea de formar una agrupación de investigadores de Derecho Procesal”, cuenta Óscar Silva, presidente de la nueva red. Dice que la idea fue mutando hasta que en mayo del año pasado, en la Universidad Diego Portales (UDP), tuvo lugar la primera reunión para formar esta organización. Se discutieron los objetivos, el nombre, la presencia y el grado como “Red chilena de investigadores de Derecho Procesal”.

Silva explica que es una agrupación formada por académicos de distintas facultades de Derecho del país. Tienen una serie de requisitos básicos que, dice, son la base de cualquier ingreso a una institución.

Además, se concibe como un grupo inclusivo, donde puede participar todos quienes investiguen o deseen investigar temas de derecho procesal, sean o no profesores. “Es un grupo abierto donde todos pueden participar con sus diferentes talentos”, asegura su presidente. También tiene una serie de disciplinas afines, como criminología, medicina forense, filología y peritaje.

La directiva, ya ratificada, está compuesta por: Óscar Silva (UCV), presidente, Ramón García (UDEC), vicepresidente, Sofía Romero (UAI), secretaria y Claudio Fuentes (UDP), tesorero.

El grupo continúa sus reuniones organizativas, viendo principalmente la definición de sus estatutos, nuevos socios y la organización de foros a mediados de año que se harían en la Universidad Adolfo Ibáñez, (UAI), y en la Universidad de Valparaíso (UV).

Los nuevos desafíos de la Comisión de Abogadas

Loreto Bresky
Loreto BreskyLoreto Bresky

El 2018 arrancó con fuerza el movimiento #Metoo y las denuncias por agresiones y acusaciones de acoso sexual, propagándose en distintos espacios. En Chile, estudiantes de varias universidades se movilizaron contra el acoso y abuso sexual, con tomas, paros y marchas a nivel nacional, pasando a ser éste un tema que se tomó la agenda.

En ese contexto, las tres Consejeras del Colegio de Abogados de Chile, formaron la “Comisión de Abogadas”, invitando a participar en ella a abogadas de distintos ámbitos. En nuestra primera reunión, nos propusimos levantar información, de modo de tener los datos sobre el porcentaje de participación de abogadas en posiciones de toma de decisiones y de liderazgo en diferentes espacios.

Así, en el ámbito de los estudios jurídicos la investigación se realizó revisando la integración de las 107 firmas rankeadas por Chambers & Partners en Chile y constatamos que un 42% está compuesto por asociadas, pero sólo un 9,8% ha alcanzado la posición de socia. No se analizó cargos o títulos como Directora o Consejera.

En el año 2011 Adimark GfK realizó un estudio similar, y el porcentaje de socias que arrojó fue de 7,6%. Es decir, en 7 años el progreso ha sido muy bajo. La misma línea se observa en la participación de mujeres en Directorios de empresas chilenas, sociedades anónimas abiertas y empresas públicas: en un universo de 495 empresas consultadas, el número de directoras mujeres es de un 9,4%. Si miramos a la Cámara de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM) hay un 93% de árbitros hombres y solo un 7% de mujeres. La historia se repite en cada espacio en el cual levantamos datos.

Los resultados no fueron sorpresa para la Comisión. Cada una de nosotras, en el ejercicio de la profesión, constata la falta de representación de abogadas en los órganos e instancias donde se toman las decisiones.

Por ello, nos propusimos organizar el Primer Seminario de liderazgo de abogadas. Toda la Comisión se abocó a ello y así, el 13 de noviembre del año pasado, en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, se realizó el encuentro bajo el título “Liderazgo de Abogadas en Chile: Diagnóstico y Desafíos”, el cual fue todo un éxito. Contó con una masiva participación de abogadas y abogados, que repletaron el salón en el cual se presentaron los informes sobre la participación de las abogadas, y posteriormente se generó un interesante debate donde panelistas del sector público, judicial, privado y academia se centraron en los desafíos, en los cambios que debemos impulsar.

Debíamos entonces partir por casa, impulsando cambios en el Colegio de Abogados, ya que el panorama era igualmente malo. Así, de 12.625 abogados colegiados actualmente, sólo 4.219 son mujeres, representando aproximadamente un 33% del total de abogados inscritos.

En el Consejo General, de 19 Consejeros, sólo 3 son mujeres, lo que equivale a un 15% de representación de abogadas en el órgano directivo.

Es por ello que en la Comisión trabajamos en un proyecto de modificación de los estatutos del Colegio con el fin de incorporar cuotas de género en las listas para ser electo Consejero/a y en los escaños electos. En paralelo, se realizó un trabajo de “sensibilización”, de modo de contar con apoyo tanto al interior del Consejo, como de los miembros activos del Colegio.

Se levantaron más de 120 firmas a través de las cuales se solicitó se citara a Asamblea Extraordinaria para someter a su decisión la propuesta de modificación de los estatutos gremiales, de modo de terminar la disparidad de género. La baja tasa de mujeres miembros del Colegio y la poca representatividad de las mismas en el Consejo debía cambiar.

Con una masiva concurrencia y con un robusto 93% se aprobó la modificación de los estatutos, incorporando cuotas permanentes de género en las listas de candidatos al Consejo, y cuotas en las elecciones de Consejeros de los años 2019, 2021 y 2023. Luego de 2023, las cuotas serán en razón del % de mujeres miembros del Colegio.

El trabajo que hemos realizado en la Comisión de Abogadas ha sido muy fructífero. En menos de un año, nos constituimos, levantamos información, organizamos nuestro primer Seminario y logramos reformar los estatutos del Colegio de Abogados. Espero que durante el 2019, con mayor representación de Consejeras, y un mayor número de abogadas que se integren al Colegio, los nuevos desafíos sigan un camino tan fructífero como el recorrido hasta ahora.

 

* Loreto Bresky es abogada de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión de Mujeres del Colegio de Abogados

Proceso de descarbonización de la matriz eléctrica en Chile ya está en marcha

Álvaro Vergara

Tras el cierre de las mesas de trabajo iniciadas en el marco de la Ruta Energética propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, que busca reducir las emisiones de CO2 en el país, se dio inicio al proceso de descarbonización de la matriz eléctrica nacional.

Durante el seminario sobre futuro energético organizado por la Universidad Diego Portales, donde participaron Javier Bustos, en representación del Ministerio de Energía, Paola Hartung, de parte de AES Gener y Carlos Finat, de ACERA AG, se dieron a conocer algunos de los puntos más importantes de la discusión.

Retiro o reconversión de unidades a carbón

Partiendo de la base de que la generación a carbón constituye hoy la principal fuente de generación eléctrica del país, con cerca de un 40% de la matriz, el objetivo de la mesa de trabajo fue analizar los efectos del retiro y/o reconversión de unidades a carbón sobre la seguridad y la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, la actividad económica local y los aspectos medioambientales que tengan incidencia.

A partir de los resultados obtenidos, el Ministerio de Energía acordará con las empresas generadoras un cronograma, y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de centrales a carbón, que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes. “Anunciamos que es un cronograma voluntario, pero una vez que sea firmado va a pasar a ser vinculante”, explicó Javier Bustos.

En esa misma línea, indicó que ya se ha solicitado el cierre de dos unidades a partir de este año en las comunas de Mejillones y Tocopilla. Señaló además que este proceso “tiene que darse dentro de un marco donde podamos, por ejemplo, expandir la transmisión a tiempo para las centrales que van a ser necesario construir como reemplazo o también para poder empezar a hacer adecuaciones regulatorias en caso de que sea necesario”.

panelistas descarbonización Álvaro Vergara | idealisLex

Panelistas (de izquierda a derecha): Javier Bustos, Paola Hartung y Carlos Finat.

Otros mecanismos de descarbonización

Por otro lado, Paola Hartung, señaló que otro punto que se debería incluir en la discusión es que “las empresas tengan mecanismos de reducción de emisiones y que las opciones no sean sólo el cierre o reconversión de las centrales, sino que también haya una posibilidad de compensar a través de la diversificación del portafolio, por ejemplo”. Y añadió que, “el concepto de descarbonización va más allá que el cierre puntual de un set de unidades del sistema, hay más mecanismos para descabornizar la matriz energética en Chile”.

Una opción que planteó el Ministerio de Energía, es una mesa de permisos transables de emisiones. “Eso es un trabajo que se está haciendo como un mecanismo que puede generar un complemento eficiente al impuesto que ya existe y donde pueda desarrollarse un mercado de emisiones de CO2 como existe en otros países”, explicó Bustos.

Un buen negocio

“El proceso de descarbonización se irá dando de forma natural de acuerdo a las reglas del mercado”, comentó la representante de AES Gener, pues cree que cada vez las tecnologías irán abaratando los costos de producir energías renovables y será más rentable para las empresas generadoras.

Carlos Finat apuntó en la misma dirección y señaló que el sector eléctrico es clave en la reducción de emisiones de CO2, ya que existe una electrificación de demandas que hoy son abastecidas por energías convencionales. “Si consideramos eso, vemos que el sector eléctrico, con las ventajas que tiene de costos, puede ir reemplazando ventajosamente el uso de combustibles fósiles”, dijo.

En ese sentido, añadió que la descarbonización “puede ser un gran negocio para el sector eléctrico, ya que la demanda podría duplicarse. Por eso no lo vemos como una amenaza, sino como una gran oportunidad”.

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El Delegado de Protección de Datos no puede estar subordinado a “jefes”

Matías Aránguiz
tecnología legal chinaMatías Aránguiz

Los españoles publicaron a comienzos de diciembre una nueva regulación sobre protección de datos (Ley Orgánica 3/2018). Esta nueva ley complementa el famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) de 2016, que entró a regir completamente el 25 de mayo del 2018. Dentro de las novedades que trae, está que los organismo públicos, las entidades relacionadas con educación, las empresas financieras y bancarias, quienes trabajen con grandes bases de datos y otros más, deberán tener un Delegado de Protección de Datos (DPD).

Este nuevo integrante en el mundo de los datos es parte data compliance officer y oficina de reclamos: el cargo ya existía en la GDPR, pero habías lagunas respecto a quién era elegible y cuáles serían sus funciones.

El DPD puede trabajar en la empresa, ser asesor o un consultora externa, especialmente contratado para estos efectos.

Resulta interesante el que trabajo del DPD no está subordinado a la empresa para quien trabaja, tendrá que ser independiente y no podrá ser sancionado en caso que sus recomendaciones no les gusten a sus “jefes” — si es que algo queda del concepto—, los cuales no podrán darle instrucciones

El DPD tiene como misión vigilar las conductas que la empresa tiene sobre los datos, para ello tendrá acceso a los datos que la empresa tiene y sus procesos de tratamiento, inspeccionar y dar recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la Ley Orgánica y de la GDPR.

Respecto a los usuarios, lo que los españoles han hecho en la ley es decir “si usted tiene un problema con sus datos, primero vaya a reclamar ante el DPD de la empresa, si la respuesta no es satisfactoria puede ir a reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien reclamará ante el DPD”. Con la nueva ley se ha intentado dar autonomía a las empresas y organismo públicos para resolver directamente los problemas con los usuarios.

Cuando se reclame ante la empresa, esta deberá dar una respuesta en 2 meses, plazo que parece un poco excesivo ante la velocidad de la industria, y al reclamar ante la AEPD estos van a “remitir la reclamación al responsable del tratamiento de datos o al DPD si lo hubiera para que éste responda en el plazo de un mes”.

Al mismo tiempo, para profesionalizar la industria, se creó un mecanismos voluntario de certificación para los DPD y este deberá tener conocimientos, acreditables, de derecho y protección de datos. Asimismo, la Agencia ha creado un listado de los DPD y son casi 20.000 quienes hoy están en el registro: 15% de los registrados son del sector público y 85% del mundo privado.

La temática de los datos presenta desafíos crecientes para las empresas. Cada vez es más común ver Chief Data Officers o CDO ejerciendo su función de recolectar, innovar y diseñar estrategias para el uso de datos; ahora en Europa con los DPD y su función de proteger a los usuarios frente a la ley.

Entre las novedades que la nueva norma trae están:

– Las personas podrán saber, desde la web de cada organismo público, qué datos personales tienen, para qué se están usando y cuál es la ley que autoriza el uso.

– La explicación deberá hacerse en lenguaje sencillo. Al mismo tiempo, los ciudadanos podrán tener acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.

– Las instituciones no deberán tener el consentimiento del ciudadano para recolectar datos si es están autorizados por ley, aunque en caso de saberlo, el ciudadano podrá oponerse.

– Al mismo tiempo, en caso de los actos administrativos, estos deberán anonimazarse, con el fin de no identificar al ciudadano.

– Se implementa el famoso “derecho al olvido” donde los particulares podrán solicitar se eliminen todos sus datos de las redes sociales que este solicite.

– Se consagra el derecho a la intimidad de los empleados en el lugar de trabajo.

La pregunta es ¿cuán lejos está Latinoamérica de estas nuevas estructuras corporativas?, ¿estamos preparados?, ¿hay cursos en las universidades o profesores trabajando en esta avalancha temática?

 
* Matías Aránguiz Villagrán es abogado de la Universidad Católica de Chile, socio de Mantian Investment y como parte de su doctorado es investigador del Centro de Fintech de Shanghai Jiao Tong University, en China. Actualmente trabaja en un proyecto de implementación de big data para la Corte Suprema Popular China financiado por al Asia Development Bank.

 
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Nuevo protocolo de armas en Argentina

Álvaro Vergara

Un fuerte debate se ha generado en Argentina luego de que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicara la semana pasada la resolución 956/2018 que modifica el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, y que aplica para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El nuevo reglamento afirma que, en el caso de los policías, “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, en casos como “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” y “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.

La medida también aplica para detener a quien “represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”, y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente”. “Ahora (los agentes) podrán tirar cuando antes no lo podían hacer sino cuando el delincuente disparaba”, justificó la Ministra de Seguridad, según consigna La Tercera.

“Ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita”, se lee en el texto.

Explica además, que se exceptúa de este requisito a “aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.

En contra del protocolo

La nueva regulación fue rechazada por distintas organizaciones de Derechos Humanos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, lo consideró “nefasto” y acusó de Bullrich de “legalizar la muerte”, según señala El País.

Asimismo, la Correpi, ONG que trabaja contra los excesos policiales, dijo que el nuevo reglamento “es un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”. Amnistía Internacional Argentina también se sumó a las críticas y llamó al gobierno de Macri a revisar la polémica resolución, ya que representaría una violación a los principios internacionales de derechos humanos.

El protocolo no sólo ha sido rechazado por organismos humanitarios y dirigentes opositores, sino que también ha dividido a la coalición del gobierno del Presidente Macri. Desde el oficialismo, la diputada Elisa Carrió no ocultó sus críticas: “A mí me parece que esta reglamentación firmada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, dijo.

La ciudadanía está de acuerdo

Según un sondeo de la consultora Management & Fit (M&F), la mayoría de los argentinos está de acuerdo con el nuevo protocolo de armas. Los datos muestran que el 59,2% de los encuestados coincide con la medida, frente al 39,6% que la rechaza. En esa dirección, el 46,2% de los consultados considera que esta medida mejorará la situación de seguridad actual, frente al 33,5% que cree que empeorará.

 
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